Por: ANGELA MARÍA OROZCO /Ministra de Transporte
Durante los últimos cuatro años tuve la maravillosa oportunidad de servir a Colombia como ministra de Transporte. Quiero dar una mirada autocrítica hacia atrás, y preguntarme qué habría podido hacer mejor como ministra, y también cuáles son los proyectos más importantes que habría querido completar pero no alcancé.
Para comenzar por las obras que nos quedaron inconclusas, las más importantes son, tal vez, la licitación de los proyectos Villeta – Guaduas y la doble calzada Pasto Popayán, porque la construcción de esta infraestructura vial es necesaria para completar en doble calzada el gran corredor que va desde el centro del país hasta la Costa Caribe.
También me habría gustado dejar aprobada la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura pero los retos que implicaron las consultas previas impidieron que esto sucediera.
Igualmente, a pesar de que siempre reconocimos la importancia de encontrar nuevas fuentes de recursos para financiar los proyectos de infraestructura, no logramos dejarlos todos implementados. No obstante, logramos dejar reglamentado el mecanismo de contribución de valorización por las obras nacionales, y ahora le corresponderá al próximo gobierno la tarea de aplicarlo para poder financiar nuevos proyectos. Logramos estructurar un proceso de titularización de peajes del Invias, que se convertirá también en fuente de recursos para nuevos proyectos a ejecutar por esa entidad.
Habría querido avanzar más en la definición de un esquema permanente de financiación que asegure la operación y mantenimiento de las vías nacionales que son competencia del Invias, a saber, un poco más de 11,000 km de la red vial nacional, porque tanto la construcción como la operación y el mantenimiento de estas vías dependen del presupuesto anual y de las vigencias futuras que se aprueben en cada ley de presupuesto, por lo cual la fuente de recursos para el mantenimiento anual de esa parte de la red vial nacional es inestable, lo que a su turno lleva a que en muchas ocasiones estos mantenimientos no se hagan cuando corresponde.
En materia de contratación, habría querido completar los análisis necesarios para identificar y adoptar esquemas más flexibles que los que usamos actualmente, incluyendo -por ejemplo- concesiones cortas u otras fórmulas de contratación novedosas con los privados, para utilizarlos en proyectos viales que generen ingresos suficientes para el mantenimiento de las respectivas vías.
Igualmente, habría querido resolver de manera definitiva la discusión que existe sobre las funciones que desarrolla la Aeronáutica Civil, si se debe concentrar en una sola entidad la formulación de política, la expedición de la regulación y su supervisión como autoridad aeronáutica, la provisión de servicios aeronáuticos así como la investigación de accidentes, y simultáneamente, la gestión de contratos de obras públicas para aeropuertos no concesionados, y adoptar las decisiones que correspondan, pero durante mi gestión no alcanzamos a completar esta tarea. En realidad consideramos que tal concentración de funciones en una sola entidad no solo es ineficiente, sino que pone en riesgo el potencial de crecimiento del sector en Colombia.
Tampoco logramos terminar la evaluación de la ejecución del programa Colombia Rural, ni avanzamos suficientemente en la determinación de las fórmulas más eficientes para hacer vías terciarias, aunque sí logramos producir, en el Invias, los manuales y los documentos necesarios para diseñar y contratar las vías terciarias en cuya financiación participe la nación.
Corresponderá a las próximas administraciones diseñar y establecer metodologías para apoyar la capacidad institucional de los municipios colombianos para apropiarse de sus proyectos, lo que implica vincular a las comunidades locales con las obras, y también fortalecer la capacidad de gestión de las alcaldías para que administren de la mejor manera posible los contratos para mejorar y mantener sus vías terciarias.
Finalmente, aunque por el afán de las tareas urgentes, las entidades del sector transporte nunca tienen tiempo para mirarse a sí mismas y reflexionar sobre la posibilidad de mejorar el diseño institucional vigente, considero que estas reflexiones son necesarias, y me habría gustado participar en un debate nacional sobre este asunto, que -desafortunadamente- no tuvimos la oportunidad de dar.
Para dar inicio a este debate, en mi opinión el país debería examinar -entre otros temas- si es más conveniente que el brazo ejecutor del sector transporte esté concentrado en una sola entidad, a cargo de la construcción, operación y mantenimiento de todas las vías nacionales, con dos grandes áreas, una a cargo de concesiones y otra a cargo de los proyectos de obra pública, o si es mejor continuar con la división entre la ANI y el Invias que todos conocemos.
En relación con esta pregunta, considero que cabe cuestionarse si un esquema unificado en cabeza de una sola entidad, que pudiera tomar la decisión sobre si determinado proyecto debe hacerse por obra pública o por APP, dependiendo de sus propias características, del análisis técnico y sociodemográfico del área de influencia del mismo, y en general de los referentes objetivos que permitan siempre tomar la mejor decisión, podría ser más conveniente para lograr la mayor eficiencia y eficacia en la inversión de los recursos del Estado.
Al país le dejamos la gestión de nuestra administración, y la esperanza de que las administraciones siguientes sobrepasarán nuestros niveles de ejecución y refinarán las herramientas y metodologías de transparencia que pusimos en práctica, incluyendo los pliegos o documentos, la publicación de la información de todos los contratos y las veedurías regionales, entre otros muchos mecanismos.
