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JAIME ARRUBLA Jaime Arrubla gobierno

La cuestión pensional

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Pareciera que en materia pensional, el nuevo gobierno anda de tumbo en tumbo. Primero con la iniciativa de gravar las pensiones y luego con los fondos de pensiones”

Jaime Alberto Arrubla Paucar

Presidente Revista Alternativa

Comenzó con la equivocada propuesta del ministro de Hacienda de gravar las pensiones más altas contenida en la reforma tributaria proyectada que se presentó al Congreso. Como antecedente, el gobierno Duque fracasó en su intento de gravarlas cuando la Sentencia C-293 de la Corte Constitucional declaró inexequible su decreto-ley. Además se le presenta ahora un gran obstáculo, pues la procuradora general de la nación, fue enfática en conceptuar que ello sería “inconstitucional” porque los derechos personales no pueden ser tratados como ingreso, ya que la pensión es un ahorro, así que los tributos ya se pagaron en su momento. Agregó la representante del Ministerio Público: “Es un derecho adquirido, no es un ingreso o un salario. Es fruto de su ahorro ya tributado. Por lo tanto, no es constitucionalmente permitido el impuesto”.

Efectivamente, la razón acompaña a la procuradora; gravar las pensiones es un error, los ingresos de las personas que cotizaron para su pensión ya fueron gravados en su fuente; volver a gravarlos, sería evidentemente inconstitucional. De conformidad con la jurisprudencia, se afectarían los principios de equidad y solidaridad tributaria, garantizados en el art. 363 de la Constitución Nacional, “los cuales impiden que un mismo hecho económico sea gravado dos o más veces”,pues “ello desconocería la capacidad contributiva de los contribuyentes, que pretende establecer una correlación entre la obligación tributaria y su capacidad económica”.

Como si lo anterior fuera poco, existe una norma expresa que señala que las pensiones no pueden desmejorarse y se garantizan los derechos adquiridos de los pensionados. Señala el Acto Legislativo 1 de 2005, art. 1º. “…por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”. “En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos”. Por supuesto que un gravamen como el que pretende el proyecto de reforma tributaria es precisamente un desmejoramiento indirecto de las pensiones.

Viene ahora la propuesta del presidente para que parte de las cotizaciones para pensiones que se encuentran en los fondos privados se trasladen a Colpensiones. El propósito de este traslado es destinar gran proporción de estos recursos al pago de pensiones para adultos mayores que no tienen pensión, por no haber cotizado para el efecto.

Según el gobierno se persigue mejorar el programa “Colombia Mayor” que actualmente realiza un pago mensual de $80.000 a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y pasar a una pensión digna.

Se trata de un tema sensible que ha despertado toda clase de controversias en el panorama nacional.

En el país, hoy coexisten dos regímenes pensionales, el privado a cargo de los fondos privados y el público de Colpensiones. En el primero, las personas ahorran y van generando rendimientos según las inversiones que realizan las empresas administradoras de los fondos, a esto se agrega el ahorro de cada trabajador. Para pensionarse en este modelo, se hace un promedio de ese dinero ahorrado en la vida del trabajador y se entrega una mesada. En el segundo, el dinero ahorrado va a un fondo total que se usa para pagar las pensiones actuales. Para pensionarse se hace un promedio de las cotizaciones realizadas en los últimos 10 años y se saca un monto que sale de esa bolsa, o incluso del presupuesto nacional.

Sin duda hay una confrontación entre los dos sistemas, que el gobierno se propone zanjar. Pasaríamos a lo que se conoce como el sistema de pilares o multipilar; modelo desarrollado por el Banco Mundial en 1994. La reforma pretende que una parte de la cotización de una persona se destine a Colpensiones y el resto a los fondos privados. Además, también se propondría un tope a la cotización en el fondo público, que funcionaría para apoyar a las personas en estado de vulnerabildad, que conforman el pilar cero no contributivo.

De los puntos más polémicos de la propuesta está en saber si se afectará el dinero que actualmente se encuentra ahorrado en los fondos privados o si será a partir de las futuras cotizaciones. La controversia se armó al punto de que muchos se preguntan si tocar el actual ahorro de las personas en los fondos privados, pueda configurar un acto expropiatorio.

La reforma no es asunto menor; se señala por Asofondos que debido a la informalidad laboral en el país que se cifra en un 50%, lo más seguro es que entre el 75 y el 80% de los colombianos no alcanzará a pensionarse. Con semejante advertencia, no habrá pilar cero que pueda ser atendido.

El debate está abierto y pareciera que, en las dos iniciativas, marchamos por el camino equivocado.