Por CARLOS SÁNCHEZ CORTÉS
Abogado socio y director del Departamento Privado, Corporativo y Litigios
De la Espriella Lawyers Enterprise®
Cinco años han pasado desde que algunos de los accionistas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. S.P.R. BUN, por conducto del abogado Abelardo de la Espriella, director general de la firma De la Espriella Lawyers Enterprise, decidieron interponer ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal por la presunta comisión del delito de administración desleal y otras conductas por determinar, con el objeto de que el citado ente investigador auscultara las verdaderas motivaciones que llevaron a que, el 14 de noviembre de 2014, la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria aprobara la adquisición de 1.079.084 acciones de la compañía Terminal de Contenedores de Buenaventura S.A. (TECSA S.A.), equivalentes al 23,98 % de la participación accionaria de esta sociedad, a un precio unitario por acción de 27,56 dólares estadounidenses. Ello significa que la operación tendría un valor total de compra de 29 millones 739.444 dólares como bien se señaló en el acta No. 324 de la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria.
Recordemos que, grosso modo, para el año 2014 la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. S.P.R. BUN era accionista mayoritaria de la Sociedad TECSA S.A, con una participación cercana al 52 %, y que el 48 % restante se encontraba dividido entre las sociedades Maritrans S.A., Gran Portuaria Buenaventura Ltda., Elequip S.A., Nautiservicios S.A. y los pequeños operadores portuarios, a quienes, en virtud de un acuerdo de integración operativa del terminal marítimo de Buenaventura, celebrado durante los años 2006 y 2007, se les garantizaría una participación accionaria aproximada del 14,99 %.
La investigación penal iniciada en contra de los señores Manuel Isaac Parody D’Echeona, Rudolf Hommes y demás miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. S.P.R. BUN, no ha tenido avances reales.
Aquella operación celebrada por su representante legal Víctor Julio González Riascos, hoy denunciado penalmente, y autorizada por los miembros de la Junta Directiva de la época, entre quienes se encontraban los señores Manuel Isaac Parody D´Echeona, Rudolf Hommes, Bartolo Valencia Ramos, Fernando Eduardo Urdaneta Wiesner, Alfonso Ocampo Gaviria, Carlos Mira Velásquez, Rosa Adriana Martínez y Antonio José Rodríguez Martínez, también denunciados penalmente, benefició a un grupo de personas en particular, encabezadas, entre otros, por el señor Manuel Parody D´Echeona, hermano de la señora Gina Parody (exministra de Educación) y al señor Hommes.
Lo anterior, además de ser de conocimiento público, ha sido ventilado en otros estrados judiciales y ante diferentes entes de inspección, vigilancia y control, que en el marco de algunas investigaciones administrativas, llevaron a que mediante la resolución No. 48136 del 27 de septiembre del 2017, la Superintendencia de Puertos y Transporte le impusiera una multa al señor Manuel Parody D’Echeona por haber violado el régimen de deberes y responsabilidades a cargo de los administradores, especialmente en lo que tiene que ver con las normas de conflictos de interés por la operación del 19 de noviembre de 2014, decisión que, pese a los argumentos infundados e injustificados, fue confirmada por el ente de control a través de la resolución No. 44132 del 24 de octubre de 2018.
Aunque este julio de 2021 se cumplirán cinco años de la denuncia penal formulada en contra de los señores Parody D´Echeona, Hommes y demás miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. S.P.R. BUN, poco ha hecho la Fiscalía General de la Nación en el marco de la Investigación penal adelantada bajo el radicado No. 761096000164201601196 en cabeza del Fiscal 42 Local de Buenaventura. Este funcionario –pese a las reiteradas solicitudes de (i) impulso procesal, (ii) vigilancia especial de la Procuraduría General de la Nación, (iii) acciones de tutela y otra serie de actividades desplegadas por el abogado Abelardo de la Espriella– ha procurado que el caso puesto en conocimiento del ente investigador duerma en los anaqueles del citado despacho, como ocurre con otras grandes investigaciones iniciadas por hechos de corrupción, que terminan o bien en el vencimiento de términos o bien en la prescripción de la acción.
Conviene hacer un poco de memoria y reflexionar, sobre todas las víctimas –accionistas, quienes, en menor o mayor proporción, dependiendo de su participación en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. S.P.R. BUN, se han visto afectadas. Entre ellas se encuentran accionistas minoritarios, pequeños operadores portuarios y la Alcaldía de Buenaventura. Debido a su calidad de pequeños participantes en el negocio portuario, no han sido tenidos en cuenta en las decisiones tomadas por la Sociedad Portuaria, y mucho menos en las investigaciones que adelanta actualmente la Fiscalía General de la Nación. Por el contrario, se encuentran marginados, pese a que son víctimas de las conductas desplegadas por los hoy denunciados. Y pese a que los mismos bien podrían hacerse parte dentro de la citada investigación penal (lo cual es una invitación), se han abstenido de ello.
Por alguna circunstancia, quizás como lo diría cierto medio de comunicación, por tratarse de los “cacaos del puerto de Buenaventura”, la investigación penal iniciada en contra de los señores Parody D’Echeona, Hommes y demás miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. S.P.R. BUN, no ha tenido avances reales, para encontrar la verdad y la reparación que se busca en el marco de la citada investigación, y que llevaron a la celebración de un negocio enmarcado en las irregularidades que encajan perfectamente con los delitos relacionados con la corrupción corporativa, que tanto daño le ha hecho a este país.
Luego de cinco años de lucha contra los presuntos actos de corrupción, se espera un vuelco a la investigación penal formulada por la firma De la Espriella Lawyers Enterprise y adelantada por la Fiscalía 42 Local de Buenaventura. Esto con la vinculación de Ventura Group, en cabeza del señor Álvaro Rodríguez Acosta, organización que actualmente adelanta una serie de actuaciones legales en contra del señor Manuel Parody D’Echeona y demás miembros de la Junta Directiva, por los hechos relacionados con la compra irregular, ruinosa, autorizada por el citado miembro de junta y otros, el 14 de noviembre de 2014, por un valor superior a los 29 millones de dólares, y que solo le ha traído cuantiosos perjuicios a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. S.P.R. BUN.
Nota: Revista Alternativa es una empresa de Ventura Group.
