Nos encontramos en la peor crisis por la que haya atravesado el país en los últimos tiempos. Al problema de la pandemia y sus consecuencias en el empleo y la recesión económica, ahora se juntan los problemas de orden público por todo el territorio nacional, los bloqueos a las carreteras, el desabastecimiento y un repertorio de peticiones y solicitudes sobre las que, de lejos, se observa la incapacidad e imposibilidad del Estado para atenderlas y solucionarlas. Las pérdidas económicas a causa del paro superan los 16 billones de pesos. Todo se agrega a problemas que vienen de tiempo atrás, como la corrupción y el narcotráfico en todo su apogeo.
A las presiones de las marchas, el Gobierno ha respondido con exceso de generosidad, sin que le den nada a cambio. Retiró la reforma tributaria, cuando ya era irreversible la protesta; luego anunció la educación superior gratuita en las instituciones públicas para los estratos uno, dos y tres, que tendría el costo del 20 % de lo que se esperaba recaudar con la frustrada reforma; pasó a anunciar que el 1o de julio arrancará un programa de generación de empleo para subsidiar el 25 % del salario mínimo legal mensual que, según señaló, equivale a cubrir los costos de seguridad social para que las empresas contraten jóvenes de entre 18 y 28 años, subsidio que se extenderá por un año. También el Gobierno abandonó la reforma a la salud. No obstante, nada ha servido para que los promotores desbloqueen las vías arterias del país y tampoco se ha logrado detener la revuelta. La actitud de diálogo por parte del Gobierno ha sido clara y debe mantenerse.
Por su lado, el comité del Paro respondió exigiendo garantías absurdas e improcedentes. Durante el primer encuentro para instalar la mesa de negociación, pidió al Gobierno «abstenerse de adoptar cualquier medida que dé tratamiento de orden público al ejercicio del derecho a la protesta social, entre ellos, la declaratoria del Estado de Conmoción Interior». También solicitó que sean retirados el Ejército y el Esmad del control de las protestas e instó a que se ordene a la Policía no utilizar armas de fuego y «otras que puedan producir heridas en las acciones de control de las protestas».
Igualmente, solicitaron al ejecutivo condenar «de manera explícita y contundente» los abusos de la Policía, además de reconocer «que existe responsabilidad de la fuerza pública en la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, reunión y manifestación pública».
También solicitaron al Ministro de Defensa pedir disculpas «por el uso excesivo de la fuerza cometidas por el Esmad y la fuerza pública en el marco de las protestas», cuya consecuencia debe ser el retiro «del servicio los mandos de la fuerza pública comprometidos en estos abusos». Ahora, incluso piden la renuncia del alto funcionario. Lo único que han prometido es mantener unos corredores humanitarios, con lo que tampoco cumplen.
“Es cierto que la Constitución garantiza la protesta pacífica, pero también ordena a los gobernantes mantener el orden público e impedir que se atropellen los derechos ciudadanos”.
Un expresidente dijo en la radio que todo esto se podía aceptar y que no implicaba ningún costo presupuestal. Nada más equivocado. La verdad es que el costo sería institucional; en otras palabras, lo que en realidad le solicitan al Ejecutivo es que suspenda la Constitución, que no utilice la fuerza pública para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos afectados por los bloqueos y que no mantenga el orden público. Ello no tiene ningún recibo.
La protesta pacífica hay que garantizarla y los abusos de la fuerza pública hay que sancionarlos. Es cierto que la Constitución garantiza la protesta pacífica, pero también ordena a los gobernantes mantener el orden público e impedir que se atropellen los derechos ciudadanos. Las fuerzas de seguridad deben liberar a las carreteras de bloqueos y facilitar la libre locomoción de los ciudadanos y la actividad de los empresarios; en este sentido hay que apoyar la voluntad de actuar que ha expresado el Gobierno. Sin embargo, la orden presidencial hay que atenderla y hasta el momento se observa exactamente lo contrario. Quienes obstruyen las vías e impiden el abastecimiento cometen un delito grave y no hay que negociar para la aplicación de la ley. Los gobernantes locales que se hacen los de la ‘vista gorda’ con los bloqueos también deben ser investigados. Muchos mandatarios locales cohonestan con los actores del sabotaje a la economía nacional y por ello deben ser judicializados e investigados, como lo anunció la Procuraduría, pero hay que pasar de los dichos a los hechos de inmediato.
Las negociaciones deben continuar y vincular al mayor número de actores sociales. Por supuesto, hay razones que acompañan a los reclamantes; el mismo DANE certifica 21 millones de pobres y altas tasas de desempleo en la población que son la base estructural del descontento social. Mal momento para el retiro del negociador por el Gobierno, por desacuerdos intestinos, que debieron superarse por el bien del país.
Todo indica que nuestra Constitución, que está cumpliendo 30 años, no es la pieza perfecta de la democracia; idea que le han vendido a los colombianos. No ha sido instrumento para una convivencia pacífica de nuestras gentes. Si bien en su parte dogmática no hay mucho que agregar y es de las más avanzadas en la garantía formal de derechos fundamentales, la parte orgánica del Estado deja mucho que desear.
El gigantismo de la administración pública que impulsó y se viene desarrollando a partir de su promulgación es enorme y raya con los deseos de los colombianos de tener un Estado con un diseño más austero. Razón tenía el actual Presidente cuando estaba de candidato en propugnar por una sola Corte. El Congreso debería ser una sola cámara, más reducida y eficaz. Las nuevas 16 curules que ahora avala la Corte Constitucional para las víctimas, son un absurdo en este momento; caen como una bofetada a las peticiones de la protesta, al igual que los 600 cargos que se crearon para la Contraloría y los 200 que ahora se quieren abrir en la Procuraduría. Las víctimas del conflicto armado y de los desmanes de las FARC somos todos los colombianos.
Empecemos por reducir el tamaño del Estado, para que los recursos públicos alcancen para atender los reclamos sociales. El control de la corrupción no puede estar en manos de la clase política. Nada raro que terminemos nuevamente en una constituyente, como terminaron los chilenos.
JAIME ARRUBLA PAUCAR
Director
Revista Alternativa
