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Política

El INPEC: una fortaleza política

Considerada como una de las entidades públicas más corruptas del país, el Instituto Nacional Penitenciario tiene un enorme poder político, cuya columna vertebral son los 87 sindicatos que agrupan al 80% de los guardianes que trabajan en las 137 cárceles del país

El Instituto Nacional Penitenciario -Inpec- es una papa caliente que ha quemado las manos de los últimos tres gobiernos que no han logrado ponerlo en cintura. Todos los estudios y análisis que se han hecho desde el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y las universidades, señalan que es una entidad con un enorme foco de corrupción, que se extiende por todo el sistema penitenciario del país, conformado por 137 penales.

El Inpec tiene un enorme poder político y social que está centrado en el sindicalismo, cuenta con 87 sindicatos, más otros cinco que ya se conformaron en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- que nació hace solo siete años y maneja un no despreciable presupuesto de un billón 480 mil millones de pesos.

En esos 87 sindicatos están afiliados más de la mitad de funcionarios de los 17.500 que forman parte del sistema penitenciario. Muchos de ellos tienen hasta cuatro afiliaciones en los diferentes sindicatos que funcionan en un mismo penal. Ese fuero sindical, del que gozan sus directivas, les da un enorme poder político que despliega sus tentáculos cada vez que el gobierno de turno pretende buscar una solución de fondo, que no es otra a la de su liquidación y que el manejo de las cárceles del país pase a manos de la dirección de la Policía Nacional.

Para el brigadier general, Gustavo Ricaurte, quien estuvo 1.300 días al frente del Inpec, la situación es compleja por la fortaleza sindical que tiene la entidad. “La misión que me encomendó el gobierno del presidente Santos era la de liquidarlo. Cerrar sus puertas y hacerlo en el menor tiempo posible. Pero ya posesionado, la misión era muy compleja por la estructura y funcionamiento sindical que tiene. Los directores de cárceles no tenían ninguna preparación. La selección de la guardia se realizaba sin ningún control. A la primera reunión de directores que convoqué, solo llegó el 20 por ciento, hacían lo que querían.

Una parte de la población carcelaria era fantasma. No había identidad, ni archivos que permitieran establecer en qué condiciones estaban recluidos. En cada medida que tomaba, inmediatamente los sindicatos ponían quejas en todos los entes de control. Cuando terminé mi labor, quedé con 150 aperturas de investigación en la Procuraduría”, agrega el exdirector del Inpec.

Para ese entonces, en el 2010, los sindicatos del Inpec llegaban a 27, pero una sentencia de la Corte Constitucional amplió el concepto del sindicalismo y en menos de un año, pasaron a 70. “Durante el día, el control de los penales prácticamente quedaba en manos de los policías auxiliares que prestaban servicio en esas instalaciones, porque la gran mayoría del personal de guardia tenía compromisos con los sindicatos y no había manera de decirles no”, señala Ricaurte.

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación a la gestión del Inpec y dada a conocer en diciembre del 2016, permitió determinar la magnitud del sindicalismo en la entidad. El informe señalaba que “los permisos sindicales totalizaron 39 mil días en un año”, situación que afectaba de manera directa la seguridad carcelaria, así como las remisiones médicas y judiciales de los reclusos. De acuerdo con la Contraloría esos permisos sindicales “eran equivalentes a más de 110 años”, de los que gozaban el personal vinculado a los 76 sindicatos de la época, de los cuales el 80% pertenecían al cuerpo de custodia y vigilancia de los penales del país.

En varias cárceles del país se detectó que los bloqueadores de celulares fueron dañados por la propia guardia del Inpec.

La Contraloría no solo determinó hallazgos por el fuero sindical, sino también la destinación de una parte del presupuesto al pago de salarios al personal “con periodos de incapacidad superiores a los 180 días continuos, así como ocho años continuos -en algunos casos-, lo que ameritaba a establecer posibles responsabilidades fiscales”.

BAJO CONTROL

Con la auditoría de la Contraloría poco o nada se reformó. Al contrario, el número de sindicatos continuó en aumento. El poder de la guardia en los centros carcelarios, la gran mayoría con problemas de hacinamiento, dio pie para un enorme tráfico de “buenos oficios” para que los reclusos pudieran acceder a un mejor lugar para dormir, al ingreso de comida, al uso de móviles, a visitas entre semana y a privilegios, que rayaban en lo ilícito desde la primera página hasta la última del código penitenciario. “En algunos de los patios de las cárceles más grandes del país, un teléfono celular con servicio de internet, chat y números cifrados, se comercializa en 30 millones de pesos”, señala uno de los oficiales de Inteligencia de la Policía, que trabajó durante más de cinco años en el Inpec y que pidió reserva de su nombre.

Para el oficial de la Policía, en las cárceles nada se mueve sin el visto bueno de los guardias. “Ellos escogen los reclusos que se encargan del control de los patios. Se conocen como caciques. Por las manos de ellos pasan todos los negocios ilícitos y un porcentaje de esas ganancias va a parar a manos de la guardia. En los patios donde están los jefes de la mafia, se mueven millones de pesos para permitir el ingreso de prostitutas, licor, comida”.

Pero no solo la corrupción se presenta en las cárceles y patios donde hay reclusos que tienen poder adquisitivo. También se da en los demás lugares de los penales. Todo tiene un precio: un espacio en el suelo para dormir, una cobija para arroparse, las medicinas en el dispensario médico, el microtráfico de drogas ilícitas, el cambio de un patio a otro, el ingreso de comida en las visitas de fin de semana. “Todo vale. Nada se mueve dentro de una prisión si el recluso no tiene dinero para pagar”, señaló Carlos Osorio, quien trabajó durante 12 años en el Inpec.

Los escándalos mediáticos, son un termómetro de lo que realmente pasa con el Inpec. Solo para citar dos de ellos en el último mes: las numerosas salidas del empresario Carlos Mattos de la cárcel de La Picota, que supuestamente era para cumplir citas médicas y posteriormente los guardias le servían de “escoltas” para dirigirse a su oficina en el norte de Bogotá donde pasaba horas en reuniones particulares. Las denuncias realizadas por la unidad investigativa del Canal Caracol, le costaron el puesto tanto al director de la cárcel como al director del Inpec, el órgano rector de las cárceles del país.

En los patios funcionan los «caciques» presos que manejan el tráfico de estupefacientes y cuyas ganancias deben repartir con los guardias

Recientemente, el 18 de marzo pasado, hubo un nuevo escándalo para el Inpec: la fuga de Juan Castro Estupiñán, uno de los jefes de la banda criminal de narcotraficantes del “Clan del Golfo” y más conocido con el alias de “Matamba”, quien salió vestido de guardián y pasó por las narices de los guardias que controlan las diferentes puertas del penal. “En los patios de la cárcel se dice que se pagaron dos millones de dólares por la fuga”, señala uno de los investigadores del CTI que hace parte del grupo que investiga el caso.

Una auditoría de la Contraloría General de la Nación dada a conocer en diciembre del 2016, permitió conocer la magnitud del sindicalismo en la entidad. El informe señalaba que “los permisos sindicales totalizaron 39 mil días en un año

Para La Fiscalía hay serios y graves indicios de la participación de funcionarios en la fuga de este peligroso narcotraficante. “La fuga solo se pudo lograr por la participación que tuvo la guardia”, agrega el investigador del CTI. Uno de esos participantes fue el inspector guardián Milton Libardo Jiménez, quien un juez de control de garantías envió al centro de reclusión.

Comenzando enero del presente año, la resaca de las vacaciones trajo consigo las imágenes de la fiesta de fin de año, con parranda vallenata incluida, del exgobernador de la Guajira Francisco “Kiko” Gómez, en la cárcel de La Picota donde está recluido pagando una condena de 40 años de prisión.

En los patios funcionan los «caciques» presos que manejan el tráfico de estupefacientes y cuyas ganancias deben repartir con los guardias

NO AL CONTROL

La dirección del Inpec está generalmente en manos de un alto oficial de la Policía. Su trabajo es respaldado por un equipo de colaboradores, especialmente en el tema de inteligencia que tiene las labores de poder detectar cualquier plan de fuga que se esté llevando a cabo desde el exterior de los centros de reclusión. Igualmente, el control de las comunicaciones, pues desde los patios se continúan organizando crímenes, manejo de negocios de droga, armas y secuestros.

Al interior, hace unos años se creó el Grupo de Verificación -Gruvi-, integrado por guardianes con una hoja de servicios intachable y además, que no pertenecían al sindicato. La función que tenían era la de realizar labores de “contrainteligencia” al interior de los patios y del mismo servicio que prestaban los custodios con el fin de poder frenar tanta corrupción. “Desde el comienzo este grupo se convirtió en objetivo de los sindicatos, especialmente de los más poderosos. A nivel nacional se inició una campaña de desprestigio. Publicaron anónimos, elevaron quejas a la Procuraduría, hasta que lograron, que perdiera toda credibilidad el trabajo que se venía desarrollando”, señala el alto oficial de inteligencia de la Policía.

El poder de los sindicatos del Inpec es tan fuerte, que incluso, sancionar un guardia o realizar traslados de funcionarios a otras ciudades, es casi imposible. “Los directivos del sindicato donde esté afiliado el guardia que se piensa trasladar, sueltan una artillería de memorandos, de apelaciones, todo lo que esté a su alcance”, señala el general Ricaurte.

El oficial de inteligencia agrega: “saben que son intocables y cometen irregularidades tan graves como por ejemplo, dañar los equipos que bloquean la señal de los celulares dentro de los penales”.

En tiempos de elecciones de Congreso y presidenciales, el activismo sindical en los centros de reclusión del país es de primera línea. En las cárceles los presos que no estén condenados tienen derecho al voto y en cada centro de reclusión, la Registraduría ubica urnas. No son pocos los votos que se logran recoger y la misión de los guardias es lograr que las votaciones sean lo más concurridas y en lo posible, que el voto quede asegurado por el político de turno que los defienda de la posibilidad de que el Inpec se liquide.

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