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Para justificar sus fallas administrativas como alcalde de Bogotá, donde tiene abiertas múltiples investigaciones en la Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía General de la Nación, Gustavo Petro decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir cambios en la forma de sancionar a los funcionarios de elección popular argumentando que era perseguido por los entes de control colombiano.

Lo increíble de esta solicitud es que la entidad decidió, en un proceso acelerado y en menos de cinco meses, otorgarle medidas cautelares en su beneficio. Un caso muy extraño y tramitado de manera muy ágil mediante un organismo que se ha caracterizado por presentar demoras en las respuestas de los procesos que adelanta; así que en tan solo cuatro meses se celebró la audiencia pública para blindar al senador.

Con esta decisión, el señor Petro alegó que el Estado había vulnerado sus derechos a la integridad, garantías judiciales y protección judicial, derechos políticos e igualdad ante la ley; pero fue mucho más allá con el fallo a su favor por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que el régimen jurídico colombiano es contrario a la Convención Americana ya que permite que autoridades diferentes a jueces penales, restrinjan los derechos políticos de funcionarios de elección popular, imponiendo sanciones que llevan a la desvinculación o inhabilidad para el ejercicio de su cargo.

El Estado no puede deberle nada al señor Petro y mucho menos después de todos sus desaciertos administrativos que le han costado miles de millones de pesos al erario público que sale de los bolsillos de los contribuyentes.

Ahora, Petro decidió llamar a la desobediencia civil con el fin de no reconocer la legitimidad del presidente Duque y en lugar de hacer aportes constructivos que tanto necesita el país en este momento para salir de la crisis económica y social como consecuencia de la pandemia, invitó de un populismo rampante a realizar actos de rebeldía contra el gobierno, por ejemplo invitar a los colombianos a no pagar los servicios públicos o no llevar a los niños al colegio. Actos irresponsables de una persona que debería dar ejemplo de buen ciudadano y más bien aportar al fortalecimiento de nuestra nación en lugar de seguir reclamando el triunfo en unas elecciones transparentes y serias.

Eso es él, víctima, pendenciero, que “casa” peleas personales todos los días a través de sus redes sociales por el simple hecho de que sus adversarios solícitos o sus amigos políticos del pasado no compartan hoy sus ideas cada vez más similares al populismo venezolano.

En esos comentarios viscerales ha desnudado su odio y sed de venganza hacia aliados políticos recientes como Sergio Fajardo y la alcaldesa Claudia López, a quien decidió denunciar penalmente por darle un buen uso al Hospital San Ignacio, convirtiéndolo en un complejo médico en beneficio de Bogotá.

Para este senador solo vale el llamado a la anarquía, a la confrontación y al populismo, para sacarle el “bulto” a explicaciones que requiere la ciudad sobre decisiones equivocadas, huyéndole a su responsabilidad de explicar los nexos con Nicolás Maduro o rendir cuentas sobre sus malas decisiones en temas tan delicados para la ciudad como la fallida política de recolección de basuras que impulsó en su administración.

Atrincherado en su curul del Senado, ahora decidió con su populismo llamar a la desobediencia ciudadana, como si el país no tuviera problemas tan serios que enfrentar.

ÁLVARO RODRÍGUEZ ACOSTA

Presidente

Revista Alternativa

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