“Nuestro sistema legal permite la amnistía y el indulto por delitos políticos, no por los de lesa humanidad, corrupción, o narcotráfico»

POR: Jaime Arrubla Paucar
Presidente Revista Alternativa

En el actual debate electoral colombiano, fuimos sorprendidos cuando se reveló la visita de algunos sujetos vinculados a cierta campaña electoral que estaban visitando las cárceles para proponer un posible perdón social, rebajas de penas, o beneficios para condenados. En un principio, se negó dicha posibilidad rotundamente; pero luego se convirtió en una propuesta del candidato, quién se refirió a un perdón social, una JEP para el narcotráfico, beneficios jurídicos a cambio de la no repetición.

Por supuesto, que los seres humanos debemos perdonar; es una actitud valiosa frente a quien nos ha hecho daño, que libera y enaltece. Desde ese punto de vista filosófico, ético y social, el perdón es bienvenido. Cosa distinta es el perdón jurídico por los delitos que se cometieron y han sido objeto de sentencias condenatorias. Nuestro sistema legal permite la amnistía y el indulto por delitos políticos, no por los de lesa humanidad, corrupción o narcotráfico, con un procedimiento complejo donde participa el Congreso de la República.

Por ello, cuando se negoció el componente jurídico de los Acuerdos de La Habana, fue necesario incorporarlos a la Constitución Política, pues comprendía además, de los perdones y rebajas por los delitos políticos de rebelión y afines, los conexos de narcotráfico, secuestro, extorsión, y otros de lesa humanidad, como, reclutamiento de menores, ataque a población civil, abusos sexuales, etc., que no podían ser amnistiados ni indultados.

La Jurisdicción Especial para la Paz- JEP fue una exigencia del negociador Enrique Santiago por cuenta de las FARC, el mismo que hoy apoya a Rusia con sus desmanes en Ucrania; una jurisdicción especial, creada ex post facto, pues no aceptaban la jurisdicción ordinaria, bajo la excusa de que no les daba garantías. Ello también implicó “torcerle el pescuezo” al sistema jurídico y a la Constitución. Ya hay que seguir con ella, sería más perturbador que ella misma, dar marcha atrás; pero de allí, a repetir el modelo para los narcotraficantes o corruptos, no deja de ser una audaz propuesta, que por supuesto, no cabe en el actual sistema; sería necesario reformarlo, como se hizo para los crímenes de la guerrilla.

El país cuenta con una rama jurisdiccional que incluso ya ha aplicado en el pasado la justicia transicional con el paramilitarismo; los jueces deben cumplir con la ley, sea la que fuere; por ello resulta irracional que se reemplace a la jurisdicción ordinaria para poder llegar a acuerdos con los grupos delincuenciales. Ello equivale nada más y nada menos que a un golpe de Estado a una de las ramas del poder público. El hecho de que en el pasado, lo hayamos pactado con las FARC; algunos pensamos que fue un error; pero contumacia sería que ahora lo queramos extender para negociar con los narcos y con otros delincuentes.

Pero además, no sabemos si en el país existe la voluntad política para ello, o si los compromisos internacionales para combatir y sancionar el narcotráfico lo permiten. Tampoco quienes serían los sujetos de la negociación, para “la no repetición a cambio de beneficios jurídicos”; el narcotráfico tiene ramificaciones por todo el mundo, es un pillaje universal; la mafia colombiana está conectada con el narcotráfico internacional y tenebrosos carteles como el mexicano de Sinaloa.

Una democracia elige sus gobernantes por las propuestas de gobierno que como candidatos presentan y qué tan viables sea llevarlas a la práctica. Los aspirantes por ello no deben andar con tapujos sobre sus intenciones a la hora de gobernar y deben poner las cartas sobre la mesa para que la gente se entere de lo que piensan hacer y evalué si está de acuerdo con ello.

Una política pública de perdón y olvido, o de rebajas de pena para condenados por delitos de narcotráfico o corrupción, implica una gran reforma al sistema, incluyendo la carta fundamental; pero también, una gran concertación de la opinión pública en pro de dicha ruptura al orden legal y jurídico que se viene aplicando. Quien piense hacerlo, que lo proponga a ver si lo refrendan los electores en las urnas. Los candidatos a los puestos públicos, a veces, por ganarse unos cuantos votos, pactan hasta con el diablo; son los vicios de las democracias.

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