Por: JUAN PAREDES CASTRO
Periodista y escritor

Quien busca poner fin a su mandato antes de tiempo y en total desgracia personal y política para sí mismo es el propio presidente peruano Pedro Castillo, al haber dejado acumularse, pasivamente, día a día, evidencias y pruebas de corrupción que más temprano que tarde van a hacer explotar su gobierno, ya en trance de colapso.

Castillo tuvo prácticamente servida la ocasión de su renuncia apenas fracasaron los primeros intentos parlamentarios por vacarlo constitucionalmente del cargo (no se alcanzaron los 87 votos necesarios en un Congreso de 130 escaños). A sabiendas de que no era el inmaculado maestro rural que había sorprendido a sus votantes, sino uno más de los muchos llegados al poder para servirse de él y enriquecerse, pudo haber encontrado en el asilo boliviano, nicaragüense, cubano o venezolano, una suerte de salida, ya no por la puerta grande (muy tarde para ello) sino por la puerta chica.

Lamentablemente la Presidencia de la República, con todas sus características monárquicas que son todo y nada al mismo tiempo, se ha convertido en el adelanto de la prisión que le esperará a la vuelta de los procesos penales que ya empezaron a abrírsele y que podrían terminar en acusación constitucional, destitución, enjuiciamiento y reclusión penal, en ese orden, si antes no es vacado y pasado también por esos últimos procedimientos.

“Castillo solo tiene dos maneras de salir del poder: una, en dirección de la cárcel; otra, igualmente en dirección de la cárcel”

El líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, con el que Castillo ganó el poder, era hasta hace poco el garante de su sobrevivencia gubernamental. Los 38 votos de Perú Libre, más seis asegurados de cualquier otro partido, constituían un cerrojo sólido contra las amenazas de vacancia presidencial en el Congreso. Ahora ha perdido a Perú Libre y ha perdido a Cerrón. Si no fuera por los intereses cruzados al interior del Congreso, y por los compromisos adquiridos por algunos parlamentarios con el gobierno, que hacen difícil el manejo seguro de 78 votos para presionar el botón de la vacancia presidencial, hace mucho rato que esta se habría producido.

Como el soldado que tiene atravesada una lanza, que, si la saca muere y si la deja dentro, también, Castillo solo tiene dos maneras de salir del poder: una, en dirección de la cárcel; otra, igualmente en dirección de la cárcel. Cualquiera de las dos vías que juzgue su conducta, la de la acusación constitucional del propio Congreso o de la solicitada por el Ministerio Público por la vía judicial, o la de la vacancia presidencial, lo conducirán, dadas las imputaciones fiscales acumuladas, entre ellas la de ser el cabecilla de una organización criminal en el ejercicio del poder, a un inevitable enjuiciamiento y a una inevitable carcelería.

Con tres de sus colaboradores más íntimos prófugos de la justicia, su ex secretario general, su más leal sobrino carnal y su favorito ex ministro de Transportes y Comunicaciones, hombre de toda su confianza, todos acusados de tráfico de dinero e influencias; con su señora (la primera dama del país), su hija putativa o adoptiva y su cuñado, todos igualmente comprometidos en acusaciones fiscales; con concesiones de obras millonarias descubiertas gracias a colaboradores eficaces que aseguran la participación directa e indirecta del presidente en su aprobación y direccionamiento corrupto; con denuncias sobre cobros de coimas en los ascensos militares y policiales y sobre decisiones políticas y de Estado adoptadas en un despacho clandestino, paralelo al formal y oficial de Palacio de Gobierno, la situación penal de Castillo pende en un hilo, apenas sostenido por una andanada de discursos populistas suyos y de su primer ministro, que lejos de contrapesar o contrarrestar la grave fragilidad presidencial, la ahondan más, al punto que su impopularidad ya bordea el 80%.

Si bien la Constitución, protectora al máximo de la estabilidad presidencial, al punto de bordear la impunidad, contempla investigar a Castillo más no acusarlo, ningún fiscal de la nación se había atrevido hasta hace poco siquiera a dar el primer paso, es decir a investigarlo. El argumento de blindaje consistía en que una investigación fiscal al más alto nivel de la magistratura de la nación, desacreditaría al mandatario de turno, perturbando seriamente su ejercicio gubernamental.

Sin embargo, la conducta poco o nada transparente de Castillo, su negativa rotunda a esclarecer los hechos penales que se le imputan y la sarta de evidencias que lo comprometen en una red criminal al más alto nivel político, llevaron al ex fiscal de la nación, Pablo Sánchez, y a su sucesora, Patricia Benavides, al convencimiento de que el presidente tenía que ser necesariamente investigado, al margen de cuáles sean las consecuencias para él y para el país.

Castillo ha elegido pues abandonar el poder por la vía de una acusación constitucional, por la vía de una abrupta vacancia o por la vía del tumulto social. Hasta ahora, antes de que se hayan asomado las medidas pertinentes, esa es su elección. Temeraria e irracional. No sería la primera vez que se viera en alguien aferrado al poder. Lo que quizás no ha medido el mandatario es la desgracia personal y política en potencia que encierra cualquiera de esas tres vías, para él, para su familia, para el país y para quienes lo eligieron como símbolo del anti voto pernicioso que en 30 años nos ha acarreado atraso y corrupción.

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