«En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro ha atacado de manera reiterada y ha promovido una imagen negativa sobre el periodismo y los medios de comunicación en su conjunto», expresó el organismo.
La FLIP señaló que los mensajes del mandatario «terminan restándoles credibilidad; buscando presionar la agenda mediática para que aborde favorablemente su gestión; alimentando un discurso en el que la prensa es antagonista, y así abre la puerta a la criminalización de los medios«.
El mandatario también criticó a Noticias Caracol tras la publicación de una nota sobre las protestas que protagonizaron miles de militares y policías retirados contra su Gobierno en Bogotá.
«Miren este medio de comunicación tratando de dividir la fuerza pública del Gobierno. Soy el comandante constitucional de las fuerzas armadas. No hay conflicto entre los uniformados activos y el Gobierno nacional», señaló Petro.
En ese sentido, la Fundación consideró que «el presidente interfiere en cómo y qué deben cubrir los medios de comunicación que lo controvierten«.
«No es la primera vez que el presidente interfiere en el ejercicio libre de la prensa. Sus críticas y refutaciones han sido constantes desde el inicio de su Gobierno, hace nueve meses. Ha insistido en responsabilizar a los medios de comunicación de diversas conductas, incluso de actos delictivos, para invalidar sus denuncias y reportajes de interés público», agregó.
Ante esta situación, la FLIP advirtió que los señalamientos del mandatario, algunos de ellos «individualizados por él mismo en sus redes sociales», eleva «el riesgo al que están expuestos las y los periodistas, en un país donde la violencia cobra la vida de las y los comunicadores».
El organismo recordó que en los últimos tres meses fueron asesinados tres periodistas en los departamentos de Córdoba, Nariño y Magdalena.
«Desde la FLIP reiteramos que el deber constitucional del presidente Gustavo Petro, como mandatario, es enviar un mensaje de respaldo a la prensa, adoptar medidas urgentes, adecuadas y eficientes para generar un espacio óptimo para el debate social utilizando las vías institucionales, así como promover y adoptar las garantías para la veeduría pública y de prensa sobre la función pública y la gestión del Gobierno», agregó la información. EFE
