Desde la comodidad de las redes sociales, algunos líderes políticos de manera irresponsable han alimentado el caos y se han aprovechado de la indignación social para ganar réditos, promover la violencia, la polarización y la destrucción de la institucionalidad del país

Por Federico Gutiérrez / Exalcalde de Medellín

El actual panorama político del país es complejo, no solo por los retos que tiene que afrontar en el contexto del Covid-19 y la pospandemia, sino también de cara a las elecciones del 2022 y a los avances institucionales, económicos y sociales que sin duda se han dado en las dos últimas décadas y que pueden estar en riesgo si no comprendemos el contexto que estamos viviendo y actuamos a partir de propósitos comunes como nación.

Infortunadamente, alimentados por los estragos sociales y económicos que ha causado la pandemia, algunos sectores políticos y sociales se han radicalizado y están aprovechando la indignación ciudadana, —que es legítima—, para generar pánico, violencia, polarización y desconfianza en las instituciones con un objetivo: consolidar sus posibilidades de poder en las próximas elecciones presidenciales con un discurso antiestablecimiento, populista y demagógico, que es muy atrayente en momentos de crisis y que llama, como lo hemos visto, al desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas, a una abierta desobediencia civil y al levantamiento popular violento.

A este difícil panorama se suman actores criminales como los Grupos Armados Organizados, las disidencias de las FARC, el ELN, los grupos delincuenciales criminales y otro tipo de participantes cuyo principal combustible de su actividad es el narcotráfico y el microtráfico, y que están abiertamente asociados a las 58 masacres que se han presentado en el país hasta la fecha. Estos grupos ilegales alcanzan un nivel de acciones ofensivas que generan violencia, homicidios y desplazamiento de población en departamentos como Nariño, Cauca, Antioquia, Chocó y Santander, precisamente las cinco regiones donde se ha presentado el 72 % de las masacres de 2020, que reúnen el 74 % de las víctimas y a su vez concentran el 78 % de los cultivos ilícitos del territorio nacional.

Uno de los hechos más recientes ha demostrado cómo operan estos sectores que parecen confluir en los mismos objetivos desestabilizadores: frente al triste y condenable asesinato de Javier Ordoñez por parte de agentes de policía en un episodio que no tiene justificación alguna, se desató una oleada de caos que infiltró la genuina protesta social pacífica y que llevó a condenables situaciones de violencia desmedida y vandalismo lideradas por actores violentos constituidos en las principales ciudades del país para radicalizar las posturas.

Lo más grave es que estos hechos han sido irresponsablemente exacerbados desde la comodidad de las redes sociales por parte de algunos líderes políticos que se alimentan del caos y aprovechan la indignación social para ganar réditos políticos promoviendo más violencia, polarización, odio y destrucción de la institucionalidad colombiana.

Por supuesto que hay motivos para que los ciudadanos estén inconformes con muchas de las realidades por las que atraviesa el país, pero ni la violencia ni los problemas de la gente se resuelven con más violencia. Ante las llamas, es imperativo el fortalecimiento institucional, la recuperación de la confianza ciudadana y sobre todo, un gran extintor social que invierta en las necesidades de los colombianos y contrarreste el combustible de las protestas violentas y los tiempos difíciles que nos deja la pandemia.

Duro golpe

Hoy tenemos un país muy diferente al de hace seis meses. Hay retos enormes en materia social y económica que vendrán a superarse parcialmente a finales del 2022. La economía ha sufrido el golpe más fuerte de su historia reciente, con un desplome del 15,7 % en el PIB durante este segundo trimestre de este año comparado con el mismo periodo de 2019. Y en total, en el primer semestre de 2020 hubo un decrecimiento del 7,4 % de acuerdo con el DANE.

El desempleo aumenta a tasas históricas alrededor del 20 %, el más alto entre los países de la OCDE, y se traduce a su vez en un aumento de la informalidad que alcanza niveles del 60 % y en la desprotección del sistema de salud para millones de trabajadores. Según Fedesarrollo, la pobreza promedio en el país aumentará hasta el 38 % en este año, y la pobreza extrema, es decir una persona con ingresos inferiores a $125.000 mensuales, será de 11,3 %. Así las cosas, Colombia tendrá 19 millones de personas en condición de pobreza durante este año y 5.6 millones de ellas serán producto de la pandemia del Covid-19.

Todo este panorama político, social y económico es muy peligroso para el país. Si no planteamos un proyecto común desde ya, y de cara a las elecciones de 2022, podemos perder los avances que con tanto esfuerzo hemos construido de la mano del sector privado, académico y civil que en equipo han impulsado el desarrollo de Colombia. Hoy, si no nos unimos en un pacto sobre lo fundamental, sobre el fortalecimiento de la democracia, el impulso del dinamismo empresarial, la reactivación económica y el bienestar social, esta tendencia demagógica, populista y violenta que ha venido escalando en el país y se alimenta de los estragos de la pandemia, puede hacernos mucho daño.

Transitamos por una línea delgada y peligrosa que debe llevarnos a reflexionar como sociedad y a construir un gran pacto democrático para evitar la destrucción de la institucionalidad y la generación de heridas que puedan abrir nuevos ciclos de violencia.

Algunos sectores políticos y sociales se han radicalizado y están aprovechando la indignación ciudadana, para generar pánico, violencia, polarización y desconfianza en las instituciones. Hoy tenemos un país muy diferente al de hace seis meses. Hay retos enormes en materia social y económica que vendrán a superarse parcialmente a finales del 2022.

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