En su discurso en la ONU el presidente Petro señaló que la guerra contra las drogas se había perdido. Fotografía: Prensa Presidencia.
Por: LUIS EDUARDO CELIS
Asesor de la Fundación Paz y Reconciliación
Se van a cumplir los primeros cien días del gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, y está claro que vienen a cumplir con el mandato que han recibido al ganar: hay que darle un nuevo rumbo al país y asumir tareas no hechas en toda nuestra vida republicana.
Gustavo Petro, lo caracteriza su arraigo popular, el saberse parte de un mundo social de los trabajadores y ese rico mundo de indígenas, afros y campesinos, que bien representa Francia Márquez, un mundo que nunca había gobernado a Colombia y que por primera vez está al frente del rumbo de la nación, para darle un viraje a una tradición donde el poder ha estado detentado por los poderosos de la economía y regido por sus intereses, toda una novedad para una sociedad colombiana con tantos temas a superar para decir que se vive en un Estado social y de derecho como el formulado en la Constitución Nacional del 91 que el M-19 en la paz ayudó a construir y del cual proviene el presidente Petro y que con su llegada a la Casa de Nariño, simboliza un esfuerzo de más de tres décadas por mostrar que sin armas y compitiendo en medio de muchas desventajas, era posible que un hijo de pueblo y sin apellidos en el poder o ligado a la tradición, fuera el primer mandatario.
En estos cien días el presidente Petro ha hecho lo que nadie había dicho y hecho: le dijo a Estados Unidos que la fracasada política contra las drogas hay que superarla, hizo un acuerdo con el gremio ganadero para comprarles tres millones de hectáreas y repartirlas a familias campesinas sin tierra o con poca tierra, ha liderado una reforma tributaria que supera una tradición de exenciones a poderosos capitales y sube las tazas de tributación a quienes más tienen recursos, como un elemental recurso de justicia, para que el Estado pueda hacer las tareas que le corresponden al ser un Estado de derecho, el cual en muchos sentidos está en el papel y no en la realidad.
Con el liderazgo de una amplia bancada en el Congreso de la República, se aprobó el tratado de Escazú, se renovó la ley que hace posible los esfuerzos de paz al igual que la jurisdicción agraria y se envió un claro mensaje de compromiso con el mundo rural y la educación pública al duplicarle los recursos en el presupuesto del 2023, son mensajes claros de un compromiso de gobierno con tareas pendientes en la sociedad colombiana, como lo son superar la exclusión que se vive en buena parte del mundo rural y avanzar en hacer realidad la educación como derecho y no como mercancía a la cual solo se accede si se tiene plata.
Colombia y Venezuela retomaron relaciones diplomáticas después de tres años de ruptura.
Hemos salido de la crispación con Venezuela y hemos regresado al cauce diplomático para afrontar tantos retos con nuestro vecino y hermano, solo un trabajo coordinado y basado en el mutuo respeto nos permitirá construir las políticas de seguridad, migratorias y de mutuo relacionamiento económico que puedan beneficiar a los dos países.
El presidente Petro tiene el ánimo y el mandato de darle un rumbo de inclusión y derechos universales para el conjunto de la sociedad, salir de tantas exclusiones, cerrar todas las violencias organizadas y asumir que es posible vivir realmente en el Estado social y de derecho formulado en nuestra constitución.
Son muchos los desafíos, enormes y que por supuesto tienen contradictores poderosos, que van a defender sus privilegios, prefieren el viejo orden donde han construido esta sociedad de privilegios y democracia de baja calidad, pero hay un presidente con otras aspiraciones y en los primeros cien días ha mostrado que serán cuatro años de acción por el cambio y que por primera vez, vamos a tener una emulación de ideas claramente contrastadas en todos los temas de interés de la sociedad.
El presidente Petro sabe que cuatro años se van volando y que no serán suficientes para hacer todas las tareas pendientes para tener una sociedad de derechos, pacífica y respetuosa de la diversidad, pero está firmemente comprometido en ser el precursor de una transición hacia una democracia de mayor calidad.
