Por LUIS FELIPE HENAO
Abogado
Ex-ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio

En Colombia los procesos judiciales se han convertido en un leviatán incontrolable sobre el cual deben cabalgar jueces y partes en un maremágnum de recursos, formalismos y trámites inútiles. Además de medidas urgentes de descongestión y mejoras de funcionamiento es necesario un cambio profundo en la mentalidad de los abogados que han olvidado que el proceso es un medio y no un fin en sí mismo.

La mayoría de procesos en Colombia tiene una duración integral de 10 años. El promedio en primera instancia es de cinco años, a los cuales hay que agregar dos en segunda instancia, dos de recursos extraordinarios y al menos uno en tutela. La situación es tan absurda que en esos 10 años, en muchos casos, las partes y los abogados ya han fallecido. El leguleyismo se volvió una pandemia incontenible. Más de la tercera parte de las audiencias son aplazadas por medio de todo tipo de argucias y maniobras dilatorias que terminan haciendo que realizar una diligencia judicial sea una odisea. 

La congestión en los despachos judiciales es insostenible. Los funcionarios que laboran en la justicia (jueces y fiscales) tienen en promedio más de 500 procesos, muchos de los cuales se colocan sin ningún fundamento o solamente para afectar otros trámites judiciales o administrativos. Solamente en la Fiscalía existen actualmente más de dos millones de procesos (uno por cada 20 habitantes del territorio) y al final de todo ese maremoto de procesos solamente el 2,53 % de los casos terminan en juicio, lo cual implica un desgaste absurdo.

Adicional a estos problemas, muchas decisiones no se cumplen por el fraude de las partes. En nuestro país es casi imposible ejecutar una decisión judicial. En lo civil las partes se insolventan, en lo penal los convictos huyen del país, en lo administrativo y lo laboral las tutelas bloquean los procesos. Al final es casi un milagro que se cumpla una sentencia y los pícaros se aprovechan de ello para reírse descaradamente a la justicia.

El problema de la justicia es trasversal y tiene una causa común: parece que a los abogados se les olvidó que los procesos no tienen un fin en sí mismo, sino que buscan la verdad y la justicia y todo lo demás es secundario. Se perdió el respeto por los jueces y eso hace que los tinterillos reinen en el caos, sin que nadie los pueda poner en cintura.

Es necesario repensar la Justicia y el Derecho en Colombia y ello depende en gran medida de la formación y el control de la profesión de abogado. Mientras médicos, odontólogos, contadores, ingenieros, arquitectos y veterinarios, –para poner solo algunos ejemplos–, requieren de una licencia de funcionamiento y son auditados de manera permanente, basta con graduarse de una universidad como abogado para poder llevar casos, lo cual en muchas oportunidades se está haciendo en tres o cuatro años por medio de convalidaciones de materias absurdas o con validaciones ilegales de las prácticas en consultorio jurídico. Pareciera que a nadie se le negara una tarjeta profesional de abogado… 

También debe pensarse la forma como se está ejerciendo el Derecho en Colombia, pues de lo contrario cualquier reforma será insuficiente para afrontar la crisis. De una parte es necesario cambiar la mentalidad de los juristas para mostrarles que la verdad y la justicia están por encima de los formalismos y que a quienes más afectan las dilaciones es a sus representados. De otro lado, es vital empoderar a nuestros jueces para que sancionen de manera severa las maniobras dilatorias y el leguleyismo en los procesos judiciales.

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