“A este tribunal todos tienen la obligación de llegar a contar la verdad y reconocer la responsabilidad que les toca”

“A este tribunal todos tienen la obligación de llegar a contar la verdad y reconocer la responsabilidad que les toca”

Por María Camila Díaz
Periodista de W Radio
@ma_camiladiaz

La Justicia Especial para la Paz (JEP) lleva dos años y siete meses en funcionamiento. Desde su nacimiento ha estado en el ojo del huracán. Para una buena parte del establecimiento su creación ha sido calificada como un hecho desafortunado y que de paso le abrió las puertas a los jefes de las FARC para que no pagaran un solo día de cárcel por crímenes tan graves como el reclutamiento de menores, el abuso sexual de niñas, las múltiples masacres que se dieron a lo largo y ancho del país.

Diferentes sectores políticos del país han pedido que esta institución judicial debe meterse en cintura y que otros organismos judiciales como la Fiscalía General de la Nación estén muy atentos a los procesos que adelanta la JEP para que su actuación no sea de mano débil.
Después de la orden de detención domiciliaria dictada por la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la creación y la actuación de la JEP ha sido duramente cuestionada por el Centro Democrático, el partido de gobierno, que ha pedido incluso llevar a cabo una Constituyente para reformar de fondo la justicia.

Mientras tanto, la JEP, dos años y siete meses después de creada, citó a 15 exjefes de las FARC para que rindan su versión sobre casos de reclutamiento forzado y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

En entrevista para Alternativa, su presidenta, la magistrada Patricia Linares, aseguró que no hay rastros de una política criminal desarrollada por la justicia ordinaria y concretamente por la Fiscalía. A pesar de los ataques sistemáticos de sus enemigos, la magistrada Linares asegura que sigue trabajando con autonomía y con independencia.

Hemos visto dos actitudes de las FARC… Por un lado, han reconocido secuestros, han hablado con las víctimas e incluso han pedido perdón, otra muy distinta es la actitud frente al reclutamiento de menores. ¿A qué le atribuye usted esa contradicción?

Patricia Linares: Yo no puedo contestarle por las FARC, y no me pronuncio sobre ningún caso. Cualquier reflexión de mi parte al respecto termina siendo especulativa y no me corresponde. Lo que sí le puedo decir, es que en la historia de la confrontación armada en el mundo, tanto en las guerras regidas por el DIH, como en las irregulares, hay actuaciones propias del conflicto, que se dan entre combatientes. No obstante, ninguna guerra, regular o irregular, admite comportamientos absolutamente inaceptables por la conciencia universal como la violencia sexual o todo lo que tenga que ver con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

“A este tribunal todos tienen la obligación de llegar a contar la verdad y reconocer la responsabilidad que les toca”

¿Considera que en este caso específico las FARC están evadiendo la competencia de su tribunal?

Como lo dije antes no comento ningún caso. No tengo elementos para afirmar eso.

Sabemos que la Fiscalía tiene unos testimonios importantes de niños y niñas víctimas de este delito. ¿Qué tiene la JEP de estos casos?

Nuestro punto de partida para poder armar los macrocasos, uno de ellos el de reclutamiento forzado son los informes, es toda la información que nos suministran distintas entidades públicas, entre ellas la Fiscalía, que hace parte de la Rama Judicial, los informes de las víctimas y sus organizaciones, de la academia, etc.. Estos datos se complementan con los expedientes que venían cursando en la justicia ordinaria y muy importante con los testimonios de las propias víctimas.

Entonces ¿qué les proporcionó la Fiscalía?

Para el año 2017 la Fiscalía tenía registradas 4.219 investigaciones relacionadas con vinculación y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de las FARC. Esas investigaciones reportaban o daban cuenta de 5.252 víctimas y 5.043 procesados.
Para esa misma fecha iban apenas 10 sentencias condenatorias contra miembros de las FARC. No hay rastros de una política criminal desarrollada por la justicia ordinaria y concretamente por la Fiscalía, sin ánimo de controvertir pues esta información está consignada precisamente en los informes que la misma Fiscalía entregó.

¿Y qué sigue?

Todos esos informes y expedientes llegan a la jurisdicción y todo eso se tiene que analizar con metodologías especializadas para llegar a la fase en la que estamos, la cual incluye las versiones libres que implican a miembros de las FARC de los bloques Occidental, Magdalena Medio, del bloque sur, Oriental… estas versiones debieron realizarse en diciembre del año pasado, pero como estamos en fase judicial, las partes acuden a los recursos los cuales deben resolverse en la instancia que corresponda.

¿Cree entonces que las FARC están dilatando el proceso?

Yo no estoy calificando el por qué y quisiera creer que hay buena fe en las actuaciones, pero se han interpuesto varios recursos, incluida una recusación contra el magistrado relator cuya primera decisión fue apelada; todo esto nosotros debemos atenderlo y resolverlo respetando todas las garantías procesales. A esto súmele que se nos cruzó el tema de la pandemia.

¿Pero sí están avanzando?

Sin duda. Con un trabajo de socialización, de aproximación, de diálogo permanente, se ha logrado que en corto tiempo ya tengamos acreditadas prácticamente 100 víctimas, recuerde que en este tipo de delitos es difícil que las víctimas acudan por temor al señalamiento, a la estigmatización, al rechazo. Hay otras víctimas que están a la expectativa, que tienen dudas, reservas y desconfianza, con ellas seguimos trabajando, es el caso que agrupa víctimas de Rosa Blanca.

¿Para cuándo se van a tener las primeras sanciones de los casos abiertos?

Estas sanciones, que deberá imponer el tribunal, se van a dar una vez se surta todo el proceso en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Lo que le puedo decir con certeza, porque así me lo han manifestado quienes están a cargo, es que respecto a dos casos, el 01 secuestro y el 03 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, tendremos escrito de acusación y audiencia de reconocimiento antes de finalizar el año.

¿Qué pasa si los exjefes de las FARC citados dan una versión que no coincide con las evidencia que tiene la JEP?

Este modelo está diseñado esencialmente para que los comparecientes tanto de las FARC como agentes del Estado, o terceros que acudan voluntariamente, asuman como principal obligación llegar a contar la verdad y reconocer la responsabilidad que les toca. Si la persona llega, accede, y cumple a cabalidad con ese compromiso y los que se derivan de él, tendrán derecho a la sanción propia, porque debe quedar claro que siempre habrá una sanción.

“A este tribunal todos tienen la obligación de llegar a contar la verdad y reconocer la responsabilidad que les toca”

¿Y esta sanción es la privación de la libertad?

La sanción propia no necesariamente acarrea privación de la libertad en cárceles como las que conocemos, pero sí restricción de derechos. Se podría por ejemplo mandar a una persona durante varios años a cumplir trabajos de reforestación en una zona que él con su acción de guerra contribuyó a destrozar.

Esto para los que cuenten toda la verdad, pero ¿qué pasa con los que no digan todo?

Ahí es en donde toda la etapa de preparación del caso le va a permitir a la magistratura decir: ojo, usted aquí no está diciendo toda la verdad, su obligación es verdad plena, esa persona aún va a tener una oportunidad que si aprovecha derivará en un reconocimiento tardío y una sanción alternativa que va a suponer una privación de la libertad entre cinco y ocho años. Y el que definitivamente no dice nada y no acepta nada, el que no hace ningún tipo de reconocimiento y aporte a la verdad, se va a ir al escenario adversarial de la jurisdicción, tendrán sanciones ordinarias hasta de 20 años de privación de la libertad.

¿Qué les dice a quienes no le perdonan que le hayan negado la extradición a Jesús Santrich, de quien ahora desconocemos su paradero?

La extradición es un trámite que en Colombia no le corresponde a la jurisdicción. Es un trámite que debe adelantar el juez ordinario que conozca los procesos por los cuales es requerida una persona y desde el punto de vista administrativo el trámite lo debe adelantar el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, no tenemos competencia para definir el tema de extradición. Ahora bien, para el caso de excombatientes de las FARC, la Constitución prevé una garantía de no extradición que debe ratificarse o no antes de proceder a este trámite, de eso nos ocupamos por ser esa nuestra competencia.

¿Entonces la JEP no tuvo ninguna responsabilidad?

A nosotros nos correspondía establecer si los delitos por los que Santrich fue requerido se cometieron antes del 1 de diciembre de 2016. La base probatoria que allegaron distintas autoridades a la jurisdicción, entre ellas la Fiscalía, los magistrados la analizaron y la encontraron insuficiente para poder decir con convicción judicial que en efecto esos delitos se habían producido antes de esa fecha, entre otras cosas porque a lo que a la opinión pública se le dijo que era la “prueba reina”, un famoso video, se allegó de manera tardía, sin audio o inaudible. Además, en paralelo, este señor hacía parte del Congreso, y mientras se desarrollaba todo esto, el Consejo de Estado le reconoce la investidura y luego la Corte Suprema de Justicia decreta la libertad respetando ese fuero. Nosotros como las demás instituciones de la Rama Judicial cumplimos con el mandato que la Constitución nos impone.

¿Por qué afirmó entonces el presidente Duque que si las objeciones a la JEP hubieran sido aprobadas, Santrich estaría en un calabozo?

Eso sí hay que preguntárselo al señor presidente…

“A este tribunal todos tienen la obligación de llegar a contar la verdad y reconocer la responsabilidad que les toca”

Pero, ¿qué opinión le merece esta afirmación?

Yo me pronuncio como presidenta de la JEP sobre hechos concretos. Es un hecho concreto que se tramitaron las objeciones, que las tramitó quien tenía competencia para hacerlo, y que las resolvieron quienes tenían competencia para resolverlas. Recuerde que incluso intervino la Corte Constitucional y que todo concluyó con la negación de las objeciones.

Luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar prisión domiciliaria al senador Álvaro Uribe Vélez, varios militantes del Centro democrático no solo han propuesto una Asamblea Nacional Constituyente, sino que insisten en acabar con la JEP. ¿Tiene alguna estrategia distinta para seguirla defendiendo?

La estrategia nuestra está orientada a cumplir con nuestro mandato y no es otra que seguir avanzando con rigor, con compromiso en el cumplimiento de nuestras funciones. Obviamente podríamos avanzar de manera más rápida si tuviéramos las condiciones de serenidad y de tranquilidad que requiere un juez para cumplir con su tarea, si se nos garantizara un contexto en el cual estuviera ausente el ataque sistemático y permanente además por hechos que no tienen nada que ver con la jurisdicción. Seguimos trabajando con autonomía, con independencia, cumpliendo de manera estricta el mandato que nos da la Constitución y la ley.

“A este tribunal todos tienen la obligación de llegar a contar la verdad y reconocer la responsabilidad que les toca”

¿Cómo explicarle a los colombianos que no comprenden por qué hoy Timochenko o Lozada, se están ganando un sueldo, están yendo al Congreso, mientras el expresidente Álvaro Uribe Vélez se defiende en su proceso desde la cárcel?

Los congresistas de las FARC están ahí porque así se dispuso en el Acuerdo Final y porque así está consagrado en las normas constitucionales que les otorgaron esas curules en el Congreso. El juez se atiene a lo que dice la Constitución y la ley.

Para cerrar, Salvatore Mancuso… el exparamilitar mandó una nota de voz asegurando que quiere decir toda la verdad y que quiere reparar a sus víctimas. ¿Ya en la a JEP le cerraron completamente la puerta?

La sala de reconocimiento negó la decisión de sometimiento del señor Mancuso que se presentó como tercero. La sala en su decisión desarrolla y expone los motivos por los que no lo admitió. Señaló por ejemplo que no es sujeto de la jurisdicción, en tanto hizo parte como miembro activo de los grupos paramilitares. Esa decisión actualmente está surtiendo efectos, fue y está en trámite este recurso. Esto no es obstáculo para que se tramite la solicitud de extradición por los procesos que el juez ordinario considere.

Nuestro punto de partida para poder armar el macrocaso de reclutamiento forzado es toda la información que nos suministran distintas entidades públicas, entre ellas
la Fiscalía.

Lo que le puedo decir con certeza, es que respecto a dos casos, el 01 secuestro y el 03 ejecuciones extrajudiciales, tendremos escrito de acusación y audiencia de reconocimiento antes de finalizar el año.

Los congresistas de las FARC son producto del acuerdo final, de normas constitucionales que les dan esas curules en el Congreso, yo me atengo a lo que dice la Constitución y la ley.

Recibe nuestro newsletter

Regístrate, y recibe las últimas noticias.

Te has registrado correctamente