Por: Jorge Lesmes M. Editor Revista Alternativa

En el primer mes de gobierno del presidente Gustavo Petro uno de los problemas más delicados y que se ha convertido en una bomba de tiempo social ha sido la ocupación de tierras en diferentes regiones del país.

Alternativa: hay invasiones de tierra en Antioquia, Cauca, Huila, Cesar, Risaralda, Atlántico. ¿Qué está pasando? 

José Félix Lafaurie: pues muy sencillo. Aquí todo lo que han sido las dinámicas identitarias, han ido mucho más allá de lo que el país puede tolerar. A mí no me pueden contar que hay una deuda histórica de hace 500 años. Y que en consecuencia estos indígenas, especialmente el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), tienen derecho a las tierras ancestrales. Eso es un cuento que nos inventamos, que incorporamos en la Constitución unos elementos que le permiten a ellos ir mucho más allá de lo que le permiten a cualquier otro ciudadano. Y creo que estamos enredados. No se puede reclamar una tierra que tiene una larguísima tradición de propiedad privada por parte de colombianos. Aquí tenemos derechos todos.

“¿Qué se encuentra en el norte del Cauca? Entre 30 a 35 mil hectáreas de coca. Y ahí está el CRIC, ahí están los indígenas”

¿Usted cree que detrás de estas invasiones de tierras en diferentes regiones del país también hay grupos al margen de la ley, organizaciones del narcotráfico?

No tengo duda. Como los hay también con la dinámica que tomó el CRIC. Hay que recordar que esas comunidades indígenas terminaron siendo oprimidas por el narcotráfico. Porque hay una mezcla muy curiosa de grupos armados ilegales, a los que el país ha venido dándoles una personería jurídica, como son las Farc y el Eln y narcotraficantes puros y duros. ¿Qué se encuentra en el norte del Cauca? Entre 30 a 35 mil hectáreas de coca. Y ahí está el CRIC, ahí están los indígenas. Entonces existe una amalgama compleja que uno no es capaz de hacer una disección exacta para determinar en dónde hay reclamos del pueblo indígena y dónde se mezcla el narcotráfico.

“Al gobierno le ha tocado salir a decir así no, aquí vamos a entregar tierras, pero esto no es invadiendo. El gobierno tiene que ser mucho más radical para que ese mensaje llegue nítido”

¿Ese mismo fenómeno de grupos ilegales y de narcotráfico se ve en otras regiones del país donde han habido invasiones de tierra?

Las invasiones de algunas regiones de la costa Caribe, un poco en Cesar o Magdalena, están motivados por grupos armados que ejercen control territorial. Identifican ciertos actores de la región con los que hacen un negocio criminal. Consiste en pagar una plata y van y reclutan a lugareños y en especial venezolanos no identificados para que invadan los terrenos y les pagan entre 60 y 70 mil pesos al día. Y se aprovechan de lo que ha dicho el presidente electo sobre la reforma rural integral. En consecuencia, esos grupos creen que pueden hacer justicia social por su propia cuenta. Por eso al gobierno le ha tocado salir a decir así no, aquí vamos a entregar tierras, pero esto no es invadiendo. Y creo que el gobierno tiene que ser mucho más radical para que ese mensaje llegue nítido.

El gobierno ha dicho que los invasores de tierras tienen 48 horas para desalojar. ¿Usted cree que deberían ser más contundentes las acciones del gobierno?

En su momento lo que dijo el gobierno fue en cumplimiento de lo que establece el Código de Convivencia Ciudadana. Las 48 horas es para que la fuerza pública prevenga o desaloje a unos invasores antes de constituir unos hechos que claramente están tipificados en el código penal.

¿Eso significa que debe actuar de inmediato la Fiscalía?

Por supuesto. A partir de las 48 horas, el afectado tiene que presentar una querella y a partir de ahí la fuerza pública tendrá que ir a desalojar y a judicializar a quienes se han tomado las tierras. Porque no es un delito el que cometen. Son cinco delitos claramente tipificados. A mí me parece que aquí el fiscal general tiene que salir al corte y mandar unos mensajes explícitos a los coordinadores de Fiscalía territorial porque frente a las denuncias que se han venido presentando por parte de los ganaderos, van a obligar a que la Fiscalía actué. Por eso le hemos dicho a los ganaderos tomen fotos, tomen videos, identifiquen especialmente a quienes están coordinando las invasiones. Porque ellos hacen parte de la instrumentación que hacen los grupos armados en los territorios.

Muchas de esas invasiones ya han pasado las 48 horas. ¿Usted ha visto si la Policía, el Ejército y la Fiscalía han actuado?

De la Policía sí. Del Ejército también. Ellos han intentado, de alguna manera, hacer su mejor trabajo. Claro que seis policías para 100 o 150 de estos personajes pagados por terceros, es insuficiente. Entonces, terminamos llegando al tema del Esmad, porque luego el dueño del predio tendrá que llegar con ellos para desalojarlos. Entonces, viene el tema de la confrontación que no le gusta a la izquierda. Y dicen que con Esmad no.

“Si hay 150 invasores en un terreno y ven del otro lado 50 o 100 ganaderos, ellos empiezan a entender que así no. Que la sociedad se está poniendo de pie”

Con respecto a las caravanas o patrullajes que han realizado los ganaderos en las últimas semanas, se ha dicho que es revivir el fenómeno del paramilitarismo. ¿Puede ocurrir esa situación?

Son brigadas solidarias. Es un mensaje claro. Las instrucciones que hemos dado desde Fedegán para las brigadas solidarias son para acompañar al afectado. Incluso para acompañar a las autoridades a que cumplan su papel. Si hay 150 invasores en un terreno y ven del otro lado 50 o 100 ganaderos, ellos empiezan a entender que así no. Que la sociedad se está poniendo de pie. El caso de Curumaní fue ejemplar. Lo de Plato, Magdalena, que ha sido criticado por algunos sectores de la izquierda, impidió las invasiones que se iban hacer. Aquí no estamos frente a unas monjitas de la caridad. Estamos frente a unos criminales que pretenden generar una situación de zozobra en el campo. Gobierno y ganaderos tenemos que ponernos de acuerdo para que esos señores, que son tipos que están actuando criminalmente dejen de hacerlo.

¿Cómo hacer para que esas brigadas de solidaridad no se relacionen de nuevo con el fenómeno paramilitar?

No tiene por qué hacerse. Van a la luz del día. Van incluso, acompañados de la fuerza pública, que además tiene la obligación legal de verificar si van o no armados. El que vaya armado y no tenga permiso de porte de armas, tienen que detenerlo. Entonces por qué tenemos que hacer ruido por esto. Pero nada decimos cuando unos desadaptados se toman el CAI de Bogotá y asesinan policías, y convierten a la ciudad en un escenario de guerra. Cuando los ganaderos vamos a respaldar a otro ganadero, de manera solidaria, es para mandar un mensaje de que no estamos solos.

El gremio de los azucareros ha señalado que las invasiones de tierras han generado pérdidas cercanas a las 60 mil toneladas de azúcar. ¿Cómo se ha afectado el sector ganadero?

Consolidarlo todavía no es fácil. Los invasores terminan trayendo ganado ajeno y el ganado del dueño terminan llevándolo a otras fincas y pagando pastos. Eso genera un costo terrible. Pero más que el costo, es un daño a la propiedad. Igual pasa con el sector palmicultor. Llegan a robarse el corozo que es la pepa que se procesa. Mi pregunta es ¿esto qué es? Conmino al Fiscal General de la Nación que le ponga atención al tema.

¿Usted lo que dice claramente es que en este tema de invasión de tierras, la Fiscalía debe actuar con mano más firme?

Sí, y de qué manera. Porque son cinco los delitos que están tipificados en el código penal. Y no he visto que la Fiscalía haya dado unos mensajes claros en este tema. Y hace falta un pronunciamiento a fondo del señor fiscal.

“No he visto que la Fiscalía haya dado unos mensajes claros en este tema. Y hace falta un pronunciamiento a fondo del señor fiscal”

¿Ha habido más invasión de tierra en este mes largo del gobierno Petro o ha sido un tema sistemático que se ha dado en el tiempo? 

No, este mes ha sido desbordado. Por eso el gobierno reaccionó positivamente, con un comunicado del presidente de la República y con la rueda de prensa de los ministros. Estamos pendientes de ir a Plato, Magdalena, con el ministro de defensa y el presidente del Congreso para hacer una gran concentración con los ganaderos.

El gobernador de Magdalena ha dicho públicamente que en su departamento no han habido invasiones. ¿Eso es verdad? 

Miente el gobernador. Han habido invasiones en varios municipios.

¿Usted considera que se requiere una reforma agraria para buscar una equidad de acceso a la tierra? 

Creo que el problema en Colombia no es de latifundios. Es un problema de minifundios. Mire estas cifras, verificadas por el Dane: ganaderos de más de mil cabezas: 1.952. Ganaderos que tienen en promedio 21 animales: 557.273. ¿Qué son 21 animales? No alcanzan a costar en el mercado 40 millones de pesos. A eso súmele que no hay vías, acceso a educación y salud. El problema de Fedegán no son los grandes, son los pequeños. El gobierno quiere avanzar en una mayor redistribución de la tierra, para eso el gobierno tiene que hacer una cosa diferente a lo que se ha hecho hasta la fecha. Debe generar bienes públicos. ¿Pero dónde está la plata del Ministerio de Agricultura? Se la roban. Lo que se necesita es una reconvención productiva del campo.

“El gobierno quiere avanzar en una mayor redistribución de la tierra, para eso tiene que hacer una cosa diferente a lo que se ha hecho hasta la fecha”

¿Cuánta tierra productiva está en manos del narcotráfico? 

Mucha. El negocio del narcotráfico genera gran liquidez y termina comprando tierra. Hace unos días me reuní con el saliente director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y me mostraba los mapas por regiones donde la SAE tiene tierra incautada y me decía: aquí está la historia de la criminalidad de Colombia.

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