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Muchos males corroen los sistemas democráticos que, de no ser detenidos a tiempo, pueden hasta acabar con ellos. Tan grave como limitar las libertades y sobre todo la de opinión, aparece un mal también mayor, la corrupción generalizada.

En nuestro país, afortunadamente contamos con una prensa libre y el derecho a opinar está incólume. Nuestros problemas democráticos van por otro lado; el de la corrupción rampante en prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional. Basta citar algunos ejemplos: los recursos de la salud se han visto diezmados en los últimos años por administradores inescrupulosos y carteles que se inventan enfermedades para saquear al sistema; los alimentos escolares ni se diga; en la infraestructura tenemos todo el tema de Odebrecht en el que no avanzamos; los fraudes electorales y los dineros sucios en las campañas se convirtieron en lo cotidiano.

Lo más reciente, nos enteramos los colombianos sin sorpresa, de un acto de corrupción, lamentablemente con muchos precedentes en el país, en el cual un senador de la República –que había sido antes fiscal y auxiliar de magistrado– y el entonces alcalde de Usiacurí, planearon y ejecutaron una reunión, donde fue invitado el juez Promiscuo de la localidad, para ofrecerle un “negocio” consistente en que fallara un proceso en favor de uno de los mecenas del senador, a la postre un dirigente universitario de la región Caribe; y a cambio le ofrecieron doscientas “barras”. El juez rechazó la oferta y grabó la reunión. Los hechos ocurrieron en el año 2017 y hasta ahora se conocen públicamente y se inician las investigaciones.

Llama la atención la desfachatez de los protagonistas que se escuchan en la grabación, como si se tratara de un acto normal, común y corriente, un “negocio” cotidiano es lo que se propone; dando a entender que ese tipo de comportamientos son “pan de cada día” en sus actividades; que en este caso, además involucra a altos funcionarios del Estado de todas las ramas del poder público. Al parecer el tema no se va a quedar acá. Sigue otro capítulo, que involucrará a más funcionarios; el trámite de una tutela, cuya revisión había sido rechazada y fue objeto de insistencia.

Todo esto es un ejemplo más de cómo anda la corrupción en nuestra querida y afrentada república, como “Pedro por su casa”. Estamos en manos de los corruptos y existe la percepción ciudadana de que las cabezas de los organismos responsables de combatirlas, parecen ocupados en otras cosas; ufanándose del poder, merodeando por los parques naturales, burlando el confinamiento y pensando en su futuro político desde su plataforma de lanzamiento.

Hay que hacer un llamado para repensar las instituciones de control que tiene nuestra democracia, a fin de que recuperen la confianza pública y de que se conviertan en verdaderos adalides contra la corrupción.

No es bien percibido que realicen alarde de sus cargos; bien sabemos que son importantes pero no tienen porqué restregarlo en cuanto púlpito consiguen; claro que pueden y deben salir por el país y por las regiones para coordinar sus políticas y labores, pero también deben dar ejemplo y respetar las reclusiones obligatorias que se imponen a los ciudadanos para conjurar la pandemia.

Deben ser más austeros en el gasto; Colombia no es un país rico, hay demasiada pobreza; un avión al servicio del fiscal no tiene presentación. Cuando se adquirió el primer avión para la Fiscalía, se hizo con dineros de los fondos incautados al narcotráfico, un avión King 200, versátil, que aterrizaba en aeropuertos donde no llegaban vuelos comerciales, para cumplir con propósitos que suponían las competencias de la Fiscalía en el antiguo sistema inquisitivo, de paso transportaba al fiscal general, que por ese entonces lo repudiaban los pasajeros en vuelos comerciales. Luego, en lugar de cambiar el avión por otro de similares caracteres, mejor modelo, como debió hacerse, se adquirió con el presupuesto nacional un jet, más grande, menos ágil, que no aterriza sino donde llegan los vuelos comerciales y para el servicio del fiscal. Esto no lo ven bien los ciudadanos, aunque le da el “estatus” de segundo cargo de la nación que tiene asignado avión exclusivo, más no en jerarquía.

Las cuadrillas de guardaespaldas con que se desplazan y que invaden los espacios públicos cuando llegan, provocan también la repulsión ciudadana.

Cuando todo el país esperaba una racionalización del control fiscal en Colombia, que siempre ha tenido fama de politizado y poco eficaz; nos presentaron una reforma a la Contraloría aumentando la burocracia y el poder, que hizo tránsito en el Congreso, con la agilidad e irreflexión, como entre quienes esperan una torta.

Tampoco ha sido de buen recibo para los ciudadanos los famosos enroques burocráticos entre los organismos de control, que aplican el “yo te nombro” y “tu me nombras”. Menos aún los favorecimientos burocráticos a los magistrados de las Altas Cortes para luego incidir en los nombramientos y ternas que a estos les corresponde realizar.

Pero, además, no ve la ciudadanía con buenos ojos que los titulares de los organismos de control busquen los cargos para utilizarlos como plataforma de lanzamiento para aspiraciones políticas posteriores. Esto desdibuja la función y la envilece.

Mantener a raya la corrupción es esencial para nuestra supervivencia democrática y para ello necesitamos contar con unas instituciones de control activas y eficaces, que tengan el respaldo y la confianza ciudadana; para lograr tal propósito, el ejemplo empieza por la casa.

“Deben ser más austeros en el gasto; Colombia no es un país rico, hay demasiada pobreza; un avión al servicio del fiscal no tiene presentación”

 

JAIME ARRUBLA PAUCAR

Director

Revista Alternativa

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