«Tener una Colombia sin narcoterroristas es un anhelo de todos. También debe ser un esfuerzo de todos. Respaldo total al presidente Duque en la tarea de demostrar la fortaleza del Estado y la superioridad de las instituciones democráticas sobre cualquier amenaza”.  

Por Álvaro Rodriguez Acosta

Presidente de Revista Alternativa

No ha habido una sola voz relevante en la vida nacional que no haya condenado el ataque con proyectiles del pasado viernes 25 de junio contra el helicóptero en el que viajaba hacia Cúcuta el presidente Iván Duque, sus ministros del Interior y de Defensa, y el gobernador de Norte de Santander.

Esa condena unánime es algo positivo y no era para menos. Lo sucedido con la aeronave presidencial cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Cúcuta y recibió los disparos desde un barrio popular cercano, es un hecho inédito y de extrema gravedad, que no dejó víctimas fatales gracias al blindaje de la aeronave y la reacción de la tripulación.

Este ataque, bien calificado de “cobarde y demencial” por el propio Duque, golpea la institucionalidad y la democracia. No solo se puso en riesgo la vida del Presidente y de los altos funcionarios, lo cual es ya mucho, sino también la estabilidad misma del país, erosionada en estos momentos por la mezcla infame de protesta social y violencia que muchas ciudades han padecido durante los últimos dos meses, en medio de una pandemia que arrecia. 

Colombia ya vivió años amargos en los cuales floreció el narcoterrorismo. En los años 80 y 90 hubo momentos en los que la gente no podía salir tranquila a la calle sin temor a un bombazo o una balacera, y gobernar o hacer política era casi un acto suicida. Nada de eso se puede repetir y estamos a tiempo de evitarlo, como dice el expresidente Andrés Pastrana, con acciones contundentes contra quienes amenazan con revivir ahora ese narcoterrorismo, ahora con supuestos tintes ideológicos.

Lo acontecido ese viernes también abre un interrogante en la confianza depositada en el cuerpo de seguridad presidencial y en los organismos de Inteligencia y Contrainteligencia del país. Este hecho se da en la misma región donde hace apenas 15 días el ELN introdujo e hizo explotar un carro bomba en la Brigada 30, probablemente con la complicidad de personas del mismo Ejército. ¿Cómo supieron estos terroristas en qué helicóptero se desplazaba el Presidente y a qué hora debía llegar? ¿Les avisaron desde Sardinata o alguien les pasó información?

No se puede tolerar infiltraciones en la fuerza pública, si las hay. La oferta del ministro de Defensa, Diego Molano, de 3.000 millones de pesos por información que conduzca a los autores del atentado contra el primer mandatario está plenamente justificada. Es imperioso dar con ellos para demostrar que el Estado no permitirá semejantes desafíos. 

Igualmente será necesario reforzar la seguridad de un mandatario que ha prometido seguir desplazándose a todos los rincones de Colombia sin dejar espacio al amedrentamiento. Es una decisión valiente, pero al mismo tiempo lo responsable es tratar de minimizar cualquier riesgo, incluso pidiendo ayuda extranjera que sofistique los anillos de protección del primer mandatario. Lo ocurrido indica que puede haber un interés maligno por crear una situación crítica en el país, precisamente cuando se avecinan las elecciones presidenciales. 

Lo ocurrido reclama también tomar acciones más firmes sobre lo que está sucediendo en Norte de Santander, desde donde hace ya muchos años oímos de la presencia y fortalecimiento de diversos grupos armados ilegales, gracias al combustible del narcotráfico y a la vecindad con Venezuela, un país refugio de los violentos que –es necesario recordarlo siempre– tiene un régimen hostil con Colombia.

A Norte de Santander y especialmente al Catatumbo, la zona más conflictiva, el gobierno del presidente Duque ha ido con inversión social para ganarle terreno a la narcocriminalidad y la guerrilla, pero también con más despliegue de fuerzas de seguridad. Sin embargo, el reto ha mostrado ser más grande y es necesario redoblar los esfuerzos, especialmente en materia de inteligencia e investigación para cortar los vínculos de la población con narcos y guerrilleros.

El mismo diario La Opinión, de Cúcuta, muy representativo de la ciudad y de la frontera, lo dice: “Lo cierto es que así nos duela, esta región está desbordada por las organizaciones armadas al margen de la ley, como lo son la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc, bandas criminales como Clan del Golfo, Los Rastrojos, Pelusos y carteles mexicanos del narcotráfico”. Casi todas las organizaciones delictivas están en ese territorio que es, además, el que más coca cultivada tiene y que está a un paso de Venezuela, que les da guarida.

Hay que hacer mucho más por Norte de Santander, lo cual significaría hacer más por el país. Y para ello serviría mucho que el rechazo unánime de todas las fuerzas políticas frente al atentado se tradujera en apoyo firme a las políticas de Estado que se necesitan para recuperar esa y otras regiones.

Tener una Colombia sin narcoterroristas es un anhelo de todos. También debe ser un esfuerzo de todos. Respaldo total al presidente Duque en la tarea de demostrar la fortaleza del Estado y la superioridad de las instituciones democráticas sobre cualquier amenaza.  

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