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A Jessica Alexandra Gómez, una joven de 24 años y madre de tres hijos, su pareja le roció gasolina y le prendió fuego. El 40 % de su cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado y unos días después murió en una cama del Hospital Universitario Hernando Moncaleano, en la ciudad de Neiva.

Vivianci Alejandra Blanco, una barranquillera de 25 años, encontró la muerte a manos de su marido, quien le causó 20 heridas mortales con un arma cortopunzante. A Katy Johana Ariza, la encontraron sin vida en una mecedora en la sala de su casa. Su pareja, en un ataque de celos violento y reiterativo, la asesinó con un cuchillo.

Janeth Adriana Aponte, de 45 años, trabajaba en un almacén de cadena en el barrio Kennedy de Bogotá. En la mañana del pasado 27 de mayo desapareció. Horas después, su cuerpo sin vida fue encontrado descuartizado dentro de unas bolsas de basura. Había sido agredida sexualmente.

Yudi Fernanda Pérez, tenía 19 años. Durante tres días estuvo encerrada en un cuarto sin recibir alimento alguno y abusada sexualmente por su pareja. Cuando fue rescatada y remitida al Hospital Universitario de Neiva, los médicos le diagnosticaron un trauma craneoencefálico y una perforación pulmonar. Trece días después murió como consecuencia de las agresiones que recibió durante el encierro.

Michel Yulieth Lara García, apenas había cumplido 12 años. Vivía con su familia en el corregimiento La Sierra, en Chiriguaná, Cesar. Fue abusada sexualmente y luego asesinada.

Abusadas, torturadas, descuartizadas, empaladas, asesinadas. Esa ha sido la triste y desoladora suerte que han corrido 120 mujeres de diferentes partes de Colombia entre enero y junio del 2020.

Sus historias están marcadas por una violencia irracional a manos, en la gran mayoría de los casos, de sus parejas sentimentales. Hombres sin piedad, sin sosiego de violencia, que hacen parte de la larga e interminable lista de verdugos contra mujeres indefensas, aterrorizadas por los golpes, los vejámenes y abusos sexuales que se repiten día tras día y sus gritos de silencio no alcanzaron para salvar sus vidas.

Son 120 historias de horror documentadas por la fundación ‘No es Hora de Callar’ y ‘Feminicidios Colombia’. La primera está en cabeza de la periodista Jineth Bedoya, una mujer valiente, perseverante, que fue secuestrada, torturada y abusada sexualmente el 25 de mayo del año 2000. Han sido 20 años de una lucha incansable para apoyar a las familias de las víctimas y a las mujeres que han logrado sobrevivir a los abusos sistemáticos de sus parejas o familiares hombres.

Ese trabajo lo ha complementado Yamile Roncancio, otra mujer fuerte, que trabaja sin descanso para documentar y denunciar cada historia que encierra esa violencia de género sin límite. Un trabajo sin tregua en busca de que la justicia actúe contra estos depredadores sexuales que amparados en su fuerza bruta, en su rencor y odio, golpean miserablemente a sus parejas, a sus hijas e incluso a sus madres.

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Más allá de las cifras

Una violencia que registran las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que es uno de los primeros eslabones donde las mujeres llegan a una valoración médica. Un lugar frío, donde se llenan formularios, donde se desnuda no solo el cuerpo para mostrar las huellas de esa violencia malsana, sino también el alma en busca de algo de sosiego.

Pero allí solo encuentran las manos de un forense que valora las heridas y unas largas preguntas para determinar el “presunto abuso sexual”. En lo que va corrido de este año, en esa oficina lúgubre se ha valorado a 6.400 mujeres golpeadas y ultrajadas. Los datos que registra Medicina Legal señalan con preocupación que de esa cifra global, 2.655 casos corresponden a menores de edad entre los 10 y 12 años. 875 son adolescentes entre los 15 y 17 años. También esas valoraciones previas señalan que 25 mujeres sufrieron agresiones por intento de asfixia mecánica; 118 presentaban politraumatismos y la casa, su vivienda, fue el lugar donde la mayoría de ellas fueron atacadas.

Día a día se conocen historias tan atroces como la de la niña de 13 años de la comunidad Embera Chamí, que fue violada hace unas semanas por siete soldados cerca a un colegio en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico Risaralda. La pequeña pertenece al resguardo Gitó Dokabú y fue secuestrada y ultrajada sexualmente por los militares.

Para Jineth Bedoya, el confinamiento, que se inició a mediados de marzo por la pandemia del coronavirus, ha desbordado la violencia física y sexual contra las mujeres. “La casa es el mayor peligro para las mujeres. No tienen vía de escape y el trato al que son sometidas por sus parejas es inhumano. 47 feminicidios se han cometido durante la cuarentena”.

Pero lo más delicado y grave de esta violencia sistemática contra la mujer es la paquidermia con la que actúan las autoridades. El 96 % de los casos que han sido debidamente documentados y con la valoración de las mujeres por parte de Medicina Legal, permanecen en etapa preliminar de investigación. “Tienen una noticia judicial, que es como no tener nada”, enfatiza Jineth Bedoya.

Es tan lento el actuar del aparato judicial que tan solo registra 76 feminicidios en lo que va corrido del año, mientras las fundaciones ‘No es Hora de Callar’ y ‘Feminicidios Colombia’, tienen debidamente documentados 120 asesinatos contra mujeres que han sufrido violencia física y sexual.

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A lo mero macho

Ingrid Rusinqui, delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo, señala que esta lentitud en los procesos judiciales está muy relacionada con los prejuicios que tienen buena parte de los operadores de la justicia en el país con las mujeres. Esos funcionarios judiciales tienden a prejuzgar y a señalar que son ellas las culpables de lo que les pasa. “Por esa razón hay que trabajar con mayor fuerza en la promulgación de los derechos de la mujer. En que los investigadores judiciales sean activos en sus indagaciones porque en los casos de violencia física y sexual el tiempo es oro”.

Para Rusinqui, una experta en el estudio sobre violencia a la mujer, cada vez es más necesario que se tenga un perfilamiento de los riesgos que corre una mujer de ser abusada y ultrajada. Ese análisis detallado va a permitir detectar una serie de alertas que pueden prever un feminicidio. “Los cambios de comportamiento, las exigencias de horarios para llegar a casa, la prohibición del uso de ropa ligera, el aislamiento social, prenden las alarmas sobre la posibilidad de un potencial ataque contra una mujer por parte de su pareja”, advierte.

Un ataque que en la mayoría de los casos es alevoso, bárbaro, donde la fuerza bruta es desmedida. Las razones para atacar a las mujeres de esa manera despiadada, está relacionado con una sociedad marcada por el machismo y el patriarcado. “La mujer sigue siendo una propiedad, un objeto que pertenece a alguien y por lo tanto cuando esa pertenencia se va a perder hay que dejar una marca, hay que dañar su cuerpo, para que ningún otro hombre se fije en ella”. Esas palabras crudas y cargadas de verdad, las pronuncia Diana Caro, quien durante varios años ha seguido las huellas de los ataques a las mujeres desde la Fundación Feminicidios Colombia.

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En tiempos de aislamiento

Para Jineth Bedoya el confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus tiene aún más expuestas a las mujeres para que se conviertan en blanco fácil de los ataques de sus parejas. La fundación ‘No es Hora de Callar’ trabaja muy de la mano con el call center de la Policía Nacional a través de la línea 155.

Las llamadas de auxilio por parte de las mujeres están desbordadas. Más de 75.000 auxilios han sido atendidos en la línea 155 en lo que va de los más de 100 días de confinamiento. El trabajo que se realiza desde allí es vital para que desde la Fundación se pueda orientar a las mujeres y lograr atender los casos de alto riesgo.

Uno de los caminos a seguir en busca de proteger la vida contra la violencia intrafamiliar son las Comisarías de Familia. En el país existen 1.237 y dependen directamente de las alcaldías. Su función en el papel es prevenir y garantizar los derechos de las familias vulneradas por situaciones de violencia intrafamiliar.

En la práctica no son tan eficientes como esperan las mujeres que sufren violencia por sus parejas. Ingrid Rusinqui señala que se requiere con urgencia dotar a las Comisarías de Familia de funciones específicas que les permita ser más autónomas y diligentes para atender a las mujeres que buscan apoyo en estas dependencias.

En las principales ciudades del país prestan un mejor servicio, sin ser el más eficiente, mientras en los pueblos se les utiliza para todo lo que desvirtúa su razón de ser. “El proceso está fallando y es urgente articular su función. Que tengan un equipo interdisciplinario, que actúen a tiempo y su trabajo haga parte de una ruta que permita judicializar lo más pronto posible las denuncias de abuso y maltrato contra la mujer. El Gobierno, con la colaboración de la Defensoría del Pueblo, trabaja en un proyecto de ley que será presentado en la próxima legislatura con el fin de convertir las Comisarías de Familia en verdaderas herramientas jurídicas en favor de la mujer”.

En esta época de confinamiento, solo la Personería de Bogotá ha recibido más de 8.000 denuncias por violencia familiar. Entre marzo y abril, en plena cuarentena, se interpusieron 5.668 denuncias por mujeres golpeadas y maltratadas por sus parejas. La línea Púrpura del Distrito colapsó, las llamadas

de auxilio han tenido un aumento del 230 %. La Secretaría de la Mujer, se vio obligada a redoblar sus esfuerzos para garantizar su atención. Antes de la pandemia se atendía un promedio entre 30 y 40 % de casos. En las casas de Igualdad de Oportunidades los equipos interdisciplinarios han atendido 2.141 casos y han prestado asesoría psicológica a más de 1.500 mujeres.

Los gritos del silencio, del dolor, de la tortura, –esos que en muchas ocasiones escuchan los vecinos–, a veces no son suficientes para prender las alarmas y evitar tantas muertes de mujeres indefensas que un día abrieron su corazón para amar y soñar. Sueños que hoy se han convertido en pesadillas y en una cifra más en la lista de mujeres asesinadas por sus parejas. Solo en este año, a 120 de ellas sus verdugos las llevaron a la tumba.

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Según la ONU, en el mundo a mayo de 2020, 243 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años, han sido víctimas de violencia física y sexual

Durante la cuarentena, las llamadas de auxilio por parte de las mujeres están desbordadas, 75.000 han sido atendidas en la línea 155

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