“La paz total se puede construir buscando caminos que respeten la Constitución y la ley; lo que no puede hacerse es pretender utilizar atajos, que no harán cosa distinta que violentar el Estado de derecho”
Jaime Alberto Arrubla Paucar
Presidente Revista Alternativa
En los complicados disturbios, protestas y paros que vivimos en el año 2020 se acuñó la expresión de la “Primera Línea” para hacer alusión a una serie de protagonistas de alta beligerancia y compromiso político que se encontraban al frente de toda la insurrección. La protesta, que está permitida por nuestra Constitución, distó mucho de ser tranquila y pacífica; muchos de los participantes fueron sorprendidos en flagrante delito de destrucción de bienes públicos y privados, y hasta en atentados contra la integridad física de policías y terceros que salían a defender los espacios públicos y los bienes privados. En varias ciudades lo que se presentó fue una verdadera batalla campal, se cerraron vías, se destruyó la infraestructura del transporte público y las instalaciones de la Policía; se violentaron edificios y se presentaron actos vandálicos. En este caos, hubo desmanes contra los protestantes y de estos contra las fuerzas del orden.
Algunos líderes políticos de la izquierda salieron a defender la protesta y a criticar la detención de los participantes; se dijo incluso, no muy acertadamente, que se estaba criminalizando la protesta. Muchos de los detenidos fueron judicializados, y comenzaron los procesos penales; otros fueron puestos en libertad por no haber pruebas que justificasen su procesamiento.
El Gobierno, desde que estaba en campaña se comprometió con liberar a los jóvenes implicados de la Primera Línea e intentó que el Congreso lo instruméntase en el trámite de la Ley de orden público, refaccionada para poder buscar la llamada “Paz total”, en la Ley 2272 de 2022. Se introdujeron bastantes reformas al marco legal que existía, pero no se consiguió que la ley realizara un compromiso directo para la libertad de los integrantes de la Primera Línea, por obvias limitaciones constitucionales, aunque se amplió la posibilidad de designar voceros para el “conflicto social”.
Fiel a su compromiso de campaña, el Gobierno anuncia que los jóvenes detenidos por la protesta social deben recuperar su libertad, pasar la Navidad con sus familias y señala que para lograr este propósito, los va a designar como “voceros de paz” y que expedirá un decreto, buscando que se suspendan las órdenes de captura en el marco del artículo 5º de la Ley 2272. El anuncio creó un alboroto y un verdadero choque de opinión y se llegó a decir por la oposición que se trataba de entronizar la impunidad; una afrenta contra la independencia judicial y hasta un golpe al estado de derecho y a la constitución. Al final, salió el Decreto 2422 de 9 de diciembre, que se limita básicamente a crear una comisión interinstitucional, que es la que debe analizar y presentar los candidatos a ser “voceros de paz”, compuesta por los ministros de Justicia, Interior, Defensa y el director del Dapre.
Mucho se ha especulado al respecto; lo primero, sobre cuál es el real y verdadero alcance de dicho instrumento legal y si los voceros que designe el Gobierno pueden o no gozar de este beneficio; pues al parecer, según el texto del artículo 5º solo cabe el beneficio para los representantes de los grupos alzados en armas o grupos delincuenciales que entran en el proceso de paz, no para voceros designados por el Gobierno para el conflicto social.
El segundo problema que se suscita, es saber si la decisión de liberarlos corresponde al Gobierno o si es competencia de los jueces que ordenaron su detención. Según se observa en el texto de la citada ley, es una decisión que incumbe solamente a quién dictó la medida, es decir, a los jueces. Así las cosas, no sería competencia del Gobierno la implementación ni la puesta en libertad. El proceso penal continúa, no se trata de cesar la acción penal; punto que se ha dejado claro por el ejecutivo.
La paz total se puede construir buscando caminos que respeten la Constitución y la ley; lo que no puede hacerse es pretender utilizar atajos, que no harán cosa distinta que violentar el Estado de derecho. Hay instrumentos como el principio de oportunidad, que podrían servir al fin de liberar a los jóvenes que resultaron afectados por sus actuaciones. Lo importante es no caer en otra frustración, que seguramente se utilizará con fines políticos, cuando se diga: ¡lo intentamos, pero los de siempre no dejaron!.
