Por Víctor G. Ricardo / Analista político, excomisionado de paz

Más allá de los formalismos legales para construir verdadera legitimidad.

La construcción de legitimidad desde lo público no se logra con el simple cumplimiento de los formalismos legales, sino que requiere de un ejercicio de liderazgo y coherencia centrado en los más altos estándares éticos y de moral pública.

Es claro que desde lo legal el régimen de inhabilidades e incompatibilidades exige que la conducta prohibida esté expresa e inequívocamente descrita y regulada por el ordenamiento jurídico como una garantía del Estado de derecho, pero desde lo público y el buen ejercicio de la política, donde más allá de las formas legales se ejerce liderazgo y construye legitimidad, esto no resulta suficiente.

Desde la antigüedad los grandes filósofos de la ética y la política han insistido en el matrimonio indisoluble que debe existir entre ambos conceptos, entendiendo que cuando se ejerce una responsabilidad de esta naturaleza, los ciudadanos confían en que sus dirigentes cumplirán sus deberes siendo un modelo de virtud y ejercicio coherente de valores.

Hace pocos días, distintos medios de comunicación comentaron un hecho sobre el cual, de un momento a otro, se guardó silencio y no se siguió debatiendo, lo que hace más importante que la opinión pública sepa o conozca que sucedió. El Ministerio de las TIC convocó una licitación por más de dos billones de pesos para ampliar el servicio de internet a distintas zonas del país.

En el pasado, el cierre de una licitación tan importante por su objetivo como por su valor, era presidida por el ministro correspondiente o en su defecto por uno de los viceministros o por el secretario general o por el director general del área correspondiente. Pues en esta oportunidad lo presidió la subdirectora de contratación de ese Ministerio, es decir por un funcionario de quinto nivel en la estructura de ese Ministerio. 

Pero lo más sorprendente es que durante el acto de presentación de las propuestas, varios de los interesados denunciaron una anomalía que se estaba presentando con una de las firmas proponentes y la cual consistía en que uno de los asesores por contrato del despacho de la ministra de las TIC era simultáneamente asesor de esa empresa, por lo que pedían que no se aceptara su propuesta ya que entendían era un acto irregular, que podría afectar la imparcialidad del proceso por tener vinculado a ella el asesor de la ministra lo que independientemente de las inhabilidades legales era una clara inhabilidad ética y moral.

Como consecuencia de esta supuesta anomalía se declaró un receso y como producto del mismo se anunció que el asesor de la ministra tenía un contrato de trabajo en el que en una de sus cláusulas se manifestaba que no estaba incapacitado para prestar asesorías en materia de contratación administrativa.

¿Cómo es posible que el Ministerio de las TIC suscriba contratos en esas condiciones? pero lo que es peor, que un asesor considere que no hay limitación para ser parte (por trabajar en el Ministerio en el cual se abre una licitación gigante) y contraparte (por ser asesor de una firma que licita ante el Ministerio del cual él es asesor). No podemos seguir en esas condiciones. ¿Qué clase de ejemplo le están dando al país en materia de ética y moral?

Hechos como los anteriores empañan y afectan la legitimidad de un gobierno que se ha comprometido y actuado de manera importante contra la corrupción, pues vuelvo e insisto, no se trata simplemente de decir que se cumple con las formas, pues en el ejercicio de la política y de lo público, el liderazgo con el ejemplo y la coherencia con los más altos estándares éticos y morales es lo que sustenta y construye gobernabilidad.

Ministros que delegan responsabilidades políticas como las que imponen la dirección de licitaciones trascendentales para el país en funcionarios de quinto nivel en el Ministerio, actuaciones que empañan la transparencia de los procesos al representar claros conflictos de interés independientemente de si en su letra menuda son o no inhabilidades legales y decisiones improvisadas y a la carrera centradas más en formalismos que en el fondo para defender lo indefendible, no solo dañan a los gobiernos sino terminan afectando de manera grave los cimientos de la sociedad.

En efecto, los gobernantes no pueden perder de vista que con sus acciones y omisiones determinan los valores de la sociedad y establecen el tono del debate público, y actuaciones como las descritas terminan minando la ética y moral que tanto requiere nuestro país.

Y es que frente a la falta de ética y valores, que conduce al cáncer de la corrupción, no podemos quedarnos en las formas y debemos con vehemencia exigir verdadera virtud. Hay que tomar decisiones que sean ejemplarizantes de lo contrario estamos perdidos.

“El liderazgo con el ejemplo y la coherencia con los más altos estándares éticos y morales es lo que sustenta y construye gobernabilidad”.

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