“En todos estos países la deforestación de los bosques naturales, sin la correspondiente autorización por parte del Estado y sin la adecuada compensación, es una actividad ilegal”
POR: Eduardo Uribe
La deforestación y la destrucción de los ecosistemas naturales son problemas crónicos en países que albergan bosques húmedos tropicales biodiversos. En América Latina, los casos de Colombia, Bolivia y Perú son emblemáticos. En África y en Asia, la República Democrática del Congo e Indonesia también lo son. A pesar de las enormes distancias que separan a estos países y de las diferencias culturales que entre ellos existen, estos tienen una serie de condiciones comunes. Entre ellas se destacan la pobreza rural crónica, la ausencia o debilidad del Estado sobre extensos territorios, la prevalencia de la minería ilegal, los cultivos ilícitos, y corrupción, principalmente.
En todos estos países la deforestación de los bosques naturales, sin la correspondiente autorización por parte del Estado y sin la adecuada compensación, es una actividad ilegal. Sin embargo, ha ocurrido y sigue ocurriendo ante la mirada impávida y, en ocasiones, complaciente de los Estados.
En el caso de Colombia, el oro que se produce en minas ilegales, con la participación activa de organizaciones criminales, al margen de la ley, mediante la devastación de las cuencas, genera regalías que entran a los presupuestos de la nación y de las entidades territoriales para financiar el gasto público. De manera similar, los dineros cosechados en los cultivos de coca establecidos en áreas antes cubiertas de bosques han servido para la financiación de campañas políticas. Y la carne, el aceite de palma y el banano producidos sobre suelos, hasta hace pocos años cubiertos por bosques naturales que fueron ilegalmente destruidos, son ahora parte de las cuentas nacionales, contabilizados como parte del PIB nacional.
En el caso de Colombia, la opinión pública resiente la deforestación, y la comunidad internacional espera acciones efectivas de control. En respuesta, el Gobierno ha diseñado una serie de estrategias dirigidas a su control. Esas han sido adoptadas mediante leyes, decretos, resoluciones y documentos de política; y han sido diseñadas en las más altas instancias de definición de políticas públicas, por los tecnócratas más destacados del Gobierno. Forman parte de las declaraciones y discursos de los funcionarios en ámbitos nacionales e internacionales. Sin embargo, su eficacia es en realidad lamentable. En el año 2020 se destruyeron algo más de 170.000 hectáreas de bosques naturales; algo más de 460 hectáreas todos los días. El 70 % de esa deforestación se concentró en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Antioquia.
La deforestación de los bosques naturales, sin la correspondiente autorización por parte del Estado y sin la adecuada compensación, es una actividad ilegal. Sin embargo, ha ocurrido y sigue ocurriendo ante la mirada impávida y, en ocasiones, complaciente de los Estados.
Cabe entonces preguntarse las razones por las cuales ni en Colombia ni en los países antes mencionados, la eficacia de las políticas e intervenciones estatales para controlar la deforestación es tan escasa. Tal vez estas no reconocen la participación del Estado como facilitador, ni las causas fundamentales del problema.
La confianza en leyes, decretos y políticas que pretenden detener la deforestación en entornos locales en los que la pobreza rural, la debilidad estatal y la corrupción prevalecen, resulta difícil de defender. Igualmente, difíciles de defender resultan las esporádicas e intermitentes intervenciones de la fuerza pública para detener el avance de los frentes de colonización y el “endurecimiento” de las penas y sanciones a las personas pobres que son sorprendidas con una motosierra en la mano.
La evidencia parecería estar sugiriendo que las políticas dirigidas al control de la deforestación en los bosques tropicales del mundo deben dirigirse hacia la atención de sus causas fundamentales: la pobreza rural, la debilidad o ausencia del Estado y de los sistemas de justicia en los frentes de colonización, y la corrupción en todos los niveles territoriales. Deben además reconocer el papel del Estado como facilitador, por acción o por omisión, del problema. La solución no está en las normas. Tampoco en manos de los guardabosques.
