Desde la firma de la paz se sabe que su consolidación, a la luz de la experiencia internacional, va a depender en grado sumo de la forma cómo evolucione la justicia especial frente a los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad
Por Néstor Humberto Martínez
Exfiscal General de la Nación
Ha ido creciendo el reclamo ciudadano para que la justicia de transición muestre resultados y la justicia condene lo que ocurrió durante la guerra. Se trata de una exigencia generalizada, al punto que en un artículo de la revista Semana, del pasado 8 de agosto, se lee que “el expresidente Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle, Iván Cepeda y María Jimena Duzán son algunas voces que le han pedido al desmovilizado grupo guerrillero mayor seriedad con su compromiso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.
Y están en lo cierto. Los desmovilizados no pueden seguir compareciendo ante los órganos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a negar los crímenes internacionales, sin que –por otra parte– se sepa, hasta ahora, que la JEP esté ejerciendo su jurisdicción con el rigor con que está llamada a actuar frente a los agentes del conflicto. De ella sabemos los colombianos que dejó volar a Santrich, para que se levantara en armas contra el Estado; que permitió que en sus barbas Santrich se mofara de la JEP, en la única versión que rindió ante ella, como lo denunció el diario El Espectador recientemente y que el presidente del partido de la rosa y la hoy vicepresidente del Senado, Sandra Ramírez, han manifestado que nunca reclutaron niños.
El tema del reclutamiento ha dejado al desnudo que poco se quiere saber de la verdad, a pesar de que son muchas y muy graves las cuentas pendientes con la justicia. Es decir, los pilares del Acuerdo empiezan a quedar en entredicho. En un informe que sobre este delito de lesa humanidad entregó la Fiscalía hace más de dos años a la JEP, en junio de 2018, se da cuenta que la antigua guerrilla organizó escuelas de vinculación y formación de niños entre los cinco y los 12 años de edad, como los Clubes Pioneros o Clubes Infantiles Bolivarianos. Estos niños conocieron primero la guerra que la adolescencia.
En los 4.219 procesos a cargo de la Fiscalía General de la Nación por reclutamiento de niños, se logró inventariar la utilización de 5.252 menores de edad. Se presume que fueron miles más, pero un dato exacto será imposible de obtener porque fueron muchos los niños que no desertaron de las filas y de otros no se tuvo noticia alguna con el paso del tiempo.
Detrás del reclutamiento se vivieron otros delitos de gravísima entidad, que se ensañaron principalmente con las niñas reclutadas, a quienes violentaron en su libertad y formación sexual. El Estado tiene documentados 1.790 casos de niñas secuestradas para la guerra, que representaron el 35 % de los casos documentados por la Fiscalía.
Cuando la Corte Constitucional se pronunció sobre la ley estatutaria de la JEP, la Fiscalía no pudo continuar las investigaciones, a pesar de que estaba lista una macroimputación, precisamente por el delito de reclutamiento, contra los principales responsables.
Nunca fue un punto de discrepancia entre la JEP y la Fiscalía, que esta continuaría por un tiempo con estas investigaciones. De hecho, el 31 de octubre de 2018 la justicia transicional y la Fiscalía suscribieron un comunicado conjunto en el que ratificaron que mientras la JEP asumía formalmente algunas investigaciones mediante la “Resolución de Conclusiones”, la Fiscalía seguiría adelante con ellas.
¿Quién ronda los crímenes del conflicto?
A finales del 2019, una vez sancionada la ley estatutaria, el fiscal de la época impartió instrucciones a todos sus fiscales delegados para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional. Al efecto expidió la Circular 008 en la que dispuso que mientras la JEP no asumiera competencia sobre los delitos a su cargo, los expedientes de los crímenes de guerra debían mantenerse en la Fiscalía y no podían enviarse a la JEP y, complementariamente, instruyó a los fiscales para que se abstuvieran de adoptar decisiones que determinaran la responsabilidad de los desmovilizados y los agentes del Estado y se les prohibió realizar actuaciones que implicaran efectuar diligencias judiciales, como lo ordenó la Corte, lo que en la práctica conduce a la imposibilidad real de efectuar las investigaciones.
En este contexto es claro que todas estas indagaciones están en el limbo. Con el agravante de que, a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional, ahora la JEP sostiene que está suspendida la competencia de la justicia ordinaria sólo para que adopte “decisiones que impliquen afectación de la libertad, la determinación de responsabilidades y la citación a práctica de diligencias judiciales”, pero no a la investigación propiamente dicha a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que deberá continuar hasta su culminación.”
En medio de estos puntos de vista contrarios, empiezan a aparecer las narices de la Corte Penal Internacional (CPI). En enero de este año llegó a Colombia una misión de la CPI para evaluar esta situación. Y se le pidió a la justicia ordinaria informarle lo que estaba ocurriendo. La Fiscalía lo hizo en una comunicación del 10 de marzo de 2020, que se hizo pública. En este documento queda claro que, dos años después de entrar en funcionamiento la JEP, esta no ha recibido los expedientes de los crímenes ocurridos durante la guerra y que por los términos en que quedó finalmente la ley estatutaria, la justicia ordinaria no puede adoptar decisiones que impliquen llevar a cabo diligencias judiciales, ni que afecten la libertad de los actores del conflicto, ni que resuelvan sobre la responsabilidad de los investigados.
Pese a todas las advertencias que se hicieron a propósito de las objeciones a la dicha ley, lo que hoy puede ver la comunidad internacional es que la transición entre la justicia ordinaria y la justicia especializada no ha sido exitosa y muestra la más grande de las imperfecciones: que a la fecha no hay investigaciones genuinas sobre los crímenes internacionales.
Silencio elocuente
En un reportaje publicado por El Tiempo el pasado 21 de junio, se le preguntó a la fiscal de la CPI si estaban satisfechos con las respuestas que han recibido de Colombia sobre el avance de las investigaciones por los crímenes de guerra ocurridos durante el conflicto. La fiscal Fatou Bensouda manifestó: “Nuestra valoración es continua y seguiremos pidiendo más información y evaluando lo que nos llegue”.
La respuesta no pudo ser más diplomática. El silencio no puede ser más elocuente: ¡no contestó!. No dijo estar satisfecha, porque lo que está pasando es absolutamente irregular. Hay un vacío de jurisdicción en Colombia respecto de las investigaciones penales por el conflicto armado, lo que, a la luz del principio de complementariedad, puede activar la competencia de la CPI.
Esto ocurre en un momento especialmente delicado. Porque como se informó públicamente en estos días, Fergal Gaynor, el más opcionado candidato al cargo de fiscal de la CPI, manifestó recientemente en una audiencia pública que los exámenes preliminares, como el de Colombia, no pueden tomar décadas.
En nuestro país debería saberse que el período de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, está próximo a terminar, en medio de grandes debates y una queja enorme de los países africanos, porque su coterránea se “dedicó” a los delitos internacionales que ocurrieron en su continente. Frente a este reclamo geopolítico y el cuestionamiento que se hace por la demora en el “examen preliminar” a nuestro país, en el marco de las deliberaciones para designar nuevo fiscal de la CPI, no es de extrañar que antes de su partida, la Bensouda decida la situación de Colombia que se encuentra bajo examen preliminar. Y si no lo hace, lo hará de inmediato el nuevo fiscal de la CPI.
Los colombianos tenemos que cerrar filas para que esto no ocurra. La obstinación de la JEP en tiempo de las objeciones, es la causa de lo que ocurre. Pero no es tiempo para recriminaciones. ¿Qué tal que la justicia internacional trasladara para La Haya a los agentes del Estado y a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra?. Sería el fracaso de nuestra justicia y del propio Acuerdo.
A propósito de lo que pasa con el reclutamiento de menores, dijo el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos: “están jugando con candela”. Está en lo cierto.
Cuando la Corte Constitucional se pronunció sobre la ley estatutaria de la JEP, la Fiscalía no pudo continuar las investigaciones, a pesar de que estaba lista una macroimputación, precisamente por el delito de reclutamiento, contra los principales responsables.
El Estado tiene documentados 1.790 casos de niñas secuestradas para la guerra, que representaron el 35 % de los casos documentados por la Fiscalía.
