Por ANDRÉS ESPINOSA FENWARTH
Miembro del Consejo Directivo del ICP

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca y el Departamento de Estado norteamericano, lideraron un diálogo antinarcóticos con el Gobierno de Colombia para establecer un plan de acción conjunto que permita reducir los altos niveles de siembras de coca y de producción de cocaína en un 50 % para finales de 2023. Según los estimativos más recientes, el cultivo de coca en Colombia aumentó ligeramente en 2 % al pasar de 208.000 hectáreas en el 2018 a 212.000 hectáreas en 2019, mientras que la producción potencial de cocaína pura se incrementó en 8 % de 879 toneladas en 2018 a 951 toneladas en 2019. 

El Gobierno colombiano incrementó la erradicación manual en 57,7 % en comparación con el mismo período del año pasado, cuyo impacto real aún no se muestra en las cifras estimadas de la Casa Blanca. En 2019, diez colombianos perdieron la vida y otros 50 resultaron gravemente heridos durante las operaciones de erradicación manual por la acción de las minas quiebrapatas y las asonadas contra los erradicadores de cultivos de coca. Las fuerzas policiales y militares colombianas confiscaron 492 toneladas de base de coca y cocaína, la mayor cantidad de droga incautada de la historia. Pese a estos esfuerzos oficiales, Colombia sigue siendo el primer productor mundial del planeta, propulsado, desde el 2013, por la negociación del acuerdo de paz, que generó incentivos perversos a favor de los cultivos de coca, la producción de cocaína y el consecuente involucramiento de la retaguardia de las FARC, el ELN y los carteles mexicanos.

El fructífero diálogo entre los jefes de Estado, Iván Duque y Donald Trump, se centró en la importancia de un enfoque integral, que se traduzca en un incremento sustancial y efectivo de la erradicación de coca, mediante el uso de todos los instrumentos disponibles, incluida la aspersión aérea de cultivos ilícitos, interdicción del tráfico de cocaína, mejora de la seguridad en el campo, mayores oportunidades económicas en las zonas rurales afectadas y lucha contra el lavado de dinero y las finanzas de los narcotraficantes. 

El panorama es bien sombrío. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el departamento de Norte de Santander –segundo productor de coca del país con 33.568 hectáreas– se convirtió en el principal corredor cocalero con Venezuela desde las suspensión de la aspersión aérea con glifosato impuesta hace seis años. De acuerdo con InSight Crime y el diario El Universal de Caracas, el estado del Zulia, ubicado al oeste de Venezuela –colindante con el Catatumbo donde la producción de coca ha aumentado exponencialmente desde el 2013–, tiene 400 pistas de aterrizaje y realiza numerosos vuelos clandestinos con cocaína colombiana; allí, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos criminales presuntamente obligan a los propietarios a permitirles construir pistas de aterrizaje. emergencia cocalera nacional

InSight Crime identificó otros cinco estados donde los medios de prensa locales y regionales informan sobre la existencia de pistas clandestinas e incautaciones de vuelos con drogas ilícitas: Amazonas, Apure, Falcón, Guárico y Cojedes. Los vuelos cocaleros de Venezuela aterrizan en Belice, Guatemala, México, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Según varios informes de prensa citados por InSight Crime, Yazenky Antonio Lamas Rondón –apodado el piloto del cartel de los soles, quien solía trabajar para la primera dama de Venezuela– coordinó numerosos vuelos cocaleros que salían del vecino país hacia El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua con destino final Estados Unidos, Europa y varios países africanos.

Lamas Rondón, apresado en Colombia en junio de 2016 y extraditado a Estados Unidos un año después, es responsable de comprar y obtener códigos aeronáuticos que le permitían hacer planes de vuelo que tenían apariencia de legalidad para ser usados en los aviones que transportaban cocaína, lo cual le permitió “coronar” el envió de un centenar de vuelos cargados con drogas desde Apure en Venezuela, y el departamento de Santander en Colombia, hacia Estados Unidos.

Los desafíos para el Gobierno son enormes. El legado envenenado de la anterior administración, representado por un proceso de paz que abiertamente favoreció el narcotráfico y trabó en forma deliberada los dos instrumentos disuasivos de este fenómeno –la aspersión aérea con glifosato y la extradición de los narcotraficantes de la antigua guerrilla de las Farc– propicia la declaratoria de una emergencia cocalera nacional que nos permita implementar la agenda integral antinarcóticos definida con Estados Unidos.

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