“El nuevo gobierno ha dicho que su política es la de austeridad, pero no hace mucho por demostrarlo y da un mal ejemplo designando a la primera dama como embajador itinerante, con viáticos por cuenta del tesoro; comprando televisores de extra lujo, durmiendo en plumones de ganso de ocho millones de pesos”.
Jaime Alberto Arrubla Paucar
Presidente Revista Alternativa
En los dos meses que llevamos del nuevo gobierno, hemos escuchado sobre la necesidad de buscar recursos fiscales para ampliar los programas sociales. En consecuencia, se presenta un revolcón tributario con dicho propósito, buscando ambiciosamente aumentar el recaudo fiscal, contra opiniones muy serias que aseguran que las finanzas públicas no requieren una reforma tributaria, lo que hay que mejorar es el recaudo y perseguir la evasión.
Lo que en realidad quiere escuchar la gente es que se construya una verdadera política de austeridad en el gasto público. Colombia se convirtió en un país derrochador, con unos mega salarios para los altos funcionarios del Estado, parlamentarios, magistrados, fiscales, procuradores, que no ha encontrado manera para controlarlos; además, unos crecidos funcionarios con complejos megalómanos, que tienen avión que usan para sus diversiones familiares; unos gastos en escoltas y carros, utilizados indebidamente, hasta para sacar a pasear a las mascotas.
El nuevo gobierno ha dicho que su política es la de austeridad, pero no hace mucho por demostrarlo y da un mal ejemplo designando a la primera dama como embajador itinerante, con viáticos por cuenta del tesoro; comprando televisores de extra lujo, durmiendo en plumones de ganso de ocho millones de pesos, mientras la población, con la ruana de sus ancestros. La vicepresidenta haciendo fiestas de millones de pesos, ofenden más las justificaciones que han dado.
A propósito, con “bombos y platillos” en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional se anunció la presentación de un proyecto de ley al Congreso para crear el nuevo ente estatal, el súper Ministerio de la Igualdad y la Equidad, para lo cual no conocemos ningún estudio técnico o económico que lo justifique; lo único que sabemos es del embeleco de la vicepresidenta, que todavía cree que los problemas del país se solucionan creando ministerios y aumentando la cuenta del Estado.
La igualdad, la no discriminación, la equidad, deben ser políticas de Estado que deben cumplir todos los ministerios y qué mejor propuesta que asignarle la vigilancia, el seguimiento de estas políticas a la vicepresidencia de la República, que según la Constitución no tiene nada que hacer distinto a esperar a ver si le pasa algo al presidente -¡ojala que nada!-. Dice la Constitución que el presidente puede confiarle misiones o encargos especiales a la vicepresidencia o designarla en cualquier cargo de la rama ejecutiva; por ello, se ha desempeñado en el pasado como una especie de consejería para varios temas importantes, como los derechos humanos y este podría ser uno de ellos.
Sin embargo, lo que se piensa hacer ahora con el cargo es algo muy distinto y sin antecedentes; se quiere crear una cartera a la medida de las ambiciones políticas de la hoy vicepresidenta, que será transversal en sus competencias, frente a los diez y seis ministerios actuales. Se pretende que la vicepresidenta ejerza control y vigilancia a todo lo relativo a la inversión social y al gasto público de todos los ministerios; nuevo engendro administrativo que crea una vicepresidencia actuante, contrariando la Constitución, o suplanta las labores de la Procuraduría, también en contravía de la Carta.
La tarea del vicepresidente no es la competir con el presidente en la dirección del Estado, ni la de recelarlo o estarle demandando la participación en las decisiones y en la burocracia estatal, por más elección popular que haya mediado en la elección de la vicepresidencia, o porque le haya aportado un caudal importante de votos a la elección del presidente.
Se dice que el costo de funcionamiento del nuevo ente podría estar por el orden de los cien mil millones de pesos anuales. Vamos para 18 ministerios, con una nueva cartera para la paz entre otras anunciadas, además, de la creación de una nueva jurisdicción agraria para tener una Corte de bolsillo, cuya primera camada será elegida por este Congreso.
Una verdadera reforma administrativa, adelgazando considerablemente el poder ejecutivo, racionalizando el gasto público, reduciendo los mega sueldos de los funcionarios, es lo que quiere ver el pueblo colombiano. Hay que recortar el Congreso que tiene un tamaño exagerado; la administración pública, debe ser más eficiente, sin crear más ministerios. El gigantismo del Estado en general hay que reducirlo, para que el gasto sea más limitado, más eficiente y eficaz. Mientras esto no ocurra, debería ruborizarlos hablar de aumentar impuestos y gravar pensiones.
