El ministro José Antonio Ocampo, responsable de la reforma tributaria

Por: Óscar Iván Zuluaga

Exministro de Hacienda

 

La dura realidad de gobernar para cumplirle al pueblo tiene una premisa simple: nada funciona si no hay plata; de ahí que el éxito del gobierno dependa de la viabilidad de las finanzas públicas y de la aprobación de una reforma tributaria que no dañe los pilares de la economía que se han construido en los últimos veinte años.

Este gobierno recibe una economía resiliente cuyos pilares no pueden despreciarse a partir de un análisis meramente ideológico. Valga recordar dos hechos objetivos que de ello dan cuenta: en la crisis financiera global de 2009, la mayor desde la gran depresión de 1930, Colombia fue una de las cinco economías del mundo que tuvo crecimiento positivo (1.7%); y en el proceso de recuperación de la pandemia, la peor crisis de la humanidad en los últimos cien años, el crecimiento esperado del 7% pone también a Colombia entre las economías de mejor desempeño en 2022.

Nuestra resiliencia económica de las últimas dos décadas se funda en el comportamiento del consumo de los hogares y en la inversión privada de las personas y empresas nacionales e internacionales, que jalonaron el crecimiento económico. Esa inversión fue posible gracias a la confianza que se generó, la estabilidad de las reglas de juego, el mejor funcionamiento del mercado laboral y el gasto social que actuó de manera contracíclica en los momentos más difíciles de la economía mundial. La propuesta de reforma tributaria que ha presentado el ministro Ocampo, persona capaz y preparada, pone en serio riesgo esas condiciones que han hecho posible la inversión.

Una cosa es incrementar las tarifas para los dividendos, ganancias ocasionales y patrimonio, y otra muy diferente es ubicarlas en el grado de tarifas confiscatorias que tiene el efecto perverso de estimular la evasión, aumentar la fuga de capitales y afectar el consumo y la inversión.

Una propuesta sensata sería subir la tarifa de dividendos y ganancia ocasional al 15% (un incremento del 50% en relación con las tarifas actuales) y mantener el impuesto al patrimonio por el período del gobierno actual, pero sin incluir la valoración de las inversiones a valores comerciales, algo que desestabilizaría la inversión con consecuencias funestas para todas las actividades productivas y que encaja en el concepto de confiscación de la riqueza acumulada de manera lícita.

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Para las empresas el panorama tampoco es alentador. El desmonte de algunas exenciones, con lo cual estoy de acuerdo, debe servir para financiar la disminución de las tarifas de renta para las empresas, con mayor énfasis en las pequeñas y medianas, para hacer más competitiva la creación de nuevas empresas. El modelo económico planteado por el presidente Petro en la Asamblea de la ANDI tiene como base el desarrollo de la agroindustria, para lo cual se requiere atraer inversión de nacionales y externos tanto pequeños como grandes y medianos, si se quiere cumplir con la meta propuesta por el ministro Ocampo de aumentar las exportaciones distintas de minería y petróleo cada año en USD 5.000 millones. Eso solo es posible estimulando la creación de nuevas empresas.

En el tema de la transición energética, las señales no pueden ser más contradictorias. Ecopetrol es uno de los casos de capitalismo popular más exitoso en América Latina, donde el Estado es dueño del 90% de la empresa y los ciudadanos de todos los estratos sociales participan con el 10%. Ya quisieran los presidentes de México, Chile, Argentina, Perú y Brasil tener algo similar.

La política minero-petrolera de los últimos 20 años ha permitido la estabilidad económica del país y ha generado un proceso de industrialización en las actividades petroquímicas y de consumo de gas y servicios que ha impulsado el crecimiento productivo por sus encadenamientos sectoriales.

La gran paradoja es que la transición energética se financia con el negocio del petróleo tal y como lo está demostrando Ecopetrol, cuyas utilidades financian el desarrollo de parques solares. Lo sensato es escuchar la voz de Ecopetrol para no dañar las proyecciones del sector, protegiendo de esta manera los intereses públicos. Y no olvidemos que el gas es considerado un combustible para la transición energética.

La experiencia de Colombia indica que la mejor reforma tributaria es lograr que la economía crezca a tasas altas, de al menos 5%. Si a esto se adiciona los mayores recaudos de las personas de altos ingresos, sin caer en la trampa de tarifas confiscatorias, y la mayor competitividad de sectores como la agroindustria, se logra el círculo virtuoso que busca el Gobierno. Es posible una reforma que aumente el recaudo en $20 billones logrando esos propósitos y sin erosionar las bases de lo que ha hecho de la nuestra una economía resiliente.

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