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Editorial: ¿dónde están las propuestas?

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Lo ideal en una democracia es que se escoja por programas; que el voto ciudadano lo conquisten las propuestas, los programas que los candidatos expongan para mejorar la vida de las personas y eliminar tantos desequilibrios sociales. Es eso lo que precisamente brilla por su ausencia en este momento del debate”.

JAIME ARRUBLA PAUCAR

Director

Revista Alternativa

El proceso electoral entró en su fase intermedia: coaliciones por doquier, candidatos en solitario de todo tipo de procedencias e ideologías. La opinión pública pronto comenzará a escoger entre las múltiples posibilidades que se le muestran, para luego pasar al último estadio del proceso.

Lo ideal en una democracia es que se escoja por programas; que el voto ciudadano lo conquisten las propuestas, los programas que los candidatos expongan para mejorar la vida de las personas y eliminar tantos desequilibrios sociales. Es eso lo que precisamente brilla por su ausencia en este momento del debate. Avanzado como está este periplo democrático, no sabemos, salvo muy pocas excepciones, que es lo que proponen los candidatos para los temas más neurálgicos que aquejan al país. Observemos algunos de esos temas que impactan a la sociedad colombiana:

DESPENALIZACION DEL ABORTO

En Colombia, desde que aparecieron los primeros estatutos penales en el siglo XX, el aborto se ha manejado como un delito, consagrado en el Código Penal para sancionar a la mujer que toma la decisión de interrumpir su embarazo, y a los médicos y demás intervinientes que colaboran en el proceso.

El tema es de interés mundial y da lugar a opiniones encontradas: por un lado están las posiciones de quienes sostienen que prohibiendo el aborto se viola el derecho a la libertad de las mujeres; a tomar decisiones sobre su cuerpo, sus derechos reproductivos, su salud (que se ve en grave riesgo al tener que someterse al procedimiento clandestinamente) y, por otro lado, están quienes insisten en mantener la penalización, alegando proteger los derechos de la persona que encarna el producto de la concepción, el derecho a la vida que es sagrado.

El primer avance en Colombia se dio en la Corte Constitucional en el año 2006, cuando se despenalizó el aborto en tres situaciones calamitosas para la mujer: malformación del feto, peligro para su salud o resultado del acceso carnal violento. Aun así, constantemente las mujeres encuentran dificultades para acceder al procedimiento, en entidades prestadoras de servicios de salud que alegan objeciones de conciencia o credos religiosos.

Ahora, vuelve el tema a la Corte Constitucional, alegando que la norma del Código Penal que lo penaliza va contra la Constitución, la cual consagra los derechos de las personas a la vida, la libertad y la salud, entre otros. La votación quedó cuatro a cuatro, un empate que deberá decidir un conjuez.

Mientras en los Estados Unidos de América, donde la Corte Suprema, hoy de mayoría conservadora, anda nuevamente en debate sobre el aborto (allí fue legalizado hace 49 años por la decisión judicial en el caso Roe versus Wade), el tema inmediatamente provocó la reacción del presidente Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris, prometiendo defender el derecho constitucional al aborto con “todas las herramientas” a su disposición; acá en Colombia no sabemos qué piensan los candidatos al respecto.

La Fiscalía General de la Nación, por otro lado, es un organismo necesario para que cumpla su función en el sistema acusatorio , pero hay que ponerla en sus justas dimensiones.

LOS ORGANISMOS DE CONTROL

Un candidato en solitario se atrevió a decir que es necesario replantear los órganos de control que tenemos en Colombia. Hoy están sobredimensionados; regidos por unas cabezas ególatras que se ufanan de su poder burocrático, muy poco eficientes y muy costosos para el erario. Además, estos organismos se toman como las plataformas de lanzamiento hacia la política futura de muchos de sus titulares.

De acuerdo con el doctor Juan Manuel Galán, la Procuraduría General de la Nación hay que revisarla. Le cuesta mucho al presupuesto público para cumplir principalmente una función disciplinaria frente a los funcionarios corruptos, que le vienen ganando la batalla. Además, está diseñada para no ser eficaz. Es un control politizado; todos los parlamentarios que eligen el Procurador enseguida se reparten el ponqué burocrático en lo nacional y en lo local, y por ello el proceso disciplinario se ve permeado por la política. Son los ratones cuidando el queso.

Qué no decir de la Contraloría, todavía más burocrática y más política. En lo local, está corrompida. Ya supimos en Antioquia cómo se extorsionaba a los funcionarios para no abrirles procesos investigativos y, recientemente, también escuchamos al alcalde de Cartagena denunciar por la radio la corrupción que existe en el ente de control en su ciudad. Definitivamente, es una institución que se debe replantear.

Se propone crear una Jurisdicción Especial contra la Corrupción. Es una idea que hay que analizar dentro de las varias alternativas para que se cumpla la función de control, sin politización y de manera más eficiente.

La Fiscalía General de la Nación, por otro lado, es un organismo necesario para que cumpla su función en el sistema acusatorio en el que estamos incursos, pero hay que ponerla en sus justas dimensiones. El actual esquema da pie para que su titular se crea que está en el segundo cargo más importante de la Nación, para que piense que antes de él no existía el mundo. Vimos sorprendidos como el Fiscal se jactaba de los resultados en el caso Leal; incluso recibió felicitación presidencial. Nada más absurdo. Lo que nos enseñó este episodio es que la investigación criminal funciona cuando hay voluntad y se tienen los medios, pero también que en nuestro país es selectiva y solo se hace eficientemente cuando el caso es sonoro y da dividendos políticos. Definitivamente, la Fiscalía es un leviatán que hay que ponderar. Lo primero es sacarla de la rama jurisdiccional. Allí no tiene nada que hacer en el actual momento. Somos de la opinión de que debe estar en la rama ejecutiva y bajo la responsabilidad del Presidente, quien, a la larga, es quien nombra al Fiscal.

La Procuraduría le cuesta mucho al presupuesto público para cumplir una función disciplinaria frente a los funcionarios corruptos, que le vienen ganando la batalla

Esta y otras propuestas hay que analizarlas y discutirlas. ¿Qué dicen los candidatos sobre cómo debemos enfrentar estos temas? Sería bueno saberlo.

Por ahora, lo que está llegando a la población son ideas, noticias y creencias falsas de lo que piensan los aspirantes a la Presidencia. Los mensajes que viajan en las redes sociales, las ideas ‘aerodinámicas’, son equívocos y distorsionan la realidad. Hasta el momento, son los que llegan a la opinión pública y ganan la batalla imponiendo una opinión distorsionada.

En el pasado algunos de los actuales candidatos se impusieron señalando que ellos eran la redención sobre la política partidista corrompida, que eran los únicos que no robaban. La gente les creyó, llegaron a los puestos públicos y hoy están llenos de investigaciones. Otros hacen sus campañas manejando odios, en lugar de blandir ideas.

Como ciudadanos debemos exigir información clara sobre los programas. Es responsabilidad de los partidos y movimientos políticos su difusión para poder cumplir nuestras obligaciones democráticas.