El problema carcelario en Colombia vuelve a estar en la agenda de los asuntos que más preocupan en nuestro país. El hacinamiento, los casos de corrupción, los amotinamientos y en general las malas noticias ya son recurrentes. Sin embargo, los desafortunados eventos que se han presentado y la búsqueda de soluciones rápidas a un problema real, muchas veces nubla la posibilidad de un análisis serio y responsable sobre las verdaderas causas del problema y la implementación y evaluación de una política pública que pueda trascender al escándalo del momento. Destituir injustamente al director del Inpec cada vez que se presenta una falla, aplaca la fiebre del momento pero en nada contribuye en la solución responsable de la situación.
Veamos algunas cifras importantes. Según la información oficial del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia Inpec, hoy en día la población intramural en Colombia es de 97.375 internos y la población con detención o prisión domiciliaria es de 72.209 personas. A su vez la capacidad instalada es de 80.922 cupos lo que arroja una sobrepoblación cercana a los 16.500 internos lo que en términos porcentuales significa un hacinamiento del 20%. Sin lugar a dudas, 16.000 personas por encima de la capacidad de las cárceles es una cifra muy importante. Sin embargo, es preciso hacer algo de contexto histórico y global del problema para saber con certeza que tan mal estamos.
Más cifras: en Colombia en 1975 teníamos 32.505 reclusos, en 1985 había 28.407, en 1995 la cifra era de 33.258, en el 2000 se llegó a 51.518 y en el 2022 es de 97.375 internos. Eso significa que en estos momentos tenemos en Colombia 128 personas privadas de la libertad por cada 100.000 habitantes. En el mundo, Estados Unidos ocupa el primer lugar de personas detenidas o condenadas también por cada cien mil habitantes, China el segundo puesto, Brasil el tercero y Colombia el puesto 17. En un ranking del World Prison Brief (WPB), la principal base de datos mundial sobre asuntos penitenciarios, que es compilado por el Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia (ICPR, por sus siglas en inglés) los niveles de hacinamiento en Colombia están lejos de ser de los peores. Haití, Brasil, Bolivia, Perú o Venezuela tienen cifras impresionantes. En el deshonroso ranking aparece Ecuador en el puesto 18 con un hacinamiento del 133%. Esto quiere decir que Colombia no está bien pero no está tan mal como creemos. A pesar de la percepción general, el Inpec no es el desastre que todo el mundo cree. Insisto: no quiere decir esto que estemos bien. Ningún sistema que sobrepase la capacidad instalada puede funcionar. Es como tener un hotel para 100 huéspedes en donde se alojen más personas, lo que afecta la alimentación, la atención médica, la seguridad etc.
Construir más cárceles no es una propuesta fácil
Rápidamente se podría concluir que se deben construir más cárceles. Sin embargo, no es tan fácil como parece. Los expertos aseguran que más cupos no es una solución de fondo. Y creo que tienen razón. Este tema tan sensible debe ser un capítulo especial de la política criminal donde se puedan sentar las bases de una política integral que abarque los siguientes temas: prevención del delito, determinación de penas alternativas a la privación de la libertad, acceso a la justicia y asistencia jurídica, reintegración social y prevención de la reincidencia entre otros. La UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se ocupa hace ya varios años del tema y abundan documentos y estudios serios para manejar el problema. Lo que sí resulta absurdo es reaccionar precipitadamente destituyendo a altos funcionarios cada vez que hay una fuga, creyendo injustificadamente que el Inpec hay que acabarlo o prohibir las asociaciones sindicales de los guardianes. Eso no es ninguna solución.
