Por Jaime Arrubla Paucar
A este Gobierno y a sus pares por el orbe, los medirá el rasero de la historia por los resultados en dos cometidos gubernamentales: por un lado, los resultados de la vacunación, es decir, lograr la aplicación de la vacuna indicada al mayor número de gente y en el menor tiempo posible. Creo que, respecto a este indicador, vamos bastante atrás, por lo menos, en comparación con países similares al nuestro; las vacunas que le están poniendo a la mayoría de los colombianos —Sinovac y AstraZeneca— son las más polémicas en cuanto a efectividad para las nuevas variantes y a efectos secundarios como la trombosis. Además, empezamos tarde y vamos a paso lento con el número de vacunados; al cierre de marzo, solo se ha inoculado a un 2,5% de la población.
La falta de dosis configura un cuello de botella en el suministro de la vacuna y en el desespero de los ciudadanos; los más pudientes van al exterior a inmunizarse y se crea una verdadera inequidad nacional. Mucho se dice de errores en la negociación con las casas de las mejores vacunas como Pfizer o Moderna, pero hay que conformarse, pues, como alguien dijo, “la mejor vacuna es la que hay”. Frente a una demanda desbordada de la población mundial, se tiene una oferta limitada y Colombia se rezagó en cerrar negociaciones a tiempo, no solo respecto a grandes potencias económicas como Estados Unidos, la Unión Europea o el Reino Unido, sino en comparación con sus pares de la región como México, Chile, Costa Rica y Argentina, que cerraban sus tratos desde los pasados octubre y noviembre; mientras, el ministro de Salud colombiano afirmaba: “No vamos a adquirir vacunas que no tengan las respectivas aprobaciones de las agencias internacionales”. Por no correr riesgos en el momento, ahora no tenemos dosis para tanta gente. En este punto, en mi opinión, reprueba el Gobierno colombiano.
Un segundo rasero será la reconstrucción de la actividad económica y del empleo, afectados considerablemente por el confinamiento y el cierre del turismo, de restaurantes, bares, hoteles y, en general, de la industria del entretenimiento, todavía sin poder recuperarse. Le ha correspondido al Estado salir a instaurar políticas sociales en apoyo a la población más vulnerable. La asistencia social ha sido manifiesta: subsidios a la nómina para evitar despidos masivos e ingresos solidarios generalizados para que la población más informal tenga, al menos, con qué subsistir aunque de forma apretada. Para atender estos frentes, el Gobierno presentará próximamente la anunciada reforma tributaria que, de paso, colma las exigencias de los bancos y las agencias calificadoras internacionales para mantener al país en grado de subsistencia. La propuesta del Gobierno es, en este momento, el motivo de discordia nacional.
Para las voces de los gremios del sector productivo y de importantes dirigentes políticos, la reforma que piensa presentar el Gobierno es perjudicial para la recuperación económica; en lugar de restablecer la economía va a ser retardataria y afectará la productividad. Las empresas del sector formal en Colombia padecen la mayor tasa de tributación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con desaconsejables tributos autóctonos como el de Industria y Comercio, y el gravamen a las transacciones financieras, un impuesto para emergencia que se creó por un año y que ya cumplió veinte. Según la Comisión Técnica de Beneficios Tributarios, a la que el Gobierno consultó, pero no atenderá, en este estado de cosas resulta mejor importar que producir en Colombia. Según la citada comisión, ampliar la base de recaudo por IVA sería una real solución, que al parecer no se va a tocar por el efecto político que el tema despierta.
Se critica que se apunte a introducir de nuevo el impuesto al patrimonio, pues no se logra cosa distinta que comprometer las rentas de dichos bienes y desalentar la inversión y el ahorro. Para agravar las cosas, se quiere incrementar el 50% en la tarifa aplicable al impuesto a los dividendos. La tasa efectiva de tributación de una empresa rondaría el 70%, lo que significa un verdadero desestímulo al sector productivo.
Se insiste absurdamente en gravar las pensiones de los retirados colombianos, aunque la norma expresa de la Constitución lo prohíbe y configura un doble cobro de tributo a la misma fuente, que ya lo pagó cuando se retuvo el componente que se destinó al fondo pensional.
La población vería con más agrado una verdadera política fiscal tendiente a disminuir el gigantismo del Estado y a recortar la cantidad de asesores y consejeros que ahora rodean toda la función pública: una actividad para congelar nóminas, carros oficiales e inversiones en oficinas públicas, para evitar la corrupción rampante que se ha incrustado en el sector público y para perseguir al evasor de los impuestos que serían suficientes para conseguir los recursos esperados.
Mejor dicho, el temor a un eventual Gobierno de Petro se observa como un mal menor frente a lo que vamos a comenzar a vivir ahora, bajo el ropaje de la “solidaridad sostenible”. Si seguimos por este camino, no es al futuro al que hay temerle, sino al presente, que le está abriendo la puerta al fantasma que adelanta.
