Por Catalina Matiz / Periodista

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha estado más activo políticamente que nunca. Desde su renuncia como senador, para enfrentar su proceso ante la Fiscalía General de la Nación, ha dedicado buena parte de su tiempo a temas de primera línea que están hoy en la agenda de su propio partido como en la de los de oposición. Reforma tributaria, reforma laboral, que incluye reducción de la jornada de trabajo; reforma a la justicia, ajustes a la JEP, hacen parte de ese combo de medidas que ha venido impulsando con miras al último año de gobierno del presidente Iván Duque y por su puesto, a la apertura de la carrera hacia un nuevo inquilino en la Casa de Nariño.

Uribe sabe que su caudal político está en la aprobación de proyectos trascendentales para la economía del país, así como la de una justicia más equitativa y ágil en su proceder. El tránsito por el Congreso no será fácil, pero su disciplinada bancada tendrá la misión de lograr que buena parte de estos proyectos lleguen a un final feliz. Uno de esos temas que desvela al expresidente es la Justicia Especial para la Paz, porque considera que requiere de una alta cirugía. 

Alternativa: Expresidente, ¿qué balance le hace usted a los cuatro años que se cumplen del proceso de paz?

Álvaro Uribe Vélez: Proceso de paz no ha habido, eso fue un proceso de impunidad absoluta, analizándolo en sus diferentes componentes: Colombia 2012, inicia el gobierno de Juan Manuel Santos donde se había logrado el récord más bajo de cultivo de coca (42.000 hectáreas), pero se anunció que se aceptaron las condiciones de las FARC para el proceso, que el narcotráfico es delito político, que no habría cárcel para el narcotráfico, que no habría extradición, que se suspendería la fumigación y además que la erradicación sería manual y voluntaria. Esto llevó al país a tener más de 200.000 hectáreas de coca y dejar enormes dificultades que ahora el presidente Iván Duque ha tenido que sortear para poder avanzar más rápidamente en la erradicación de los cultivos ilícitos.

La impunidad absoluta de este proceso es “partera” de nuevas violencias. Haciendo un paralelo; en el gobierno que yo lideré se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros, esto sin reformar la Constitución, mientras que el gobierno Santos dice haber desmovilizado 11.000 guerrilleros, pero ya hay 4.000 en armas y otro problema delicado es que el ELN en el 2010 estaba bastante reducido y hoy es un movimiento terrorista muy grande, al igual que las bandas criminales. Ahora hay una violencia muy arraigada ya que el llamado proceso de paz, fue impune y facilitó el narcotráfico, acabando con la Política de Seguridad Democrática que apenas se está intentado reconstruir y reorientar haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno Duque.

El expresidente Santos ha señalado que estos cuatro años del proceso de paz han servido para salvar miles de vidas y las principales regiones que estuvieron en conflicto viven un nuevo amanecer. ¿Usted lo ve así o la violencia, la extorsión y el crecimiento de la disidencia de las FARC, ha ido en aumento? La verdad es que a mi no me gusta discutir con mentirosos, no es sino preguntarle a los caucanos cómo están viviendo o a los campesinos que habitan en el norte de Antioquia, en el Catatumbo o en Tumaco. Muchos campesinos ya fueron engañados y mi lucha es porque ojalá no los sigan engañando.

¿Cuáles son las cinco razones fundamentales por las que se debe derogar la Justicia Especial para la Paz? La JEP es un tribunal ilegítimo que irrespetó el plebiscito. Adicionalmente es un tribunal impuesto por el terrorismo, razón por la cual no tiene sentido que tengan autoridad para juzgar a los militares. La JEP genera un gasto inmenso para el país, pues costará el año entrante 330.000 millones de pesos con alrededor de 1.000 personas en nómina y con una vocación de permanecer 20 años. 


¿Usted cree que el camino para derogar la JEP es vía referendo, teniendo en cuenta que en su primer gobierno, cuando gozaba de altos índices de popularidad, el referendo que presentó tan solo logró la aprobación de una sola propuesta de las 16 que llevaba? Yo creo que pensar en derogar la JEP es una hipótesis poco probable, aunque a mí me gustaría. Sin embargo, debemos buscar el más alto nivel de consenso y para derogar aún no tenemos esta posibilidad. Yo creo que reformarla es hoy el camino más probable. Sí considero que se debe reformar vía referendo ya que Santos incumplió su promesa de no llevar a la Constitución su acuerdo con las FARC. Lo llevó de manera ilegítima ya que perdieron el plebiscito y a la fecha no ha habido mayoría en el Congreso para reformar la JEP.

Nosotros hoy pedimos dos reformas: la primera, es que los militares no sean juzgados por la JEP sino por una entidad independiente ya que las Fuerzas Armadas de Colombia han respetado la democracia y quienes han violado la ley han sido severamente castigados y nosotros decimos, “no es justo que las Fuerzas armadas sean juzgadas por un tribunal terrorista como lo es las FARC”. Y lo segundo es que saquemos del Congreso a los responsables de delitos atroces como por ejemplo los que incurrieron en la violación de niños.

Usted renunció al Senado de la República, pero no se ha ido de la política. ¿Qué tareas lo esperan en el 2021? Primero que todo me dio mucha tristeza renunciar al Senado porque yo he tratado de ser cumplido y de trabajar por el país. He seguido trabajando y le dejé al partido una serie de proyectos andando; por ejemplo, preparé un proyecto que reforme el contrato de aprendizaje ya que el país tiene hoy un desempleo por encima del 15 %. La propuesta es que un colombiano sin empleo, menor de 30 años pueda ser contratado como aprendiz en cualquier organización. Por otra parte, estamos trabajando en una reforma tributaria moderada que incentive el ahorro. El ingreso solidario es otro de los proyectos que están andando donde se busca que el país frene el crecimiento de la pobreza y por último, los tres proyectos fundamentales de ley: reducción de la jornada de trabajo, sin disminuir el ingreso de los trabajadores lo cual mejorará la calidad de vida de los colombianos. El proyecto de reforma del contrato de aprendizaje que hablé anteriormente, el proyecto de construir equidad sin afectar la empresa privada que se enfoca en brindarle un bono social a los colombianos que nazcan en un hogar vulnerable, para que cuando este joven haya terminado sus estudios y tenga un proyecto productivo pueda utilizarlo.

Ahora hay una violencia muy arraigada ya que el llamado proceso de paz, fue impune y facilitó el narcotráfico, acabando con la Política de Seguridad Democrática.