El domingo pasado los colombianos hicieron expreso su deseo de cambio. Eligieron un nuevo presidente de la república que rompe una larga tradición electoral. Por primera vez, en la historia de los últimos cien años, la gente eligió a una persona que estaba por fuera de los partidos tradicionales; cuya única experiencia pública gubernamental fue la de haber sido alcalde de una ciudad capital.
Más allá de los compromisos de campaña, de todas las propuestas en las que hizo especial énfasis sobre las que va a tomar decisiones desde el primer día de posesionado, el nuevo presidente de los colombianos tendrá que conformar los equipos y definir una agenda de trabajo en cinco asuntos cruciales: justicia, pensiones, ruralidad y tierras, derechos humanos y finanzas públicas.
En estos cinco asuntos, Revista Alternativa ha invitado a reconocidos expertos para que, desde su conocimiento y experiencia, propongan cuál debe ser el sentido y contenido del cambio que el nuevo gobierno debe impulsar, de manera que se asegure no solo una respuesta efectiva a las exigencias de cambio por las que han votado los ciudadanos, sino que más estructuralmente resuelvan los problemas que enfrenta el país.
El tema de la justicia es sin duda el más relevante y trascendente. Hemos dicho de manera insistente: los regímenes políticos y los Estados resisten malos gobiernos, incluso soportan muy deficientes aparatos legislativos. Pero lo que ningún régimen ni Estado resiste es una fractura de la justicia. Sin justicia no hay ni régimen político, ni Estado. Es el fundamento que sostiene las reglas de juego sobre las que se hacen posible los negocios, la convivencia social y la seguridad de los ciudadanos.
El tema pensional está en el centro de las preocupaciones sociales. La noción de futuro que implica y la exigencia de garantizar un último ciclo de vida de los colombianos con toda la dignidad y bienestar posible, exige del próximo gobierno un ajuste de fondo. Es evidente que el modelo mixto en el que concurren la estatal Colpensiones con los fondos privados, se está agotando de manera muy acelerada. Urge una alternativa sensata y financiable que asegure a los colombianos que llegan a los últimos escalones de su vida, las mejores condiciones de vida y dignidad humana.
Un cambio de fondo en las políticas y las acciones institucionales en materia de ruralidad y tierras, emergen como una necesidad inaplazable. Resolver los problemas de abandono y marginalidad de los millones de colombianos que viven en las zonas rurales del país y que tengan en la resolución de los problemas de la tierra al fundamento de la nueva condición de ciudadanos que las personas que viven en estas zonas del país, debe ser la base de una nueva forma de intervención estatal de la diversidad de recursos que tiene el país.
El desplegar una nueva agenda de los derechos humanos en Colombia es el otro factor sobre el que se debía operar el cambio por el que los colombianos han votado el domingo pasado. No se trata de imponer un régimen de deberes que esté alejado de los intereses y comportamientos de los ciudadanos. Así como los derechos son la base que convierte a los individuos en personas (les da un nombre, una nacionalidad, una condición, etc), los deberes son los que convierten a esas personas en ciudadanos. Son los que imprimen la condición de igualdad ante la ley de cada uno, y los que también garantizan su plena realización en una sociedad.
Finalmente, el cambio en las finanzas públicas es el punto de cierre con el que se debe garantizar la sostenibilidad de cualquier modelo de intervención gubernamental, al tiempo que se debe asegurar que los recursos que se generen, lleguen a los sectores que más los necesitan y en donde lo recursos producen los mejores resultados.
Actuar en estos cinco frentes, es la base sobre la que es posible dar el paso hacia el cambio por el que se han decidido los colombianos.
