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El último mes ha estado pletórico de acontecimientos que han estremecido al país. Observemos y reflexionemos sobre algunos de ellos:

Alcaldadas en Medellín

Por muchas razones, Medellín y sus alrededores antioqueños, es una de las regiones más competitivas del país; pero sí hay que destacar alguna de ellas, es precisamente la solidez de sus instituciones; porque los empresarios se han preocupado siempre de lo público para no dejarlo a la deriva de lo político; porque los políticos, saben de la importancia de contar con el apoyo del sector empresarial; porque todos los ciudadanos están dispuestos a colaborar con el servicio público cuando se les llama; porque los gremios profesionales y empresariales aconsejan y se les escucha cuando se trata de precautelar el patrimonio público que es de todos.

Por ello, nada más absurdo, que los argumentos que escuchamos recientemente para justificar los evidentes errores del alcalde de Medellín y del gerente de EPM que motivaron la renuncia masiva de la junta directiva de las Empresas Públicas. Insinuar que por interés del GEA –Grupo Empresarial Antioqueño– no se podía llevar a junta la decisión de presentar una demanda contra los constructores y aseguradores de la obra de Hidroituango, es completamente ajeno a la realidad y demuestra un desconocimiento supino de nuestra ciudad y de sus gentes. En primer lugar, en la saliente junta de EPM no había ningún miembro de lo que se conoce como el GEA, ni en las empresas constructoras y aseguradoras hay empresas pertenecientes a dicho grupo. Es una falacia presentada por unos críticos que se apresuraron en su análisis y en sus razonamientos.

Pero más grave aún es la torpeza que se vislumbra en la inconsulta decisión. La aseguradora Mapfre había reconocido pagar 5.3 billones, cubriendo los daños del derrumbe del túnel y la filtración de aguas subterráneas, aceptando que no había sido posible preverlos y considerándolos como fuerza mayor; los que serían pagados en su totalidad en febrero de 2021. Con la decisión de demandar, por casi el doble, por supuesto, que ya no los va a pagar y el pleito puede durar unos diez años como mínimo en la jurisdicción contenciosa; recursos que de llegar, servirán para otras generaciones, si es que encuentran a quien cobrarle la sentencia. Con la mitad asegurada, se torna completamente absurdo aventurarse en un pleito de muchos años, con resultados muy eventuales, que de ser favorables, distarían mucho en su cuantía de lo reclamado y serían de muy difícil cobro.

Los daños que la mala decisión ocasiona a la empresa son catastróficos. Por lo pronto, la calificación Fitch Ratings de riesgo de inversión la ha puesto como una empresa muy riesgosa, por su mala gestión corporativa, desalentando a los inversores y bajándole su capacidad de endeudamiento. Ni que decir con los bonos de EPM y su desplome en el mercado. La mala gestión pone en peligro, no solamente a la empresa pública, sino a la ciudad, que anualmente recibe más de un billón cuatrocientos mil pesos para su gestión social. A mala hora los miopes politiqueros se apoderan de lo público.

Al parecer, le correspondió al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hacer uso del “patraceo” después del jaleo que armó poniendo en peligro una empresa vital para el desarrollo antioqueño. Anunció que llevará a la nueva junta de EPM la decisión del pleito jurídico contra los contratistas de Hidroituango. Queda el sinsabor de las razones de la “reculada”: o fue una tremenda “metida de patas”, que por las consecuencias nefastas para la empresa y por la presión social tuvo que retroceder o fue una estrategia para cambiar una junta directiva que le estorbaba. ¡Cuál de las dos posibilidades es peor para la buena gestión corporativa!.

De fueros y foros

Gran temporal se armó en el país con la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de dictar medida de aseguramiento contra el senador Uribe Vélez, por los posibles delitos que investiga de manipulación de testigos, fraude procesal y soborno, en el escenario judicial a donde derivó la controversia que se origina en la confrontación entre dos políticos de ideologías encontradas.

Como demócratas, por supuesto que defendemos el respeto por la independencia judicial; las plenas garantías para el procesado, el debido proceso, el derecho de defensa y abogamos por que este se ejerza con los debidos argumentos al interior del proceso; y esperamos que para bien del país obre la justicia. Es lo que todos debemos esperar de un Estado de Derecho.

La Constitución Nacional prevé en su artículo 235 que cuando el funcionario aforado cesa en su cargo, como sucede en este caso con la renuncia aceptada, debe también cesar el fuero especial que le corresponde a la Corte para investigar y juzgar a altos funcionarios del Estado; el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con el ejercicio de las funciones desempeñadas. Esta es la labor que corresponde calificar a la Corte para saber si mantiene la competencia o pasa a la Fiscalía y a los jueces ordinarios. Difícil vaticinar lo que se decidirá sin conocer el expediente de marras; sin embargo, por la información que conocemos desde afuera, no pareciera existir dicho vínculo con las funciones del cargo. Amanecerá y veremos.

Reforma a la justicia otra vez

Con ocasión de todo este alboroto volvió a surgir la recurrente idea de reformar integralmente la justicia. Por supuesto, que dicha reforma hay que hacerla, está cantada desde hace varios años, prácticamente desde la Constitución de 1991 que se equivocó abiertamente en el diseño que le dio a esta rama del poder público y la hizo susceptible a la injerencia política y a la corrupción como se ha venido mostrando en algunos casos conocidos; además, de que atomizó la función creando conflictos de competencia entre la multiplicidad de Cortes que hoy la componen.

La reforma hay que hacerla tarde que temprano, es una necesidad para que este país pueda encontrar un futuro en paz. No es conveniente que se presente como una revancha a decisiones judiciales que se tomen, porque confunde a los asociados y aplaza la necesidad imperiosa de realizarla.

JAIME ARRUBLA PAUCAR

Director

Revista Alternativa

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