Los manifestantes convocaron protestas en todo el país, dos días después de que el parlamento israelí aprobara la primera lectura de un proyecto de ley que limita el poder de la Corte Suprema de Israel.
Israel pasa por uno de los momentos más críticos de su historia. Luego de una marcada inestabilidad y del fracaso de varias coaliciones para gobernar en el corto y mediano plazo, acaba de inaugurar la administración más supremacista y radical en 75 años. Se trata de un gabinete que muy poco tiene que ver con los valores con los que Ben Gurión, pionero del Estado, gobernó en la década de los 40.
Dentro de la dirigencia aparecen personalidades abiertamente homofóbicas y con un discurso frente a la población árabe y palestina fácilmente considerable como supremacista. La extensa permanencia de Benjamín Netanyahu (seis periodos) sugiere un agotamiento de la política y una profunda crisis de legitimidad en la que la ausencia de partidos de izquierda no deja de ser llamativa. Tanto el Laborista, estandarte de la creación del Estado israelí laico y progresista está hoy en cuidados intensivos (con apenas 4 escaños de un total de 120) y el Meretz, algunos grados más a la izquierda, ni siquiera tiene presencia en el parlamento o Knéset. El Israel en el que asomó un bipartidismo, sobre todo en la década de los 90 entre el Likud de derecha y el laborismo (Yitzak Rabin, Shimon Peres) es cosa del pasado.
En medio de este desequilibrio, dos procesos se han acelerado. La radicalización inédita del discurso en contra de los árabes (que corresponden a unos 2 millones de ciudadanos) y de los palestinos en los territorios ocupados, Cisjordania y la Franja de Gaza. Los picos de violencia en 2008, 2015, 2021 y 2022 han revalorizado el discurso de defensa y los cuatro años de Donald Trump alteraron un equilibrio en el que había una suerte de consenso sobre la necesidad de desincentivar la colonización en Cisjordania. Con el apoyo irrestricto del mandatario estadounidense a la colonización y el reconocimiento insólito de Jerusalén como capital, la llegada de colonos ha exacerbado los ánimos y la violencia ha vuelto a convertirse en común denominador. De acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina, en 2022, 223 palestinos fueron asesinados en Cisjordania y 53 en Gaza. La cifra es más alarmante aún considerando que 53 eran menores de edad.
El segundo proceso consiste en una serie de reformas a la justicia que despojaría a la Corte Suprema de Justicia de un poder que ha sido vital para ejercer control sobre determinadas leyes y le otorga mayores prerrogativas al Gobierno para elegir a los magistrados que componen el poderoso tribunal. Alteración de una ecuación que es la base de la democracia, la separación de las ramas del poder público. Tal como ocurre en otros lugares del mundo —incluido Colombia— sectores de la derecha consideran que la justicia está en manos de activistas que se extralimitan y cogobiernan y colegislan, lo cual puede poner en jaque valores esenciales para el orden social.
Las protestas, las más multitudinarias de la historia, dejan al descubierto grietas en el discurso de Israel como única democracia en el Medio Oriente. No solo por la condescendencia del mundo frente a un gobierno que tiene movimientos abiertamente supremacistas como el Partido Sionista Religioso u homofóbicos como Noam, sino por los excesos que a diario comete en contra de los palestinos. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, B’Tselem (israelí) y relatores de Naciones Unidas han calificado el régimen como apartheid por la exclusión sistemática —no esporádica— de la población palestina.
Este año se han presentado manifestaciones de judíos e israelíes fuera de ese país, como en Estados Unidos e Italia donde se ha rechazado la presencia de autoridades del Gobierno como Netanyahu o del ministro de finanzas Bezalel Smotrich conocido por posturas arabofóbicas y haber sugerido la necesidad de “arrasar” la aldea palestina de Huwara. En la visita de este último a Estados Unidos, grupos judíos pidieron al Departamento de Estado negar su visado y aunque este pudo acceder a territorio estadounidense, no fue recibido por ninguna autoridad de alto rango. Los propios judíos e israelíes ven en estas autoridades antivalores incompatibles con los ideales fundacionales de ese Estado en 1947.
Este Israel parece enfrentarse a una cruda paradoja al transitar de ser un Estado que inspiraba fácilmente la solidaridad internacional, a victimario, no sólo por el giro hacia una radicalización interna para erosionar la independencia de poderes, sino por el desprecio de los derechos de sus vecinos palestinos. El asesinato de la periodista Shireen Abu Akle de la cadena Al Jazeera, inicialmente negado por las autoridades israelíes pero cuya autoría es hoy fácilmente adjudicable a las Fuerzas de Defensa (Tsahal), puso en evidencia que la ley marcial impera en los territorios ocupados. Militares y policías ejercen como única autoridad sin el mínimo asomo de rendición de cuentas. No pocas voces sugieren la existencia de un genocidio contra el pueblo palestino.
Como si esto fuera poco, por mediación de China, Arabia Saudí e Irán acaban de restablecer el vínculo diplomático suspendido desde 2016, con lo cual los planes de aislar a Teherán sufren un revés significativo. Las malas decisiones y el autoritarismo rampante han hecho que las victorias diplomáticas conseguidas por el reconocimiento de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos sean minúsculas y poco redituables. El espacio diplomático que tanto trabajo le costó acumular y la legitimidad que se fue ganando en Medio Oriente a través de las guerras, lo está empezando a perder. Lo anterior ha sido resultado de la ausencia de equilibrios mínimos en una sociedad que empieza a desconocer los matices y el centro en términos de movimientos y partidos políticos. Este Israel desdibujado puede salvarse recordando los valores con los que se fundó y que la actual dirigencia desconoce impúdicamente.
