Por Narciso de la Hoz G. / Periodista, director editorial Grupo Gerente
Sin el apoyo de los partidos de la coalición en el Congreso y con críticas hasta del Centro Democrático, el Gobierno tendrá que conformarse con mucho menos de los 23,4 billones de pesos que buscaba con el proyecto original.
“Tenemos 30 billones de pesos en caja en este momento, que nos alcanzan para 6 o 7 semanas, y las necesidades son de 20 billones al mes para pagar salarios, compromisos de inversión, gastos en salud e infraestructura”, advirtió en tono casi dramático el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en un foro de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) a comienzos de abril.
Con un déficit que este año rondará el 8,6% del PIB (95 billones) y 20 billones más para la amortización de la deuda pública —lo que aumenta a 110 billones de pesos las necesidades de financiamiento—, la caja del Gobierno sí está apretada, aunque ello no significa que vaya a quedarse sin recursos para cumplir con sus obligaciones.
Si bien todas las miradas apuntan a la pandemia, que el año pasado generó la peor recesión en la historia del país (-6,8%), Colombia tiene un problema estructural en sus finanzas públicas, ya que el gasto es superior a los ingresos tributarios.
Se trata de un asunto que comenzó con la Constitución de 1991 y que la pandemia agravó por cuenta de la recesión y la caída en el recaudo de los impuestos, a lo cual hay que añadir el impacto de la reforma tributaria de 2019, que les otorgó gabelas a las empresas.
De hecho, según cálculos de Corficolombiana, un colombiano que nace hoy hereda una deuda pública de 13,4 millones, una cifra más de 4 veces mayor que la de 1996 (3,2 millones).
“Sin un plan de ajuste fiscal, la deuda llegará al 69% del PIB en 2025 y el país perderá el grado de inversión”, explica José Ignacio López, gerente de Investigaciones de esa firma, que estima el hueco fiscal anual en unos 15 billones de pesos.
Aunque la evidencia no es concluyente, López sostiene que, si el país pierde el grado de inversión, las tasas de interés de la deuda colombiana podrían aumentar 200 puntos básicos, es decir, un 2%.
“Eso implicaría que, en solo intereses, el año entrante pagaríamos unos 6 billones adicionales y la suma seguiría aumentando año tras año”, agregó.
Según el Ministerio de Hacienda, el año pasado el déficit fiscal llegó a 78 billones, lo que equivale al 7,8% del PIB, y con el servicio de la deuda (intereses y capital), la suma superó los 90 billones de pesos.
Para enfrentar la situación, el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso el Proyecto de Ley de “Solidaridad Sostenible”, un intento ambicioso de reconstruir el estatuto tributario y aumentar el recaudo promedio anual para el período 2022-2031 en 23,4 billones de pesos (2,0% del PIB).
El pulso político
En un momento en el que la satisfacción de los colombianos con la democracia cayó a su punto más bajo en los últimos diecisiete años, según el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, lo que está en juego no es poco.
En efecto, de acuerdo con el informe “Colombia 2020, un país en medio de la pandemia”, solo el 18% de los encuestados se mostró satisfecho, frente a los dos años anteriores, cuando el porcentaje estuvo entre un 29 y un 31,4%.
“Eso, de alguna forma, muestra un sentimiento antisistema político muy grande en Colombia, que podría ser aprovechado por líderes antipolíticos que agraven la situación”, explica Juan Carlos Rodríguez Raga, codirector del Observatorio.
Ya varios analistas han advertido que la actual crisis de la covid-19 está creando un escenario favorable para el populismo y el surgimiento de liderazgos autoritarios, como lo reflejan las últimas encuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2022.
“La mejor garantía para que las familias colombianas voten bien en 2022 es salir rápido de esta crisis. Ofuscarlas con impuestos puede ser tremendamente inoportuno y contraproducente”, explicó Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, en una columna.
Aunque con frecuencia se dice que en el país se pagan pocos impuestos, Echeverry sostiene, con base en las cifras del FMI, que los ingresos del Gobierno general (incluidos el nacional, los pagos de seguridad social, el departamental y el municipal) equivalen a casi el 29,4% del PIB, por encima de China (27%), Chile (23%), América Latina (27%), México (23%) y Perú (19%).
“¿Es necesario seguir subiendo la carga fiscal, como lo venimos diciendo los economistas en los últimos 20 o 30 años?”, se pregunta el exministro de Hacienda, cuya tesis es que el Gobierno debe sacar adelante una reforma menos ambiciosa (1 o 1,5% del PIB).
Según cálculos del exministro, una reforma tan ambiciosa les quitaría a los colombianos la mitad del ingreso disponible para transferírselo al Gobierno, en medio del tercer pico de la pandemia y con la economía en cuidados intensivos.
“Colombia no se puede dar el lujo de perder la calificación de riesgo”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, al proponer una reforma que suspenda temporalmente los beneficios que la tributaria de 2019 le otorgó al sector privado y que permitiría recaudar unos 12,4 billones de pesos.
En un ambiente enrarecido, no resulta extraño que partidos que han acompañado al Gobierno en otras ocasiones, como el de la U, Cambio Radical e incluso el propio Centro Democrático y el Conservador, hubieran declarado su oposición a la reforma.
“Mil veces le rogamos al Gobierno que no radicara así la reforma tributaria”, dijo el expresidente Álvaro Uribe.
¿Retirará el Gobierno la reforma, como se lo han pedido los partidos de oposición, Cambio Radical y el Partido Liberal? ¿Será capaz de alcanzar un acuerdo con los que lo apoyan? Más aún, ¿está dispuesto a aceptar una reforma tributaria que, a lo sumo, le permita aumentar el recaudo en 12 o 13 billones de pesos?
Aunque por ahora el Gobierno se ha resistido a retirar el proyecto, con el argumento de que equivaldría a concederle una victoria a la oposición, durante su presentación ante las Comisiones Económicas de Senado y Cámara, el ministro de Hacienda se mostró partidario de llegar a un consenso, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Expertos Tributarios y Fedesarrollo en temas como el IVA y los impuestos a las personas naturales, que ya han sido rechazadas en el Congreso.
Amanecerá y veremos si eso es posible o si la reforma termina hundiéndose, con el enorme costo que supondría para el país.
