Como se esperaba, la anunciada reforma tributaria ocasionó una gran explosión política y social en el país. Se manejó la propuesta con todos los misterios, con ocultamiento; solo horas antes de su radicación en el Congreso se vino a conocer parte de su contenido. Nadie quedó satisfecho con la pretendida reforma: ni el partido de Gobierno, ni los partidos de la coalición, ni la oposición, ni la población.
En el sector político, la misma cabeza del Centro Democrático, colectividad del jefe de Estado, advirtió no haber sido escuchada cuando reclamó insistentemente al Gobierno por la necesidad de ajustar la reforma a términos menos agresivos con los contribuyentes y propendía por consensuarla mediante un acuerdo político. Los liberales y Cambio Radical hicieron saber sobre la desazón que causaba la propuesta y que no estarían dispuestos a respaldarla. Muy tímidos estuvieron algunos de los precandidatos y eso les traerá consecuencias políticas.
Las protestas sociales se pusieron en marcha por todo el país, a pesar de la absurda decisión judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que pretendió detener un “paro” por vía de cautela, en el trámite de una acción de tutela que está en revisión ante la Corte Constitucional. En primer lugar, el derecho a la protesta no puede conculcarse ni en tiempos de pandemia; lo segundo, la decisión judicial deber ser racional, afectar a los vinculados y no pronunciarse erga omnes para el amparo cautelar de derechos fundamentales. Quedó la justicia burlada por cuenta de una decisión desatinada.
El líder de la oposición aprovecha el “papayazo” y le dice al Gobierno que la mejor forma de suspender la protesta nacional es retirar la fatídica propuesta de reforma tributaria, lo que envalentonó al Gobierno para mantenerla. Así, la izquierda es la que mejores dividendos obtendrá de todo este escándalo.
El vandalismo se infiltra en la protesta social y la fuerza pública se paraliza ante esa mezcla explosiva. La manifestación hay que protegerla, pero el bandidaje hay que reprimirlo y sancionarlo; nuestra fuerza pública no ha encontrado la manera de conciliar las dos cosas y eso quedó demostrado con la reacción que tuvo en todos estos días de jornadas coronadas con vandalismo. El balance no podía ser peor: infraestructura pública destruida, al igual que muchos locales comerciales y bancarios; personas muertas en los enfrentamientos, y cientos de heridos, entre la fuerza pública y los manifestantes. Una minga en marcha y un anunciado paro de transporte terminaron por reventar la resistencia gubernamental a retirar su propuesta.
No podía haber un momento menos oportuno para haber presentado el proyecto: en plena pandemia, con el sector productivo golpeado por la recesión y en vísperas de un debate político, el cual sirve como carnada para todo tipo de posiciones. El Gobierno le apostó su reducido prestigio a una reforma fiscal que alimentaría las arcas estatales para el siguiente turno en el poder: ¡ingenuidad o torpeza! Salió el ministro de Hacienda a reclamar un consenso en el Congreso que, por supuesto, sí se armó, pero para hundirla. La contumacia para no retirarla de inmediato y no tomar una decisión a tiempo los obligó a hacerlo acorralados y con unas repercusiones políticas enormes, no solo sobre la permanencia del ministro, que sin duda se “quemó”, sino sobre el mismo Gobierno, que va a tener que concitar a un acuerdo nacional, pero para permanecer en el poder.
La muerte de la reforma estaba anunciada. Cuando el arte de gobernar se reduce a aumentar los impuestos para repartir los ingresos con políticas populistas, llegamos al peor de los escenarios: ¡la pérdida de la imaginación!
Otro despropósito fue anunciar la retirada del proyecto y la presentación de otro, así sea consensuado con las fuerzas políticas. El palo no está para cucharas; la opinión pública no va a aceptar que se afecte a las personas naturales, a la clase media, a las pensiones, a los servicios públicos o a la canasta familiar. Mejor hubiera sido guardar silencio, pues no faltó quien saliera a señalar que era una manera de disfrazar la reforma y que la voluntad de retirarla no era real.
Es preciso llegar a un consenso nacional para hallar los recursos que deben destinarse a paliar los efectos de la pandemia, sin sacrificar al sector productivo colombiano ni a la clase media. Los gremios han aportado importantes iniciativas para aplazar la terminación de algunos tributos. La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) propone unas fórmulas que proporcionarían 12 billones de pesos, por el momento, y otros sectores hablaron de enajenar bienes del Estado que podrían representar otro tanto. Son ideas que se deben analizar, además de seguir un plan real de austeridad del Estado.
La gente escucha que la Fuerza Aérea Colombiana va a cambiar su flota por obsoleta y que el Gobierno hará una fuerte inversión en algo que nunca se ha utilizado y que seguramente jamás se usará, salvo en los desfiles del 20 de julio, pues para nada más se emplean los tales aviones de combate. Desde la guerra con el Perú no hemos tenido conflictos con otros países y, para combatir a la guerrilla, es otro el arsenal el que se requiere.
La gente quisiera ver una política de austeridad y de ahorro en el sector público: no más ministerios nuevos; no más gastos oficiales para cambiar autos de los altos funcionarios; sí una política anticorrupción efectiva y que preserve los fondos del Estado, y sí una Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) actuante que persiga la evasión. También se pregunta: ¿para qué se crearon 1700 cargos en la Contraloría y se van a crear 600 en la Procuraduría? ¿Dónde están los resultados de la lucha anticorrupción?
La tarea del Gobierno, más que buscar cómo presentar nuevamente una reforma, es cómo restablecer su maltrecha gobernabilidad. Es hora de convocar a las fuerzas políticas nacionales, por encima de amiguismos y particularismos, para encontrar salidas a la encrucijada que vivimos. Explotó la reforma y su onda lesionó al Gobierno colombiano.
JAIME ARRUBLA PAUCAR
Director
Revista Alternativa
