«…Construyeron un mensaje permanente de amenaza, un cuento de terror basado en el ejercicio de violencia callejera y una retórica dirigida a culpabilizar a la sociedad que tradujeron en, “esto es lo que pasará si no votan por nosotros”, más que una campaña política, se trató de un gigantesco proceso de extorsión al que llamaron “estallido social».
Jaime Eduardo Arango. Analista y consultor. Twitter: @jaimearango9
En Colombia las élites políticas no tienen votos, lo votos los tienen empresarios electorales locales que los colocan por un precio en un mercado altamente competido, a la vez esas élites no tienen capacidad narrativa para crear relatos de adhesión creíbles para atraer a las clases medias que votan de manera independiente y que de hecho componen las mayorías políticas.
El caso de la llegada al poder de las fuerzas que conforman el Pacto Histórico es paradigmático en este sentido. Incapaces de proponer un objetivo político positivo y colectivo, construyeron un mensaje permanente de amenaza, un cuento de terror basado en el ejercicio de violencia callejera y una retórica dirigida a culpabilizar a la sociedad que tradujeron en, “esto es lo que pasará si no votan por nosotros”, más que una campaña política, se trató de un gigantesco proceso de extorsión al que llamaron “estallido social, esto sin embargo no fue suficiente en la suma electoral, atrajo sectores sumamente confundidos y asustados, votantes urbanos de estratos medios, unidos a fuerzas dispersas juveniles con ánimo retaliatorio, una mezcla de temor y venganza, pero para obtener las mayorías debieron recurrir al crimen, a comprar al empresariado electoral.
El lamentable episodio de Nicolás Petro es solo un momento de lo que comenzó con la toma miliciana de las ciudades y continuó con el Pacto de la Picota. El resultado de un esfuerzo por convertir a las organizaciones criminales en vanguardia política, con todo y su dinero.
En un escenario donde desde el principio se buscan pactos de gobernabilidad con organizaciones criminales desde las cárceles, ¿qué puede tener de extraño que usen unos miles de millones del narcotráfico para comprar maquinarias electorales? En una campaña formada desde la violencia y la ilegalidad, sus actores se convencen de que no tienen límites y que todo está permitido, sobre todo si uno es el primogénito del líder.
La campaña electoral del Pacto Histórico siempre fue un remedo de legalidad, como su gobierno es un remedo de institucionalidad y una vez expuesto su origen ilegitimo no tendrá una salida institucional. Desde el poder ejecutivo lo que se plantea es profundizar la crisis, no gestionarla, por eso el primer paso ha sido declarar la superioridad moral de presidente frente a sus predecesores, precisamente porque lo que está en juego es esa pretendida superioridad, un conjunto de supercherías de moralina progre, profecías y sentimentalismo de barriada, que dejaron de tener valor porque el hijo reveló que se trataba de un entramado criminal para capturar el estado, no cualquiera, El Hijo.
El proyecto de destrucción de nuestra sociedad abierta que se inició con el “estallido social” en el 2021 y se organizó estratégicamente en el Pacto de la Picota, requería venderse como el advenimiento de una democracia providencial, pero duró poco, hasta que el hijo le dijo a la gente que se trataba de un pacto criminal, que además apenas empieza a conocerse, no sabemos su verdadero alcance, ni sus complejas ramificaciones, ni tenemos claridad sobre cómo enfrentar semejante desafío.
Resulta conmovedor el llamado a mantener las vías institucionales, el orden constitucional, el respeto al estado derecho, cuando ese llamado hay que hacérselo es al ejecutivo y a su gente, no a la sociedad.
No estamos, como se ha dicho, frente a una tragedia griega, estamos mas bien frente a una comedia negra que en cualquier momento se puede volver drama.
