«Así tenemos que todas las procuradurías regionales quedan en manos de los gamonales políticos, despojando al organismo de imparcialidad e independencia para cumplir su función disciplinaria y de lucha contra la corrupción».

Jaime Alberto Arrubla Paucar

Presidente Revista Alternativa

Ya se está elaborando la reforma tributaria del próximo gobierno, que pretende recaudar por lo menos cincuenta billones de pesos; de lograrlo sería un récord histórico en el país.

Muchos programas sociales, promesa de campaña, serían atendidos; llama la atención la pensión de vejez para más de tres millones de ancianos mayores de 60 años y pobres; sería una pensión asistencial, no contributiva, es decir, se les dará así no hayan cotizado, en una suma cercana hoy a los cuatrocientos mil pesos mensuales. Por supuesto, que es un propósito loable, toda una revolución para combatir la desigualdad y la pobreza.

Para buscar recursos se piensan muchas cosas, ampliar la base tributaria de las personas naturales; entre ellas, otra vez se habla de gravar las pensiones más altas, como si con tal recaudo se solucionara el problema. La contumacia es manifiesta, se olvidan los hacedores de la propuesta, que los ingresos de las personas que cotizaron para su pensión ya tributaron; volver a gravarlos, sería evidentemente inconstitucional.

De conformidad con la jurisprudencia, se afectarían los principios de equidad y solidaridad tributaria, garantizados en el art. 363 de la Constitución Nacional, “los cuales impiden que un mismo hecho económico sea gravado dos o más veces”. Pero, además, es un verdadero desestímulo al ahorro, pues se grava al que más ahorra. Por iniciativas como esta tuvimos un estallido social.

Más conveniente sería cortar con regulaciones que perturban la sostenibilidad del sistema; tales como las que se causan, sin que el beneficiario haya cotizado para merecerlo. En Francia, el presidente Macron tuvo que renunciar a la pensión presidencial privilegiada para igualarse con todos los ciudadanos, por la presión de los chalecos amarillos. Existen normas en Colombia que privilegian a los funcionarios de la Rama Judicial, Procuraduría, Fiscalía, pensionándolos con el sueldo más alto del último año, lo que provoca, un carrusel de encargos en puestos superiores, para lograr tales privilegios.

Interesante la propuesta de reformar la Procuraduría. De tiempo atrás hemos sido partidarios de la necesidad de reformar los organismos de control en Colombia, comenzando por la Procuraduría, siguiendo con la Contraloría, incluso requiere ajustes la misma Fiscalía. Por ello no nos parece nada exótica la propuesta del presidente electo, quién planteó primero la supresión gradual y luego los ajustes en la institución.

“De tiempo atrás hemos sido partidarios de la necesidad de reformar los organismos de control en Colombia, comenzando por la Procuraduría, siguiendo con la Contraloría, incluso requiere ajustes la misma Fiscalía”

Nos preguntamos: ¿Por qué hay que reformarla? Precisamente por la importancia de las funciones que cumple y que le fueron asignadas en la Constitución de 1991, entre ellas la potestad disciplinaria de los funcionarios de la administración central, inclusive tiene control preferente para las regiones e investiga a los parlamentarios, amén de otras importantes funciones con el medio ambiente, etc.

La crítica es que se trata de un organismo politizado, que cada cuatro años se elige su cabeza por el Congreso y que luego viene el reparto de las viandas burocráticas entre todos los que apoyaron la elección del personaje. Así tenemos que todas las procuradurías regionales quedan en manos de los gamonales políticos, despojando al organismo de imparcialidad e independencia para cumplir su función disciplinaria y de lucha contra la corrupción. Se convierte la institución en un instrumento para impartir garrote político, mientras la corrupción se encuentra desenfrenada en todo el territorio nacional.

Bueno, ¿y cómo hay que acometer su reforma? Depende de los ajustes que se pretendan; en principio, para cambiar las competencias constitucionales, hay que reformar la carta fundamental. Si la reforma sustituye la constitución, la jurisprudencia ha dicho que no se puede hacer por acto legislativo en el Congreso, habría que utilizar un mecanismo de participación popular idóneo.

Las funciones jurisdiccionales que recientemente se le dieron a la Procuraduría, se le otorgaron en la reforma al Código Disciplinario, es decir por simple ley. Muy posiblemente dicha ley no pase el control de exequibilidad, pues según la constitución, la Procuraduría no hace parte de la rama jurisdiccional y se equivoca el legislador, al atribuirle funciones de esta naturaleza, que fueron las que se le dieron para atender equivocadamente a la sentencia de Corte Interamericana, que en el llamado “Caso Petro”, dijo que al suspender funcionarios elegidos popularmente, violaba el Pacto de San José, que solo lo permite por decisión judicial y de juez penal. Esta sería la más fácil de reformar, basta una ley, si es que antes no arregla el problema la Corte Constitucional.

Se trataría por tanto de adecuar la función a la Constitución, a los compromisos internacionales del país, garantizando transparencia e independencia en el ejercicio de sus competencias y sobre todo, despolitizando el organismo.
La viabilidad de estas iniciativas dependerá de su razonabilidad y del liderazgo que se ejerza para implementarlas.

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