Buenaventura ha sido, a lo largo de su historia, una tragedia griega: ha estado cargada de fatalidad, del sentido de lo funesto, marcada por esa condición humana de la ambición de sus gobernantes que, en buena parte, ha determinado su existencia. Ha sido un destino ineludible, inevitable, que se repite como una maldición que solo sabe conjugar el verbo sufrir. Como decía Sófocles en la obra Antígona: “Los héroes son conscientes del sufrimiento de su pueblo y de la suerte que les espera”. 

Una suerte adversa y perversa. Cuatro de los últimos cinco alcaldes están presos. Los cuatro, procesados penalmente por robarse los dineros del erario destinados a obras sociales, de educación de niños y jóvenes y del acueducto, que empezaron hace una eternidad, pero el agua potable no llega a buena parte de los 400 000 habitantes que tiene esta ciudad, a pesar de los miles de millones de pesos que se han invertido en su dotación. “Cuando llega agua a las casas de los barrios más pobres es porque ha llovido”, dice irónicamente Jonathan Díaz, un joven de 21 años que forma parte del movimiento Buenaventura Resiste.

A Buenaventura se la han robado y se la han vuelto a robar. Vive en un constante déjà vu, como lo afirma Óscar Gamboa, director ejecutivo de la Asociación nacional de alcaldes de municipios con población afrocolombiana (Amunafro) y uno de los mayores expertos de la realidad social de Buenaventura. “Hace unos pocos años estaba sumida en la crisis de las casas de pique y hoy se repiten escenarios similares; hubo una movilización social con plantones en el puente de El Piñal, marchas y expresiones organizativas sociales que asumieron la vocería para expresar la inconformidad, y hoy se repite. Antes se llamó el Comité de paro y hoy se llama Colectivo de jóvenes”.

Gamboa se crió en medio de esa crisis social, de pocas o casi nulas oportunidades de futuro; es hijo de un trabajador del puerto marítimo, como lo son buena parte de los bonaverenses. Tuvo el privilegio de educarse y, con el paso del tiempo, ha trabajado en distintas dependencias gubernamentales desde las que le ha tendido la mano a su ciudad, aunque el resultado final ha sido frustrante. ¿Qué está pasando en Buenaventura? Es una constante pregunta que se plantea: “Es una acumulación de circunstancias que tienen origen en lo local, lo nacional, lo internacional y, sobre todo, en el tema de seguridad. Es una situación compleja que requiere de decisiones muy audaces para sacar a la ciudad de la pobreza extrema”. Una pobreza que se refleja en las frías cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las cuales muestran que el 71 % de las viviendas carece de energía; la pobreza multidimensional llega al 41 %, muy por encima de la media del país, que es del 19,6 %; el 18,3 % no cuenta con servicio de alcantarillado; el 54 % de las viviendas (165 686) no tiene acceso a Internet. Los índices de analfabetismo llegan al 8,3 %, mientras los de calidad de la educación están por debajo del 60 %. 

Las maldiciones 

Las maldiciones de Buenaventura se centran en la corrupción y el narcotráfico. Las dos han ido de la mano y se han enquistado en la Administración pública y en el puerto marítimo, considerado el más importante del país y que moviliza al año 21,5 millones de toneladas de carga, que superan los 16.000 millones de dólares. 

Carlos Hernán Rodríguez, quien ocupó los cargos de auditor general de la Nación y la Dirección de la Defensoría del Pueblo, en el Valle, tiene claro el problema de fondo de Buenaventura y lo resume en una frase: “Plata que se gira para los proyectos sociales, plata que se roban”. Y agrega: “No es viable una Administración pública de la que los últimos cuatro alcaldes están presos por robar. Se robaron la plata del acueducto, se robaron los dineros de la educación y de los proyectos de infraestructura. Más de cien funcionarios están hoy con procesos penales en la Fiscalía”. 

La voracidad por los recursos públicos tiene entre rejas a cuatro alcaldes. En esas Administraciones, la Fiscalía General de la Nación determinó que solo en el proyecto del acueducto se gastaron más de $200 000 millones sin resultado alguno, porque hoy el agua no asoma por los grifos. Varias obras de infraestructura se pagaron con dineros girados de las regalías del puerto, pero nunca se llevaron a cabo y otras fueron dejadas por los contratistas a mitad de camino. 

Esos mismos cuatro alcaldes dejaron a la Administración de Buenaventura prácticamente en la bancarrota. Hoy afronta un déficit superior a los $230 000 millones, cinco veces mayor a los recursos que le quedan para libre inversión. “Cuando uno analiza la forma como los administradores públicos les han dado uso a los recursos que estaban destinados a mejorar las condiciones sociales de una ciudad, que buena parte está en el renglón de la extrema pobreza, concluye que es inviable, que no hay posibilidad alguna de sacarla adelante. Y menos aún cuando ese detrimento patrimonial es sistemático”, enfatiza Rodríguez. 

Esa maldita plaga de la corrupción que ha sumido a Buenaventura en los índices más bajos de niveles educativos, servicios públicos e infraestructura se refleja en las investigaciones realizadas por los entes de control. La Contraloría General de la Nación pudo determinar un listado de 95 funcionarios con responsabilidad fiscal de las cuatro últimas Alcaldías: 45 de ellos fueron ya condenados por malversación y apropiación de dineros públicos y 50 más están a la espera de fallos que los responsabilizan por los mismos delitos de corrupción. 

Mientras los índices de analfabetismo, de acuerdo con el DANE, llegan al 8 % de la población, el 37 % de los bonaverenses solo terminó la educación primaria y tan solo un 7 % logra llegar a estudios universitarios, los últimos alcaldes están presos, entre otras razones penales, por la malversación de los dineros para la educación. 

A Saulo Quiñónez, quien en 2007 estuvo al frente de la Alcaldía de Buenaventura, agentes del CTI de la Fiscalía lo capturaron como consecuencia de una investigación adelantada por la pérdida de $11 600 millones que estaban destinados a obras de colegios en las zonas rural y urbana de la ciudad. Durante su administración se gastaron miles de millones de pesos en alumnos que no existían, mientras los existentes quedaron por fuera de la cobertura escolar. 

José Félix Ocoró, quien llegó posteriormente al cargo de alcalde, también fue condenado a dieciocho años y nueve meses de prisión, entre otros múltiples actos de corrupción, por cobrar al Gobierno central una millonaria suma para la educación de 40 000 estudiantes que jamás existieron. Por su parte, Bartolo Valencia contrató con fundaciones fantasma y escuelas de garaje que cobraban por alumnos inexistentes.

Pero no solo se han robado los dineros de la educación, sino también los de la salud. El alcalde Eliécer Arboleda está tras las rejas junto con otros nueve de sus funcionarios por el detrimento de $5000 millones destinados para el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, el único que tiene Buenaventura y que estuvo cerrado durante casi cuatro años porque los dineros públicos destinados para su puesta en funcionamiento desaparecieron. 

En manos de políticos 

Para Óscar Gamboa, esta cruda realidad se presenta por varias razones: la primera es la dramática situación del desempleo. La informalidad supera el 70 % y el poco trabajo formal lo genera el puerto marítimo, que cada día está más tecnificado y necesita menos mano de obra. “La única alternativa para empleo formal está en la Administración pública. La Alcaldía es el empleador local y esos cargos públicos valen oro. Por esa razón, una campaña política en Buenaventura es de las más costosas en el país, porque todos quieren participar para saber cómo van después en los temas de contratación”. 

La segunda razón es que los alcaldes están hipotecados políticamente y llegan a la silla de la Alcaldía a la espera de que el grupo político de turno les dé las coordenadas para proyectar su plan de desarrollo, que es la brújula de un gobernante y que traza con anterioridad con su equipo técnico de trabajo. “En Buenaventura ocurre todo lo contrario: son los jefes políticos quienes definen a dedo quién debe ocupar cada cargo y para qué intereses particulares debe trabajar”, agrega Carlos Hernán Rodríguez. 

El actual alcalde, Víctor Hugo Vidal, quien lideró el paro de 2017, es el claro ejemplo de ese contubernio entre Administración y jefes políticos. Su campaña la hizo bajo las banderas de la coalición política entre el Polo Democrático y la Colombia Humana. “Son líderes ocasionales, sin formación en la función pública, con un manejo torpe de las relaciones con el Gobierno central, que dificultan aún más el funcionamiento de los programas sociales. Hoy, la vocería del alcalde está en manos del senador Alexander López, que pertenece al Polo Democrático y que ha entorpecido por completo la relación con la Casa de Nariño”, expresa Gamboa. 

La revista Alternativa trató de comunicarse en reiteradas oportunidades con el alcalde Vidal para conocer su opinión sobre los temas más sensibles que afronta Buenaventura, pero no fue posible que atendiera una cita con los reporteros. Su gestión no solo es cuestionada por los analistas, sino también por los líderes del movimiento juvenil Buenaventura Resiste. 

Para Jonathan Díaz, las reuniones que han tenido con Vidal les han dejado un mal sabor de boca. “Cuando le hemos pedido incrementar las medidas de seguridad, que hoy por hoy es uno de los temas más delicados de la ciudad, sus respuestas son vagas, sin ningún plan de acción”. 

En diversas reuniones, los jóvenes le han planteado al alcalde que las cámaras de seguridad que están ubicadas en lugares estratégicos de la ciudad son una ayuda vital para controlar los problemas de seguridad, pero se han encontrado con una respuesta que los ha dejado sorprendidos: “De las 63 cámaras que hay, solo funcionan 3. Y hay un mínimo presupuesto que no supera los 30 millones para el mantenimiento y buen funcionamiento. Pero lo más preocupante es que poco o nada le importa que funcionen o estén fuera de servicio”. 

Inseguridad y narcotráfico 

La tercera razón de la situación que vive Buenaventura tiene que ver precisamente con el tema de seguridad, que va más allá de los serios problemas de las bandas dedicadas al narcotráfico, al mercado negro de armas y a la minería ilegal del oro. 

Leonard Rentería es la cabeza más visible del movimiento Buenaventura Resiste. Es un líder nato que ha sabido manejar la plataforma juvenil por su experiencia como rapero. “La única manera de garantizar la vida de miles de jóvenes es con un plan estratégico de seguridad. Que haya una intervención real por parte de las autoridades. Que la Alcaldía lidere ese proyecto, como jefe de la Policía local”. 

Para los bonaverenses, la inseguridad se ha disparado a índices nunca vistos. Los jóvenes temen por su vida, porque los robos a mano armada están ocurriendo a cualquier hora del día y los delincuentes no tienen respeto por la vida. “Llegan en motos, acorralan a los transeúntes y les piden sus celulares, billeteras, joyas. Lo hacen a punta de armas de fuego y, si hay alguna resistencia, no dudan en disparar”, cuenta Lorna Alomía, una joven estudiante de Administración que en días recientes fue abordada por un grupo de delincuentes que la despojaron a ella y a sus cuatro amigos de todas sus pertenencias. 

La inseguridad ciudadana se ha acentuado aún más por las bandas de narcotráfico que se disputan el control de una de las rutas más rentables del mercado ilícito de drogas, como es el puerto de Buenaventura. Para el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional, el enfrentamiento entre antiguos socios y aliados ha desencadenado una serie de asesinatos que, en el mes de enero, registró la fría cifra de 32 personas que perdieron la vida por cuenta de las balas. 

Dos grupos, conocidos como Los Chotas y Los Espartanos, trabajan con organizaciones mexicanas y han sembrado el terror en la ciudad. “Son grupos que nacieron en los barrios populares, que escogieron sus nombres de una película jamaiquina que muestra la guerra por el control de las drogas en Jamaica y las atrocidades que cometen. De ahí sacaron sus nombres, sus alias, su forma de operar en los barrios y de reclutar jóvenes, a los que les ofrecen 800 000 pesos por matar”, relata un exintegrante de Los Chotas, quien pidió reserva de su nombre por seguridad y que hoy colabora con las autoridades para entender más el fenómeno de lo que ocurre con estas organizaciones criminales. 

A esas bandas delincuenciales se une otro grave problema de seguridad: el tráfico de armas. Como es ciudad portuaria, el transporte fluvial facilita la movilización del armamento que va a manos del ELN, de las disidencias de las FARC y de grupos paramilitares. “En eso están trabajando la Policía, el Ejército y la Marina. Sabemos que ese negocio está amparado por las organizaciones del narcotráfico. Las labores de inteligencia han permitido establecer su modo de operaciones y tenemos la certeza de que muy pronto el país conocerá de importantes resultados”, anuncia el general Vargas. 

La otra pata de la mesa de los negocios ilícitos corresponde a la explotación ilegal de la minería, en especial, del oro: el “metal maldito”, como lo conocen los bonaverenses, el que ha dejado un reguero de muertos y el ajuste de cuentas en las terribles casas de pique. Como lo señala monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura, ahora esos crueles asesinatos y la desmembración de cuerpos se trasladaron a los esteros, donde humildes familias buscan encontrar un gramo de oro que les cambie la vida. O a fosas comunes, para evitar que las víctimas sean identificadas. “Ahora han cambiado la forma de hacerlo, pero siguen desapareciendo a la gente y la entierran en zonas boscosas”, puntualiza monseñor.

Las cifras de Medicina Legal son el reflejo de lo que está ocurriendo en Buenaventura. La tasa de homicidios aumentó del 22 al 36 % en los últimos tres años por cada 100 000 habitantes. Las muertes violentas de jóvenes entre 15 y 24 años se dispararon al 35 %. Una violencia que no da respiro. 

Las cuentas del paro cívico

“¡Qué nos pasa, carajo! El problema no es solo de Bogotá”. Óscar Gamboa suelta esta frase de desesperanza y, a la vez, de reflexión frente a lo que hoy vive su Buenaventura. Lo hace porque, después del paro de 2017, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos adquirió un repertorio de compromisos. La lista es larga y eterna, como lo es en cifras: más de 11 billones de pesos para sacar a la ciudad de la extrema pobreza.

El gobierno del presidente Iván Duque encontró que, de ese largo catálogo de compromisos, no se había dejado nada listo y hubo necesidad de adelantar reuniones con el Comité del paro para ajustar las necesidades, determinar prioridades, buscar el dinero y poner en marcha un plan socioeconómico de choque.

Pero más allá de la plata, como lo plantea Gamboa, el problema es de gerencia. ¿Cómo garantizar que el manejo de esos enormes recursos económicos sea transparente y se cumpla la única función real, que es de la inversión social y de infraestructura, si se tiene el antecedente de cuatro alcaldes que están pagando condenas por robo al erario? 

Para Gamboa, la solución está en que el Gobierno central enfrente escenarios de crisis, que imponga un ritmo de celeridad en las obras y comience cuanto antes, porque la situación no da espera. 

El ministro del Interior, Daniel Palacios, tiene claro que los compromisos con Buenaventura son ineludibles y que el paquete acordado y ajustado supera los 11 billones, que deben invertirse en los próximos diez años. Pero hay ya 1 billón listo para obras. Se elaboró un trabajo con el Comité del paro, que demandó horas de negociaciones, y se fijó una hoja de ruta: 6000 millones de pesos se invertirán en el Plan Integral de Buenaventura. La apuesta es cumplir con la meta de otros 70 acuerdos al finalizar el año. 

Buenaventura necesita con urgencia la mano del Gobierno, pero también necesita con urgencia que esos recursos tengan buen puerto. Las esperanzas están centradas en los empresarios. La Cámara de Comercio ha cumplido un papel clave y será fundamental para que la ciudad sea viable, así como el trabajo que deben hacer las autoridades para dar con el paradero de los jefes de las bandas y desarticular los negocios ilícitos que dejan muerte y desolación. Los jóvenes tienen una esperanza y serán los fiscalizadores para que en Buenaventura haya buen viento y buena mar.