En manos de los cinco magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, está la decisión si el expediente contra Álvaro Uribe Vélez continúa en esa corporación o coge el camino de la Fiscalía. El expresidente ha señalado que la providencia tiene solo fundamento vengativo, que los magistrados tienen un proceder mafioso y que es un hombre “secuestrado”
El expresidente Álvaro Uribe Vélez y su equipo de abogados en cabeza del jurista Jaime Granados, decidieron jugarse una moneda al aire para que el caso que adelanta la Corte Suprema de Justicia como “presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y por fraude procesal”, coja el camino rumbo a la Fiscalía General de la Nación.
Para ello, el expresidente Uribe jugó las cartas y lo hizo duro. Primero, decidió que sus abogados no presentaran recurso de reposición contra la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, porque eso sería legitimar el procedimiento del Alto Tribunal. Acto seguido, fiel a su carácter guerrero, pegado a sus principios políticos y sin pelos en la lengua, decidió enfilar baterías contra la Corte y señaló vehementemente a los magistrados de tener un proceder mafioso y al senador Iván Cepeda, el origen de todo este capítulo judicial, lo llamó la nueva generación de las FARC.
Para buscar que el proceso salga de las manos de la Corte Suprema de Justicia y pase a la Fiscalía, jugó su segunda carta: renunció al Senado de la República, una de las decisiones políticas más difíciles de tomar. Su partido político, el Centro Democrático, pierde a su faro, el guía que lo llevó a convertirse en uno de los movimientos políticos con más fuerza dentro del parlamento y que tuvo en el hoy exsenador su máxima figura. Su decisión también tiene un efecto colateral que alcanza a la Casa de Nariño.
El presidente Iván Duque pierde el principal alfil y soporte político, no solo en el Congreso sino dentro del partido. Uribe amansaba las tormentas dentro del Centro Democrático, donde hay una combinación de fuerzas entre la derecha radical y la moderada, que es más de los afectos de Duque. Ninguna decisión de su bancada se hacía pública sin la bendición del hoy exsenador.
El caso
El caso de Álvaro Uribe que adelanta la Corte Suprema de Justicia es complejo. La acusación de soborno de testigos y fraude procesal, son delitos graves. Se le acusa de haber determinado la manipulación de testigos que realizó Diego Cadena, uno de sus abogados. El problema está en que esos testigos iban a declarar contra Uribe para demostrar sus supuestos vínculos con el paramilitarismo cuando en ese entonces era gobernador de Antioquia.
El tema recobró importancia cuando Uribe ya era senador y en un debate acalorado y de señalamientos mutuos, el congresista Ivan Cepeda, dijo que Uribe estaba presionando esos mismos testigos en su contra y que varios integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo, tenían la tarea de conseguir esos testimonios falsos en las cárceles del país.
La Corte Suprema asumió la investigación y después de largos meses de filtraciones de laS investigaciones que adelantaba el Alto Tribunal, el país inmerso en la pandemia del coronavirus, fue sacudida con la orden de detención domiciliaria del expresidente Uribe.
Qué viene
El camino que ha emprendido el equipo de abogados del expresidente Uribe para que el caso pase a manos de la Fiscalía General de la Nación no es nada fácil y por el contrario, es espinoso y culebrero. Incluso tiene enfrentadas opiniones de eminentes juristas. En un lado están quienes afirman que los delitos por los cuales la Corte Suprema tiene detenido a Uribe no son conexos y no se dieron durante la gestión como senador de la República y por lo tanto, los magistrados no tienen camino distinto que enviar el expediente a la Fiscalía.
Otra parte de los juristas señalan que la Corte debe continuar con el proceso porque si bien los hechos señalados se dieron en momentos en que Uribe era gobernador, sus colaboradores de la Unidad de Trabajo Legislativo actuaron bajo el pedido del hoy exsenador.
Para la defensa de Uribe, si bien la denuncia surgió en un debate en el Congreso, los delitos que hoy imputa la Corte Suprema no tienen ninguna relación directa con su trabajo legislativo y por lo tanto el proceso debe ir directamente a la Fiscalía.
La decisión está en manos de los cinco magistrados que conforman la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Se requiere un mínimo de cuatro votos para dirimir si el proceso continúa en la Corte o por el contrario, va a la Fiscalía.
En caso de que la decisión sea en favor del expresidente Uribe, hay otra pata que le salta a la liebre. Una jurisprudencia del magistrado Alfredo Gómez Quintero de septiembre de 2011, señala que el proceso que va a la Fiscalía debe continuar bajo el amparo de la Ley 600, es decir, en el viejo sistema inquisitivo, donde la Fiscalía actúa como investigador y quien define la suerte del acusado es el juez, quien además determinará si Uribe continúa bajo medida de detención domiciliaria durante el proceso o podrá hacerlo en libertad.
Para la defensa jurídica de expresidente Uribe, el proceso debe cumplir un trámite y el caso se debe continuar bajo el actual modelo de la Fiscalía que es el sistema acusatorio, donde se designa un fiscal del caso, se adelanta la correspondiente investigación y se determina si hay méritos para imputar cargos o por el contrario, para archivar.
La otra pregunta que ha surgido es qué camino le queda al equipo de abogados de Uribe en caso que los cinco magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte, decidan que el expediente continuará en esa Corporación. Los expertos señalan que la única salida posible es una tutela contra la decisión de los magistrados. Pero no es simple el proceso ni tampoco quien tendrá que estudiar ese recurso. Llegaría a la Sala Civil de la Corte Suprema, quien tendría la decisión en sus manos. Y como están las cosas en este momento entre Corte y Uribe, no pinta bien la situación para el exsenador.
Uribe quiere que el proceso vaya a la Fiscalía porque asegura que tienen mejores garantías, habrá más tiempo para que los fiscales amplíen el tiempo de investigación, el sistema acusatorio tiene una serie de recursos que podrá interponer y que en el modelo que tiene la Corte no son procedentes.
En la Fiscalía ya hay un terreno ganado y tiene que ver con la investigación contra el abogado Diego Cadena. El fiscal del caso, Daniel Hernández, en su exposición sobre la evidencia señaló que “Cadena no solo engañó a la administración de justicia, sino también a los abogados titulares y a su cliente”. Y ese cliente era Álvaro Uribe Vélez.
Para la defensa de Uribe, si bien la denuncia surgió en un debate en el Congreso, los delitos que hoy imputa la Corte Suprema no tienen ninguna relación directa con su trabajo legislativo.
