Por Hernando Herrera Mercado
Director Corporación Excelencia en la Justicia
Con grandes retos por delante, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dirige una entidad cada vez más compleja, más desbordada y con cientos de procesos por resolver que no dan espera.
No hay reto de mayor envergadura judicialmente hablando, que lidiar con la conducción del Sistema Penal Oral Acusatorio. Algunas cifras nos ratificarán esta anticipada conclusión. Tan solo el año pasado, y como registro del llamado Sistema Penal Oral Acusatorio, entraron 1.450.515 noticias criminales. De ellas, solo el 2 % de dichas noticias criminales tramitadas por procedimiento abreviado llegaron a sentencia, y por su parte, únicamente el 14 % de las noticias criminales tramitadas por procedimiento no abreviado, llegaron a fallo. De otro lado, a juicio oral, llegaron 18.467 procesos y un 57 % terminó en sentencia absolutoria. Precisamente dicha tasa de absolución ha venido aumentado significativamente desde 2012 hasta llegar al 57 % en 2019. Frente a un delito de tanto impacto social, como el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, habrá de señalarse, que la tasa de absolución en juicio oral fue del 81 %, en atención a que la inmensa mayoría de las sentencias emitidas fueron absolutorias.
El panorama es igualmente complejo si tomamos los tiempos destinados a algunos procesos. Por ejemplo, los procesos por homicidio (en flagrancia) tardaron, en promedio, entre 1.113 y 1.155 días para llegar a sentencia en juicio oral, mientras que los procesos por homicidio (sin flagrancia) tardaron, en promedio, entre 1.750 y 1.761 días para llegar a sentencia en este tipo de juicio. El sistema también refleja una importante congestión. A la fecha hay cerca de 2.741.045 noticias criminales represadas en inventario.
Para agregar otro ingrediente de gran significación, el colombiano común expresa a diario su descontento por el poco impacto en la persecución de los delitos que más lo afectan, por el nulo efecto para reprimir la reincidencia que ha hecho de los despachos penales no menos que estancias de reposo criminal, y por la aparente incapacidad institucional para erradicar las ‘mañitas’ dilatorias que descaradamente inducen la prescripción de la acción penal o el vencimiento de términos para promover la excarcelación. El dato de esa regular percepción ciudadana se confirma en otras cifras que miden negativamente la eficiencia del sistema penal acusatorio. Según el Índice Global de Impunidad —instrumento cuantitativo para medir ese fenómeno—, esta se presenta en niveles elevados en más del 60 % de los departamentos colombianos y solo en el 9 % se encuentra en un nivel bajo. A esa cruda realidad se suman datos sobre reincidencia delincuencial; por ejemplo, en tan solo el delito de hurto, se registra que de los más de 240.000 delincuentes arrestados en el último año, 90.000 ya habían sido apresados entre dos y nueve veces, y cerca de un centenar lo había sido entre 40 y 70 veces.
Tal radiografía del funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio genera grandes retos para las autoridades judiciales, y por supuesto, como gran gestor de ese aparataje, a la Fiscalía General de la Nación. A ese respecto, son múltiples los retos del fiscal Francisco Barbosa, que bien se pueden describir así, por solo tomar ahora los más trascendentales. Generar una propuesta de reforma para hacer más eficiente al sistema, y que merme la impunidad y la congestión, como también, dinamizar el trámite racionalizando el exceso de audiencias y los aplazamientos. Afianzar los mecanismos tecnológicos para facilitar la investigación de los delitos introducidos en la administración Martínez, y que desarrolla bases de datos, conectividad institucional y la conformación del llamado big data criminal. Imprimir celeridad a las investigaciones derivadas de los delitos de mayor impacto social, focalizando grupos especializados de fiscales en materias tales como el esclarecimiento de los feminicidios y el llamado Cartel de la Toga. Por supuesto no menos importante, ampliar la planta de fiscales por el atasco de trámites en indagación, ya que en la práctica cada fiscal puede tener más de mil investigaciones a su conocimiento, con lo que no hay plena posibilidad de evacuar oportunamente la investigación de los delitos, y además, derivando en vencimiento de términos, prescripciones o imputaciones no bien formuladas.
Tal radiografía del funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio genera grandes retos para las autoridades judiciales, y por supuesto, como gran gestor de ese aparataje, a la Fiscalía General de la Nación. A ese respecto, son múltiples los retos del fiscal Francisco Barbosa, que bien se pueden describir así, por solo tomar ahora los más trascendentales. Generar una propuesta de reforma para hacer más eficiente al sistema, y que merme la impunidad y la congestión, como también, dinamizar el trámite racionalizando el exceso de audiencias y los aplazamientos. Afianzar los mecanismos tecnológicos para facilitar la investigación de los delitos introducidos en la administración Martínez, y que desarrolla bases de datos, conectividad institucional y la conformación del llamado big data criminal. Imprimir celeridad a las investigaciones derivadas de los delitos de mayor impacto social, focalizando grupos especializados de fiscales en materias tales como el esclarecimiento de los feminicidios y el llamado Cartel de la Toga. Por supuesto no menos importante, ampliar la planta de fiscales por el atasco de trámites en indagación, ya que en la práctica cada fiscal puede tener más de mil investigaciones a su conocimiento, con lo que no hay plena posibilidad de evacuar oportunamente la investigación de los delitos, y además, derivando en vencimiento de términos, prescripciones o imputaciones no bien formuladas.
Según el Índice Global de Impunidad, esta se presenta en niveles elevados en más del 60 % de los departamentos colombianos y solo en el 9 % se encuentra en un nivel bajo.
