Por Lucas Arboleda Henao

Asociado Director de la práctica de Energía y Recursos Naturales de DLA Piper Martínez Beltrán

La importancia del sector energético para el desarrollo social y económico de Colombia no acepta ninguna duda. El sector aporta el 7 % del PIB del país, el 12 % de los ingresos corrientes de la Nación, más del 50 % de las exportaciones de Colombia y más del 50 % de su actividad industrial. Adicionalmente, los proyectos que hacen parte de la transición energética generarán una reducción en la emisión de CO2 de más de 9 millones de toneladas.

Resulta difícil imaginar la vida en sociedad sin una adecuada provisión de servicios públicos como la energía eléctrica, el gas y el abastecimiento de combustibles líquidos. De estos no solo depende la actividad productiva y económica del país, sino también el cierre de brechas sociales, la superación de la pobreza y el aumento sostenido de niveles de dignidad humana. Estudios basados en datos tanto de la Agencia Internacional de Energía, como de las Naciones Unidas, han encontrado que el mayor consumo de estos energéticos en un país tiene una correlación directa con mejoras sustanciales en la calidad de vida de sus ciudadanos.

La Corte Constitucional ha reconocido reiteradamente la importancia que para la efectividad de derechos y principios constitucionales, así como para el interés general, tiene el desarrollo eficiente de proyectos energéticos, al señalar que uno de los elementos fundamentales para la mejora en las condiciones de equidad, radica en la superación de la pobreza energética, entendida como la imposibilidad para los ciudadanos de acceder efectiva y eficientemente a energéticos, lo cual tiene un impacto directo en el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades.

Por esto, es alarmante que más de 18 proyectos de generación y por lo menos seis de transporte de energía, considerados de interés nacional y estratégico, así como 10 proyectos de gas combustible, por lo menos, hayan presentado retrasos en su entrada en operación en los últimos años, muchos de ellos por situaciones de carácter social y ambiental ajenas a la diligencia de los inversionistas.

El cumplimiento de normas y procedimientos que protejan a las comunidades y al ambiente son parte inherente del desarrollo sostenible del país. Para ello se ha establecido una institucionalidad y una estructura normativa que busca la efectiva protección de estos valores en el marco del desarrollo de proyectos. Resulta preocupante, sin embargo, que esta institucionalidad y este marco jurídico parecen adolecer de elementos que protejan el bien común y el interés general.

“Es alarmante que más de 18 proyectos de generación y por lo menos seis de transporte de energía, considerados de interés nacional y estratégico, así como, mínimo, 10 proyectos de gas combustible, hayan presentado retrasos en su entrada en operación en los últimos años”.

El no desarrollo oportuno de la infraestructura energética puede generar no solo un aumento generalizado de los precios de los energéticos y de los bienes cuya producción depende de estos, sino que también puede poner en riesgo su suministro continuo y confiable. Lo anterior tendrá un alto costo en la productividad económica y social del país, pero lo más preocupante es que quienes padecerán con más severidad las consecuencias de la ineficiencia en el desarrollo de estos proyectos serán los colombianos más vulnerables, porque tienen menos posibilidades de adaptarse a los aumentos de precios y a la inestabilidad en el suministro de servicios públicos.

Por esta razón es impostergable que se fijen reglas claras para el desarrollo de estos procedimientos y trámites sociales y ambientales, de forma que no se dilaten indefinidamente o que se hagan a costos excesivamente altos. En el desarrollo de estas reglas, no solo se deben involucrar el Gobierno nacional y el Congreso de la República, sino también –y fundamentalmente– el sector privado y las cortes. 

Es momento de que la jurisprudencia nacional tenga en cuenta en las decisiones relativas al desarrollo de infraestructura energética, la protección del interés general, y la promoción de principios y valores fundamentales dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tales como el aumento de las condiciones de equidad y de calidad de vida para el mayor número posible de colombianos.

Resulta fundamental el desarrollo de herramientas inmediatas que permitan desbloquear la ejecución de esta infraestructura para la adecuada promoción de la reactivación económica y la transición energética, incluyendo la posibilidad de darles prioridad a estos proyectos en el desarrollo de los procesos sociales y ambientales, así como a través de un verdadero fortalecimiento de las autoridades competentes y del marco normativo aplicable, de forma que se incluyan tiempos perentorios y límites claros, en los cuales el cumplimiento de principios ambientales y la protección de los derechos de las comunidades sea proporcional y se armonice de forma razonable con la efectiva satisfacción del bien común y de las metas de desarrollo social y de equidad para toda Colombia.