contra las cuerdas

Las investigaciones adelantadas por la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, con base en las pesquisas realizadas por oficiales de la Inspección General, apuntan a que el Director de la Policía, General Óscar Atehortúa, utilizó su rango para tratar de archivar informes de auditorías en contratos millonarios como el de 17 mil millones de pesos en el proyecto de vivienda en el Centro Nacional de Operaciones

 

Algo huele mal, muy mal en la Policía. A tal punto, que las entidades de control –Procuraduría, Fiscalía y Contraloría–, emprendieron la tarea de indagar el verdadero alcance de las denuncias que han llegado a sus despachos y lograr establecer qué está pasando en la propia dirección de la entidad; en las dependencias de antinarcóticos, uno de los temas más sensibles en el manejo de la lucha contra las organizaciones del narcotráfico y que tienen un componente fundamental que es la ayuda que da el gobierno de Estados Unidos; y en el Centro Nacional de Operaciones –Cenop– donde se hacen los entrenamientos de los comandos especiales que cumplen la tarea de contrarrestar las acciones de los grupos al margen de la ley.

Después de 45 minutos de fuertes reclamos y golpes sobre el escritorio, el general Salamanca, un curtido oficial, que se mueve en el mundo de las relaciones políticas como pez en el agua, se retiró ofuscado de la Dirección y salió rumbo al despacho del Procurador General. En el camino, recibió un mensaje en su celular que lo sorprendió: le notificaron que a partir de ese momento entraba a “vacaciones forzadas” por 402 días –más de un año– ordenadas por el Director de la Institución. Que debería regresar a su oficina y entregar el puesto al director encargado.

Con Salamanca rumbo a vacaciones, las aguas en lugar de calmarse se agitaron aún más, cuando el propio presidente Iván Duque, ordenó de inmediato el reintegro del Inspector General, un cargo muy importante dentro del mando castrense, que tiene a su cargo la política integral de transparencia de la Policía. Entre sus tareas están las de adelantar investigaciones internas en temas tan sensibles como la contratación, los recursos que se destinan a la Policía Antinarcóticos, y las diferentes modalidades de corrupción que se pueden presentar al interior de la institución. El presidente Duque le ordenó, además, continuar con las pesquisas que llevaba a cabo con el fin de establecer el grado de corrupción en las diferentes investigaciones que adelantaba su equipo de trabajo.

Desde entonces, una lucha intestinal se ha librado al interior de la Policía, donde los oficiales que han continuado con su tarea de investigación han recibido amenazas de muerte, anónimos que buscan desacreditar su tarea de investigadores, varios de ellos viven hoy como nómadas para poder terminar el trabajo que permita armar el rompecabezas en temas tan espinosos para la Dirección de la Policía como el proyecto de vivienda en el centro de entrenamiento en el Tolima, donde se hizo contratación directa y cuya cifra supera los 17 mil millones de pesos.

Desde el momento en que la opinión pública conoció las desavenencias entre el Inspector General y el Director de la Institución, siete investigadores de alto nivel de la Procuraduría General de la Nación iniciaron su trabajo de indagación, visitaron las oficinas del general Salamanca para conocer en detalle las investigaciones internas que se adelantaban en temas espinosos como la Policía Antinarcóticos y en el Cenop. “No sabemos cuándo va haber un pronunciamiento a fondo sobre este tema, pero lo que sí puedo confirmar es que se ha avanzado, se ha escuchado el testimonio de los generales Atehortúa y Salamanca, el de varios investigadores y el tema es bien delicado”, señaló a Alternativa uno de funcionarios del control público que lleva adelante el trabajo de investigación.

Frente a la evidencia que algo huele muy mal en el proyecto de las casas fiscales en el Tolima y para justificar la salida forzada a vacaciones del Inspector General, el director de la Policía, señaló públicamente que “él me dijo que tenía en su poder un audio que mencionaba que el director de la Policía había ordenado investigarlo a él para sacarlo de la Policía. Yo le pedí que me informara de la inspección y que no la usara para solucionar confrontaciones de tipo personal”.

Pero las explicaciones del general Atehortúa, donde dio entender que se trataba más de chismes y consejas que buscaban indisponer su relación con el general Salamanca, son verdades a medias. Así lo confirman los múltiples informes que se han entregado a los entes de control del Estado, donde los oficiales de investigaciones internas han denunciado una persecución sistemática desde la propia dirección de la Policía y de contrainteligencia, otra olla podrida que los mismos oficiales señalan de “tenebrosa”.

contra las cuerdas

“Después del altercado del 19 de diciembre, el Director General dio la orden a la oficina de Talento Humano que todos los investigadores de la Dirección de Inteligencia de la Policía –Dipol– que trabajamos en casos de temas de corrupción, deberíamos ser relevados urgentemente de nuestros cargos. Para que el tema no se convirtiera en otro escándalo, nos enviaron primero a descanso navideño, después a vacaciones de un mes, más tarde nos informaron que seríamos trasladados a otras dependencias”, señala uno de los partes de los informes que reposan tanto en la Contraloría como en la Procuraduría.

La Contraloría tampoco se ha quedado atrás en este tema que ha recorrido los pasillos y las oficinas de la Dirección Nacional de la Policía. El propio Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, ha estado al frente del proceso que adelanta su equipo de trabajo, quienes afirman que el proyecto de vivienda en el Cenop tienen todos los visos de un escándalo de corrupción. Por su parte la Fiscalía, también tomó cartas en el asunto y sus investigaciones están muy adelantadas. Allí también se le sigue el rastreo a las anomalías en la Policía Antinarcóticos, donde están puestos los ojos de todos los órganos de control, por el desvío de millonarias sumas de dinero destinadas a la lucha contra las organizaciones de narcotraficantes.

Pero mientras las entidades de fiscalización enfilan baterías para establecer lo que está pasando al interior de la Policía, oficiales que han tenido en sus manos partes de la investigación, libran su propia batalla de supervivencia para conseguir protección y han denunciado ante el Procurador Delegado para la Fuerza Pública y Policía Judicial, los atropellos, amenazas contra su vida y seguimientos a sus lugares de vivienda, por parte de oficiales de contrainteligencia de la propia institución. “Hemos sido amenazados, perseguidos, mancillados y señalados como una amenaza frente a la que hay actuar”, reza algunos apartes de las múltiples quejas que ha recibido Hernán Rincón Cuellar, procurador delegado de la Fuerza Pública.

Las casas fiscales

El florero de Llorente que desató el enfrentamiento entre los generales Atehortúa y Salamanca, primero y tercero al mando de la Institución, tiene que ver con el proyecto de vivienda de casas fiscales en la Escuela Internacional del uso de la Fuerza Policial para la Paz (Cenop). Este lugar, ubicado en una enorme hacienda en el Municipio de San Luis, Tolima, es la base para el entrenamiento de los equipos élites de la Policía que están encargados de la lucha contra el terrorismo, el secuestro y las organizaciones del narcotráfico.

En el 2011, el Fondo Rotatorio de la Policía, bajo el mando del general Raúl Torres, dio luz verde a la construcción de una ciudadela dentro de las instalaciones del Cenop. El proyecto estaba concebido para dotar de vivienda –60 casas, dos piscinas, un pequeño supermercado–, a los miembros de los comandos Élite y sus familias, para brindarles la mayor protección posible por las operaciones encubiertas que tenían a cargo.

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Para la primera etapa, se destinaron $11.018.600.000,00 que cubría los gastos de diseño, los trámites de licencia, un anticipo para la obra del 50 %, que en plata blanca significó $5.162.665.818,00 y posteriormente tres desembolsos parciales en la medida que las obras se fueran entregando. Igualmente, se firmó el contrato Forpo número 143-5-2011 por $239.397.000,00 para realizar la interventoría de la obra.

“En las investigaciones preliminares pudimos constatar que los pagos al contratista se habían pactado bajo la modalidad de precios unitario fijos, más conocidos como pago directo en la medida que se fueran entregando las casas. Pero, sorpresivamente, la modalidad se cambió. Al contratista se le dio un adelanto del 90 % bajo el argumento que no tenía el dinero disponible para desarrollar la obra en los plazos que estaba prevista”, señala uno de los documentos de investigación que reposa en las manos de la Procuraduría.

A pesar que la primera etapa comenzó a tener problemas de cumplimiento en las entregas de las obras, carencia de financiación por el constructor, se autorizó el inicio de la segunda etapa del proyecto que tenía la finalidad de la construcción de 51 casas más y se destinaron $6.816.786.830. En diciembre 26 del 2012 se firmó entre el Fondo Rotatorio de la Policía y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas la “interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y legal para el contrato” de la construcción de 51 viviendas fiscales correspondientes a la segunda etapa del proyecto Ciudadela Policial Cenop, en San Luis, Tolima.

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El precio acordado para dicha interventoría se pactó en $302,698.462,00, con un anticipo del 30 %; pagos parciales del 50 % de acuerdo con el avance de la obra, verificado en cortes parciales. Y un pago final del 20 % contra liquidación. Pero, para sorpresa de las investigadores, el 31 de diciembre del 2012, es decir, cinco días después, se hizo una modificación al contrato y se estableció que se aumentaría en seis meses más a la fecha anteriormente acordada.

Cuando los investigadores de la Inspección General de la Policía revisaron los documentos que tenían que garantizar el desarrollo de los tiempos de la obra, se llevaron otra sorpresa. El firmante por parte de la Universidad Distrital era William Muñoz Prieto, funcionario de la Distrital que protagonizó uno de los escándalos de corrupción en la educación pública más grandes en el país. Fue destituido y sancionado por 20 años, por el robo sistemático de más de 14 mil millones de pesos que realizó a este establecimiento educativo público. Dineros que despilfarró en la adquisición de carros de lujo para uso personal, compras de joyas y ropa en exclusivas tiendas. Sus actos corruptos llevaron a la Fiscalía ordenar su detención por los delitos de peculado por apropiación, falsedad y concierto para delinquir. La suerte del proyecto del complejo de vivienda en el Cenop, estaba sentenciada. Todo quedó a mitad de camino y buena parte de los recursos enterrados en medio del calor infernal de San Luis, Tolima.

De ladito

¿Dónde encaja en todo este entramado el General Óscar Atehortúa, hoy Director de la Policía? Para los investigadores es muy claro: durante su paso por el Fondo Rotatorio en el 2014 y posteriormente como Inspector General en el 2018, poco o nada hizo frente a las visibles anomalías y actos de corrupción que habían detectado los propios investigadores de la Policía. Porque de acuerdo con las investigaciones adelantadas en las administraciones de los generales Jorge Vargas y William Salamanca, que estuvieron frente a la Dirección de Inspección de Policía, Atehourtúa fue negligente ante los hechos que demostraban que más de 17 mil millones pesos en el proyecto en el Cenop estaban enterrados en unas viviendas que a regañadientes ocupaban algunos miembros de los cuerpos élites de la institución.

“Cuando el General Salamanca fue atando cabos de lo que había pasado en el Cenop, se encontró con los obstáculos que tendió el Director de la Policía. Y en los círculos internos manifestaba que el Inspector había creado un grupo de inteligencia paralelo para tumbarlo de su cargo. La verdad es otra. Atehortúa sabía que el grupo de seis investigadores de la Policía seguían paso a paso su gestión tanto en el Fondo Rotatorio como en la Inspección General e inició una persecución a fondo desde el área de Contrainteligencia para frenar las investigaciones”, como se puede leer en uno de los documentos que hoy están en manos de los investigadores de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía.

La otra pata de esta historia la tiene el capitán José Fernando Llanos, un oficial de más de 20 años de servicio y que conoce como pocos el manejo de las pesquisas que adelanta el Grupo Especial de Investigaciones.

La Procuraduría tiene un acervo informativo en detalle sobre cómo el director de la Policía buscó en el capitán Llanos, un aliado incondicional para tratar de cerrar diferentes investigaciones disciplinarias lo más pronto posible, entre ellas la investigación en el Cenop. Lo que nunca imaginó es que el oficial no le iba ayudar por mas Director que en ese momento fuera.

En uno de los documentos en poder de los entes de control se puede leer lo siguiente: “a mediados de septiembre de 2019 el señor Director dispuso secretamente y sin tener competencia legal para ello, que el capitán José Fernando Llanos Narváez, quien se encontraba en comisión de estudios realizando el curso de capacitación para ascender al grado de mayor, revisara la investigación disciplinaria radicada bajo el número SIJUR INSGE-2019-13, adelantada contra el capitán Óscar Andrés Moreno Gómez, por haber recibido satisfacción, con supervisor del contrato de interventoría, obras civiles incompletas e inadecuadamente construidas en la “Escuela Internacional del uso de las Fuerzas Policial para la Paz (Cenop) con sede en San Luis, Tolima, por un valor superior a las 17.000 millones de pesos, de los cuales se había presentado una apropiación indebida de miles de millones de pesos por parte de varios señores Generales, con la anuencia del señor General Óscar Atehortúa Duque, cuando era director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional”.

Para los investigadores de la Policía la piedra angular de la investigación en el complejo de vivienda en el Cenop la tiene el capitán Óscar Moreno, quien terminó avalando y firmando el acta de recibo a satisfacción de la obra del 29 de junio del 2015, con el pleno conocimiento de que la obra estaba incompleta y la segunda etapa ni siquiera existía. Moreno, que decidió colaborar en la investigación, ha dejado en claro que lo hizo por presión del entonces director del Fondo Rotatorio el general Óscar Atehortúa y el General William Ruiz, para la época director de Bienestar Social de la Policía.

El impulso

Todas estas irregularidades llegaron a manos del entonces director de la Policía Jorge Hernando Nieto Roa, a comienzos del 2018 quien de inmediato expidió un memorando para que se hiciera una auditoría interna a los proyectos de construcción en la entidad, al centro de vacaciones sede Toscana, a las viviendas Fiscales en el Cenop y a las obras en la escuela de Policía General Francisco de Paula Santander.

Los informes sobre esta auditoría, fechados el 19 de junio del 2018, fueron remitidos a la Dirección General por el coronel Miguel Correa y de ahí salieron a la Dirección del Inspector General, General Óscar Atehortúa, con el fin de que se diera apertura a la correspondiente investigación.

A pesar de la solicitud del general Nieto, preocupado por las anomalías en las construcciones de la Policía, poco o nada hizo Atehortúa para agilizar los procesos. La investigaciones internas señalan que la indagación preliminar fue “indebidamente instruida por el grupo de Procesos Disciplinarios y lo único que se buscaba era su archivo inmediato”. Así lo señalan las diferentes declaraciones de las personas que participaron en esta inspección y que ya rindieron sus declaraciones ante los investigadores de los entes de control de la Procuraduría y la Contraloría.

En medio de estas decisiones, al general Atehortúa lo sorprendió el nombramiento como nuevo director de la Policía. Su cargo fue ocupado por el general Jorge Luis Vargas, considerado dentro de la institución como uno de los oficiales más comprometidos y un enorme validador de erradicar la corrupción dentro de la Policía. Sus acciones le han costado grandes enemigos al interior de la institución, pero ha contado siempre con el respaldo del alto Gobierno por sus resultados como oficial.

El general Vargas conoció de primera mano las anomalías que estaban pasando en el proyecto de vivienda en el Cenop, y de inmediato ordenó abrir investigación contra el capitán Óscar Moreno, quien había firmado el acta de entrega a satisfacción de las obras, inconclusas.

A partir de la administración de Vargas en la Inspección General se inició un trabajo a fondo sobre lo que realmente había pasado en las casas fiscales. Estando en esas tareas, fue relevado de su cargo para convertirse en el Director de Seguridad Ciudadana, pero su sucesor, el general Salamanca, decidió continuar con la investigación. Cuando la información comenzó a llegar y entendió lo que estaba pasando, cogió el toro por los cachos y se subió a la oficina del Director ese 19 de diciembre del año pasado. Entró sin ser anunciado y desde el comienzo increpó al general Atehortúa y le exigió respuestas sobre su actuación en un caso con serios visos de corrupción, con una inversión de más de 17 mil millones de pesos.

La cacería de brujas que ha desatado este episodio, no tiene precedentes al interior de la Policía Nacional. Vargas y Salamanca han logrado sobrevivir al huracán interno provocado por Atehortúa. Saben que gozan del respaldo del alto Gobierno, pero la cuerda está muy templada y quienes han pagado la osadía de poner el dedo en la llaga son los investigadores, perseguidos por contrainteligencia, al mando de un oficial que al interior de la institución lo llaman “el diablo”.

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