Por general (RA) Guillermo León León

Excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana

Lo que se debe evitar es que los temas de seguridad y defensa, que son un bien público de todos los colombianos, se conviertan en un caballo de batalla política.

A raíz de la publicación en un artículo titulado “Los aviones de combate de última tecnología que comprará Colombia”, se ha encendido una nueva polémica en los círculos políticos, en particular, en el Congreso de la República, con voces a favor y en contra de este proyecto. 

Desde luego, una compra de esta magnitud requiere el escrutinio público y los debates en las comisiones respectivas del Senado y Cámara, pero lo que se debe evitar es que los temas de seguridad y defensa, que son un bien público de los colombianos, se conviertan en un caballo de batalla político, salpicado por ideas lejanas a los preceptos constitucionales sobre los fines del Estado y con sombras sobre un tema que debe ser claro y trasparente para todos. 

El remplazo de nuestra flota de aviones de combate es, a todas luces, una necesidad inminente e inaplazable para alcanzar una disuasión que garantice la seguridad y la defensa del Estado.

La flota actual de aviones Kfir tiene más de cuarenta años de construida. Durante su trayectoria en Colombia ha sido sometida a dos procesos de modernización, con el fin de mejorar sus equipos, aumentar sus capacidades y conservarla vigente. Si bien este proceso potenció la tecnología de sus sistemas de adquisición y entrega de armas, guerra electrónica y navegación, acercándolo a la generación 4.5, otros sistemas, como sus plantas motrices, los sistemas hidráulicos, eléctrico y de controles de vuelo, que están entrando en una etapa de obsolescencia, permanecen en su versión inicial. Esto se debe, en primer término, a que muchas de sus partes y componentes corresponden a tecnologías antiguas poco eficientes (incremento del índice de fallas) y de alto consumo (combustible e insumos). En segundo lugar, cada día es más difícil lograr la sostenibilidad logística; las fábricas ya no producen partes y repuestos nuevos, pues solo está disponible el mercado de reparaciones que son cada día más costosas y prolongadas, debido a la poca sustitución de las partes averiadas.

Las razones anteriores significan un enorme esfuerzo para mantener el alistamiento de la flota y explican su alto costo de operación. Una hora de vuelo de un avión Kfir está alrededor de los 60 millones de pesos, mientras que la de un avión F-16 cuesta un 50% menos de ese valor.

Cabe citar al mariscal Montgomery, líder militar británico de la Segunda Guerra Mundial, quien afirmaba: “Si perdemos la batalla aérea, perdemos la guerra y la perderemos rápidamente”. Colombia sigue enfrentándose a serias amenazas en el ámbito interno. Los grupos armados organizados (GAO) persisten en perturbar la tranquilidad de los colombianos y ejercen una violencia que exige toda la contundencia del Estado para ser neutralizada, en la cual los aviones Kfir han sido efectivos. 

En el caso del narcotráfico, el país ha logrado reducir al mínimo el uso ilegal de su espacio aéreo para el tráfico de estupefacientes, gracias a un sistema de defensa con radares y aviones interceptores de alto rendimiento, fundamentales para cumplir esa tarea.

Adicionalmente, Colombia enfrenta una situación compleja en su vecindario. Por un lado, un Gobierno dictatorial, compulsivo e impredecible, que con frecuencia hace gala de su poder aéreo y amenaza con enviar sus aviones Sukoy para atacar la capital. Lo anterior, aunado a los frecuentes incidentes en la frontera común, acompañados, en algunas ocasiones, con violaciones del espacio aéreo nacional que pueden desembocar en la materialización de dichas advertencias y nuestra única defensa estaría representada por nuestros aviones de combate. 

Por otro lado, en el Caribe, el país tiene un tema de fronteras marítimas por definir. Las pretensiones de Nicaragua, con el respaldo de Venezuela y los intereses de Rusia y China en el sector, hacen necesario contar con una fuerza disuasiva que respalde las decisiones futuras de nuestro Gobierno. Hechos como la expulsión de espías venezolanos y de funcionarios de la Embajada de Rusia demuestran la intención y confirman las intimidaciones. Es preocupante el caso de un venezolano que adelantó actividades de inteligencia sobre la base aérea de Palanquero, la unidad estratégica más importante del país. 

Los colombianos no debemos dejarnos seducir por quienes pretenden enredar a la opinión pública con el falso dilema acerca de qué es lo más importante para nuestro país: la atención de la pandemia o la compra de los aviones de combate, o sobre el propósito de la reforma tributaria: comprar aviones o superar la epidemia. Es claro que la prioridad del Gobierno nacional es la salud e impulsar la reactivación económica, pero la necesidad de remplazar los aviones de combate no es un tema nuevo. 

Desde el año 2013, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), de manera juiciosa y responsable, inició el análisis y el estudio para prever dicho escenario. El requerimiento se le presentó al Gobierno anterior, pero, por razones coyunturales o políticas, la decisión se aplazó. Sin embargo, la FAC ha mantenido vigente el estudio y lo ha definido como horizonte de operación de los aviones Kfir para 2023, según el ministro de Defensa, Diego Molano. 

Si para realizar el cambio tenemos como límite el año que mencionó el ministro, estamos ante una disposición inaplazable y, de no hacerse, el Gobierno nacional debería asumir la responsabilidad de haber dejado desprovisto al país de su capacidad estratégica más relevante. El cambio contempla dos aspectos: un estudio de financiación, por los significativos costos que implica la compra, que difiera el pago de la deuda y conserve el equilibrio financiero del Estado, y asumir los procesos largos y dispendiosos que esto conlleva, pues la negociación y la firma del contrato pueden tardar, como mínimo, un año, a un buen ritmo, y otro año para ver salir de la línea de producción el primer avión aterrizado en Colombia. 

Estamos contra la pared en lo que se refiere al tiempo. Por eso debemos reflexionar sobre lo que significa esta capacidad estratégica y tomar la decisión de invertir en la modernización de los aviones como garantía de seguridad y defensa para nuestro país; de lo contrario, no tendremos cómo remplazar nuestra flota Kfir y quedaremos en extrema vulnerabilidad. 

Con el paso de los años, todas las capacidades estratégicas para la defensa del país se van degradando; lo que está pasando con los aviones de combate también ocurre con las capacidades terrestres y navales, las cuales deben ser recuperadas y mantenidas. Ahora pensemos en cuánto le cuesta al país, en vidas humanas, la prolongación del narcoterrorismo y sus estelas de miseria, pobreza y desplazamiento. Cuánto nos costaría la recuperación de infraestructura crítica afectada (petrolera, eléctrica, vial, productiva y de comunicaciones), si fuéramos objeto de ataques aéreos.

Cuando instalamos un sistema de alarma en nuestra casa o vehículo, no lo consideramos un gasto, sino una inversión para preservar nuestro patrimonio; así mismo, el país demanda la protección de la vida y del patrimonio de todos los colombianos.