La actual situación de orden público es la más grave que se ha vivido en muchos años.
Por: Alejandra Carvajal.
Desde que se posesionó el nuevo gobierno, han sido asesinados 81 líderes sociales en todo el territorio nacional de acuerdo con Indepaz. Asimismo, han perdido la vida 22 excombatientes de las Farc firmantes del Acuerdo de Paz, lo que muestra que el cambio en materia de lucha por los Derechos Humanos hasta ahora no ha ocurrido, siendo el efecto completamente contrario, pues se ha exacerbado la violencia.
Las garantías mínimas en materia de derechos humanos para miles de colombianos están en entredicho. Las masacres han aumentado, contabilizándose 53 desde 7 de agosto de 2022. De acuerdo a líderes sociales como Yolanda Perea, afrodescendiente que defiende los derechos de las víctimas de violencia sexual en zonas de conflicto, este gobierno no tiene una política para proteger a los líderes sociales, a pesar de ser esta una de sus promesas más importantes de campaña.
Yolanda, actualmente se encuentra escondida, luego de recibir una amenaza de muerte y de no contar con el adecuado apoyo del Estado. Su situación es similar a la de decenas de líderes sociales que han tenido que ocultarse y que no cuentan con ningún tipo de respaldo gubernamental.
La situación de orden público en municipios como Caucasia está completamente salida se control. El paro minero del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia tiene a 11 municipios completamente confinados, y ya se presenta desabastecimiento de suministros y alimentos, así como la cancelación de clases en colegios y centros educativos.
La guerra en el Catatumbo, que pareciera inmarcesible, tomó un nuevo impulso luego de que el presidente anunciara que los campesinos podían seguir sembrando cultivos de coca en esta región del país, lo cual se hizo extensivo para todo el territorio nacional.
Aunado a lo anterior, debe resaltarse que la Ley de Paz Total plantea una serie de beneficios jamás antes vistos para los delincuentes. La institucionalidad se ha visto completamente trastocada. Las Fuerzas Armadas, muy especialmente de Policía, han sido y están siendo diezmadas en todo el país.
El gobierno, en cabeza del Ministerio del Interior y el de Defensa, ha optado por respaldar en público a los delincuentes, desmoralizando la tropa y poniendo con ello a miles de colombianos en peligro.
Recordemos el episodio en el que luego de una protesta violenta en la que varios policías fueron agredidos, incluso violentando el vehículo en que se trasladaba el comandante de la Policía al Portal de las Américas en Bogotá, el viceministro del Interior solicitó que se dejaran libres a los miembros de la denominada Primera Línea que habían sido capturados por su claro protagonismo en esos hechos violentos.
También rememoremos cómo el pasado mes de octubre en la ciudad de Bogotá fueron maltratados y heridos más de una decena de policías, recibiendo tratos más que humillantes por parte de sus atacantes. Las imágenes de una patrullera a la que violentaron varias personas que se identificaban como indígenas, golpeándola y arrastrándola por el suelo de una estación de Transmilenio dio la vuelta al país.
Esos eran apenas los antecedentes de que algo mucho peor estaría por venir y que en efecto sucedió. En San Vicente del Caguán fue asesinado un policía y otros 78 fueron secuestrados, humillados y maltratados por un grupo que se hizo llamar “Guardia Campesina”, que invadió las instalaciones de una empresa petrolera, destrozando a su paso todo lo que había en ella. Eso sí dejaron su firma, pues en las paredes que dejaron en pie pusieron grafitis en los que se leía “Farc EP”.
Días previos a este secuestro y asesinato, el ministro del Interior había manifestado que este tipo de guardias campesinas e indígenas le parecían “hermosas”, palabras en las que muy seguramente estos grupos encontrarían respaldo para luego cometer cualquier toda clase de fechorías.
Posteriormente, el mismo ministro del Interior manifestó que lo sucedido en el Caguán había sido un “Cerco Humanitario”, y que como tal debía mostrarse ante la opinión pública.
Desde el Centro de Pensamiento Mejor Así, condenamos todos estos hechos, exhortando muy especialmente al gobierno nacional para que reconduzca su política criminal y de paz, buscando la salvaguardia de los derechos de los civiles y de la Fuerza Pública.
Para finalizar, les dejamos a ustedes, estimados lectores, nuestra postura sobre los insucesos acontecidos en el Caguán, la cual fue acompañada por otros Centros de Pensamiento como el Foro Atenas y Únete por Colombia, quedando plasmada en el comunicado de prensa que encontrarán en este enlace: https://mejorasi.co/comunicado-mejorasi-marzo-3-de-2023/
