Terminó la primera legislatura del presente año; una de las más accidentadas de los últimos tiempos con ocasión de la pandemia y de la necesidad del Gobierno de buscar recursos para atenderla. Ocho proyectos con voto de urgencia, una variopinta producción de leyes sobre todo tipo de materias, algunas inútiles; pero sin éxito las que se requerían para atender la crisis fiscal y a la población afectada por la emergencia. Comentemos algunas de ellas.

Reforma a la Justicia

Se aprobó la controvertida reforma a la justicia, que fusionó varias iniciativas de origen en el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y en un grupo de congresistas. Otro de los muchos intentos por reformar la administración de justicia, mal concebida en la Constitución del 91. 

No es la reforma que se requiere ni “la que esperaba Colombia”, y no apunta a solucionar los verdaderos problemas de la rama. Reivindicar la introducción de la virtualidad y el expediente digital como su médula de innovación es oportunismo; esos temas ya estaban, algunos incluso antes de la pandemia.

La equidad de género también encontró su espacio para las elecciones de magistrados en las altas cortes. Aunque con ello no se soluciona ningún problema de la justicia, se atiende así un viejo reclamo para que los tribunales colegiados se compongan paritariamente de hombres y mujeres.

Como un verdadero despropósito se tiene el aumento del presupuesto en tres billones de pesos, justificados en la creación de cargos en momentos de pandemia, cuando los recursos deberían tener como destino prioritario el sector salud. Nadie pone en duda la necesidad de recursos para la administración de justicia, pero no es el momento. Hasta ahora este aspecto no ha llamado la atención de los amigos del Paro, lo que podría darles combustible para “reencender la mecha”.

Punto controversial de lo aprobado es la variación de las condiciones para acceder a algunos cargos; cambiar los requisitos constitucionales para Contralor, Defensor del Pueblo, Fiscal es algo que no puede hacerse por ley y requiere reforma constitucional. El mismo Consejo Superior de la Judicatura efectuó sus reparos, advertencia que, además, realizó el presidente de la Corte Suprema. La creación de puestos en la Defensoría del Pueblo nada tiene que ver con la justicia y es la demostración del afán político con el que se hizo la reforma. Tenemos una reforma a la administración de justicia que no esperaba Colombia. Con ella o sin ella, las cosas seguirán prácticamente iguales.   

El Código Disciplinario

Nada más inútil que la reforma a las funciones de la Procuraduría. Lo que el país está en mora de hacer es replantear esta institución, que por lo menos en el campo penal duplica sus funciones con la Fiscalía, con un alto costo para los colombianos. En el propósito de esquivar el mal ambiente del proyecto, decidieron no crear directamente los nuevos cargos, pero hicieron algo peor: dejar abierta la cuenta burocrática para el futuro facultando al ejecutivo para ampliarla cuando quiera. Qué vergüenza semejante trampa de quienes deben combatir la corrupción.   

Con los cientos de puestos que seguramente se van a crear en la Procuraduría, que son, además, para “torcerle el pescuezo” a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Petro, pues los delegados van a pasar a tener funciones jurisdiccionales, es decir, a ser jueces, ello con grave incremento de la burocracia de este país. Cabe preguntarnos: ¿qué va a pensar el pueblo sobre sus dirigentes, quienes ante semejante crisis social responden creando más burocracia para repartirse el ponqué político?  Con razón la mala imagen de la justicia. Bien ganada la tiene con los dirigentes políticos que la diseñan.

Cadena perpetua para violadores de niños

Otra reforma aprobada es la cadena perpetua para violadores, que ya alienta apuestas para saber si pasará el examen de la exequibilidad. Todo dependerá de la cuerda ideológica en la Corte Constitucional. La línea ultraconservadora se inclinará por la conformidad con la Constitución, pero la más garantista advertirá sobre la inutilidad de una pena infamante, que no propende por la rehabilitación de la persona. Lo único real y científico es que la amenaza de pena no termina con el delito; es la certeza en la pena lo que asusta al delincuente. Amanecerá y veremos.

Disminución de la jornada laboral

Pasaremos en los próximos años, en forma paulatina, de las 48 horas laborales semanales, a 42. Un proyecto de iniciativa parlamentaria por el partido de Gobierno causa un enfrentamiento entre los gremios económicos y sus originadores, sobre si el efecto buscado para la creación y fomento del empleo va a ser lo contrario, que se disminuyan las fuentes de trabajo. Los impulsores de la iniciativa argumentaron el bienestar del trabajador, con mayor tiempo para sí y para su familia; por su parte, los críticos advirtieron que se ha demostrado que estas iniciativas, cuando no hay incrementos en productividad, terminan generando graves consecuencias no deseadas. Puede llevar a una caída del PIB en cuanto el aparato productivo colombiano estaría produciendo menos en menor tiempo.  Por otro lado, como ocurrió en Francia, esta ley traería tres posibles efectos: 1) Intensificación de la jornada laboral; se compensaría con más esfuerzo la disminución de las horas trabajadas; 2) paralización salarial, para compensar el aumento del costo salarial por hora con la congelación de futuros aumentos salariales; 3) menor bienestar del trabajador, al tener que producir lo que hacía en 48 horas, solo en 42. 

Etiquetado frontal para comidas ultraprocesadas

Conocida como “Ley de la Comida Chatarra”, establece un etiquetado obligatorio del contenido calórico y de grasas de cada alimento. En los debates finales salió una resolución del ejecutivo haciendo precisamente lo que pretende la ley, con lo cual se demuestra su absoluta inutilidad. Desde el estatuto del consumidor el tema está regulado y el deber de información de quienes intervienen en el ciclo de la producción hacia el consumo está previsto, incluso como norma constitucional en el artículo 78 de la Carta Magna. Bueno, bienvenida la redundancia.  

Licencia paternal compartida y escogencia de apellido

Dos nuevas leyes que afectan la vida familiar de los colombianos. Se permite que los padres se pongan de acuerdo para compartir el cuidado de sus hijos en seis de las 18 semanas que la ley concede a las madres cuando dan a luz.  Además, otra ley permite a los progenitores ponerse de acuerdo en el apellido que llevará el menor, si el del padre, como ha sido la tradición, o el de la madre, y establece el trámite en caso de no haber acuerdo. De una vez se debió aprovechar para introducir la desavenencia como causal de divorcio; los legisladores se inventan armar conflictos donde no los hay.

Lo que se hundió

La negativa de los parlamentarios a reducirse el sueldo y el tiempo de receso no tienen eco en el Congreso; las iniciativas en ese sentido se hunden como siempre. La reforma fiscal también fue el mayor fiasco legislativo y ocasionó un terremoto político que le costó la permanencia en el cargo al Ministro de Hacienda (Alberto Carrasquilla). No tuvo suerte la iniciativa que buscaba que el país adhiriera al Acuerdo de Escazú. A extras pasa la sobretasa a los combustibles.

Pletórico de actividad estuvo en este semestre nuestro parlamento. Con razón no le jalan a reducirse las vacaciones.

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