Jaime Arrubla Paucar

Director Revista Alternativa

Desde la firma del primer Acuerdo de Paz en Cartagena, el 26 de septiembre de 2016, y del segundo, para atender los ajustes del referendo, el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá, que pretendían poner fin al conflicto con las FARC —la guerrilla más antigua de América—, ya han pasado cuatro años, y se ha generado la reflexión pública, un balance acerca de si se ha conseguido o no el propósito buscado, de si ha reconstruido el tejido social en Colombia; análisis que parte incluso de la crítica, aparecida en el New York Times, al Premio Nobel que se le concedió a Colombia en cabeza de su presidente de la República en ese momento; pasa por el restablecimiento de grupos guerrilleros a lado de los disidentes de las antiguas FARC, por la continuidad del narcotráfico que financiaba la guerrilla, la verdad que tanto se esperaba y que no han declarado sus exmiembros, la muerte de cientos de líderes sociales y la justicia restaurativa y transicional que no se ha cumplido.

Al Gobierno y a su partido se les acusa por los opositores de torpedear los acuerdos de paz. Arrastra el estigma del partido que sostuvo y triunfó en las urnas con el “no” a los acuerdos. Sin embargo, se presentan algunos avances en la implementación que no pueden desconocerse. Impulsar la reincorporación para que los excombatientes vuelvan a la vida civil es uno de ellos. Los proyectos productivos pasaron de uno solo que dejó la anterior administración a 1.531 de la actualidad, que benefician a cerca de 4.600 exguerrilleros. Se extendió el arriendo y el pago de los lugares donde se adelanta la reinserción. También, se han acumulado más de 790.000 hectáreas al Fondo de Tierras, como parte de los tres millones que se pretenden repartir entre los campesinos, como se acordó en La Habana. 

Hay avances en el tema de proyectos productivos; no obstante, se dice que el 71,3 % de los excombatientes no tienen un programa financiado por el Estado. Se ha priorizado la financiación de proyectos individuales, que favorecen a un 16,6 % de los exguerrilleros, mientras que la antigua guerrilla insiste en la importancia de los programas colectivos, que cobijan al 12,1 % de los firmantes.

La realidad muestra que la tan codiciada paz no se consolida en los territorios donde los grupos armados se pelean el botín de las zonas que abandonaron las FARC y a los que el Estado no llegó como lo planteaba el Acuerdo de Paz.

Se dice que al menos 515 líderes sociales, 204 firmantes del pacto y 44 de sus familiares han sido asesinados; 60 masacres se registran en lo que llevamos del año. El narcotráfico continúa tan campante en Colombia, donde se producen las dos terceras partes de toda la cocaína que se trafica en el mundo. Los cultivos ilícitos han aumentado y quienes promueven planes de sustitución son asesinados. El panorama lleva a cuestionar qué tanto se ha avanzado hacia una paz o si, por el contrario, la violencia ha aumentando, notoriamente en las regiones más apartadas.

Todo indica que los grupos ilegales que se mantuvieron y las llamadas disidencias que posteriormente se han organizado a partir del desarme de las FARC, se vienen consolidando en los territorios que antes eran de las FARC; aprovechando la ocasión que les brinda el confinamiento que ocasionó la pandemia del Covid-19.

Uno de los que califican como de los grandes fracasos del proceso lo constituye el hecho de que en este 2020 se ha incrementado el conflicto en las regiones que antes fueron controladas por las FARC donde se encuentran las llamadas “disidencias de las FARC”, compuestas por antiguos guerrilleros que no se acogieron a los acuerdos. Incluyen a firmantes del acuerdo, como Iván Márquez, jefe negociador, el antes promotor del desarme que retornó a la actividad guerrillera acompañado por otros altos mandos de las antiguas FARC: como Jesús Santrich, Romaña y El Paisa.

La “Segunda Marquetalia” la conforman “rearmados”, es decir, desmovilizados que volvieron a reincidir en la vida guerrillera. Lejos de alcanzar el poderío de las antiguas FARC, Márquez y sus hombres han llegado a los territorios a pelear el control del narcotráfico y otras economías ilegales con los grupos allí asentados durante estos años, como son las disidencias antes mencionadas, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), sin mencionar a las bandas criminales regionales de cada sitio.

Sumadas, todas las anteriores disidencias alcanzan unos 4.600 miembros, según inteligencia del Ministerio de Defensa; muestran un crecimiento exponencial de estos grupos en los años posteriores a la firma de la paz.

Tal vez el punto más neurálgico del Acuerdo de Paz sea la reforma rural integral y los programas de transformación del territorio que están sumidos en el primer punto de lo pactado. A la fecha y tras dos años del Gobierno Duque, y cuatro de la paz, están firmados 17 de estos planes y uno con un rumbo de implementación definido, el de la región de Catatumbo. En total se pretende impactar 170 municipios priorizados en lo que le queda del período al presidente. Este es el punto en que más se ha avanzado en la implementación y todavía se encuentra crudo.

Muchos veían a la Justicia Especial para la Paz (JEP) como la gran esperanza. La decepción ha sido manifiesta. Comenzó mal con problemas internos administrativos y los resultados no se han visto. El equivocado proceder en el manejo del asunto Santrich fue evidente. Dejó un sabor de impunidad alarmante y enrostró que su razón de ser, es la de dar una apariencia de justicia, sin que haya tal. Tratar ahora de trasladar la responsabilidad al fiscal de entonces, no es de buen recibo, y configura una “leguleyada política” que no puede aceptarse. Todo indica que ese gran sacrificio institucional, que significó un verdadero golpe de Estado a la rama jurisdiccional del poder público, ha sido en vano y a un alto costo económico para el tesoro nacional.

“Muchos veían a la JEP como la gran esperanza. La decepción ha sido manifiesta. Comenzó mal con problemas internos administrativos y los resultados no se han visto. El equivocado proceder en el manejo del asunto Santrich fue evidente. Dejó un sabor de impunidad alarmante”.