“No se trata de nombrar o desnombrar funcionarios, de ampliar o recortar nóminas, de subir o reducir salarios”

Fernando Cepeda Ulloa

Fedesarrollo, con ocasión de su cincuentenario, publicó varios libros para ayudar a reflexionar sobre la situación de Colombia. Uno de los más ambiciosos “Descifrar el Futuro”. Y conviene llamar la atención de los diferentes gestores para tomarlo en consideración. Tengo bien sabido que no somos muy dados a tener en cuenta este tipo de trabajos ni siquiera cuando pagamos cifras significativas por su elaboración o cuando instituciones multilaterales los elaboran.

Precisamente con la autoría principal de Daphne Álvarez, preparamos para esta publicación un capítulo sobre el reto institucional. Ello nos permitió revisar la situación general del “Estado de derecho” en Colombia y la situación de la calidades y capacidad de los ministerios y agencias estatales nacionales y subnacionales. Es evidente que no están a la altura de las necesidades de la gobernabilidad democrática ni de las aspiraciones de los programas de desarrollo. Es el déficit democrático.

Un solo ejemplo bastaría para reconfirmar lo que aquí se está afirmando. Me refiero al estudio que el profesor Lauchlin Currie elaboró en 1952, luego del que ya había presentado, “Informe de la Misión Económica del Banco Internacional”. Se trataba de ofrecer la dimensión meramente institucional de ese original y primer informe que propició el Banco Mundial.

El Profesor Currie integró una misión de once funcionarios, presentó un texto de 488 páginas y en la carta remisoria al presidente de la República (1952) afirmaba “las recomendaciones de este informe complementan las formuladas en el de la Misión Económica del Banco Internacional. Unas y otras son fundamentales para el planeamiento económico y organizacional de cualquier Estado moderno y se adaptan, en la medida de lo posible, a las condiciones colombianas”.

El Fonade hizo una revisión en 1988 y allí el profesor Currie afirma que, a diferencia del de la Misión Económica, este otro “no obtuvo en cambio mayor éxito”. Y añade, “El informe era tan bueno o quizá mejor que el informe económico. Al leerlo de nuevo, es sorprendente (y al mismo tiempo deprimente) encontrar que sus diagnósticos en general son aún apropiados, que las recomendaciones aún son válidas y relevantes.

Sobra cualquier comentario. Son afirmaciones rotundas que revelan nuestro desinterés por contar con instituciones apropiadas. Luego vendrán otros no menos enjundiosos. La situación es la misma. Apenas obvio que me tome el trabajo de llamar la atención sobre estas protuberantes frustraciones. Creo que el fracaso de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), creada en 1958 por Alberto Lleras Camargo y que en sus comienzos tuvo tres institutos, a saber: la Facultad de Administración Pública, que dirigió Mario Latorre Rueda; el Instituto de Estudios Sociales, que dirigió el Padre Camilo Torres y, el Instituto de Estudios Internacionales, que dirigió el embajador Leopoldo Borda. Hasta la fecha ha sobrevivido la Facultad. El que dirigió Camilo despareció y el tercero se convirtió en la Academia Diplomática, que hoy lleva el nombre del excanciller Augusto Ramírez Ocampo.

La ESAP no contó con el apoyo presupuestal necesario y no desarrolló las tareas que le correspondían para mejorar la administración pública. Algunos directores hicieron lo posible, como Marino Tadeo Henao y Elvia Mejía. El penúltimo director, Pedro Medellín, actual director de esta revista, entró con la mejor voluntad y pronto renunció.

Mientras tanto en Francia se desarrollaba, y de qué manera, la Escuela Nacional de Administración (ENA) que alcanzó un prestigio mundial y que completó la formación de primeros ministros y de muchos otros altos funcionarios. Se llegó a hablar de los enarcas y de que en Francia había una “enarquía”. Sorprendentemente el presidente Macrón, uno de sus egresados, la suspendió y creó una nueva institución sobre la que sé muy poco. Consideraba que sus egresados y ella misma estaban desconectados de las realidades francesas.

Todo esto para señalar que el tema de los retos institucionales no es fácil. Que no se trata de nombrar o desnombrar funcionarios, de ampliar o recortar nóminas, de subir o reducir salarios. Es que, como lo han demostrado estudios ampliamente citados, hay una estrecha relación entre el éxito económico y social de un país y la calidad y capacidad de su burocracia. Y ello es verdad en el nivel público como en el privado.

Colombia puede mostrar ejemplos de esa relación virtuosa en varias instituciones, no muchas, pero en otras y son bastantes, ese no es el caso. El propio Departamento Nacional de Planeación ha sufrido altibajos muy fuertes. Y es conveniente estar conscientes de que, así como no se hizo Roma en un día, no se logrará un significativo mejoramiento institucional en poco tiempo. Razón de más para poner en marcha el cumplimiento del reto institucional lo más pronto posible pero muy en serio y con una lúcida mirada hacia el futuro. Es lo que garantiza no solo la eficiencia de las políticas públicas, sino su correcta formulación para que desaparezcan circunstancias tan deplorables como las que vive la región del Pacífico. O el sistema penitenciario o los programas de alimentación escolar. ¿Una misión imposible?.

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