Por: Jorge Cárdenas

Psicólogo miembro del semillero de investigación Correlatos Neuropsicológicos y Socioculturales del Suicidio / Universidad Politécnico Grancolombiano.

En Colombia la salud mental ha sufrido unas carencias importantes, por no hablar de un abandono total por parte del Estado desde siempre. Y la pandemia puso esto en evidencia, basta con revisar las cifras. Según el último informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, en el 2021 se registraron 2.595 casos de suicidio, la tasa de suicidio aumentó en un 17% en comparación con el 2020. Para el año 2021, según un reporte de la Organización Mundial de la Salud, se registraron más de 700.000 suicidios alrededor del mundo. “Cada 40 segundos alguien se suicida”, señaló el director general de la OMS.

Una pandemia nos golpea de forma súbita e inesperada, sin darnos tiempo para prepararnos, afectándonos en diferentes niveles. A parte de los trastornos de ansiedad, temor y obsesión que nos deja, el COVID-19 abrió de par en par la puerta de la crisis económica y social que empeoró todo aun más. No podemos hablar de salud mental como un tema aislado de la política y la economía. Por el contrario, la inequidad social es, por ejemplo, uno de los grandes orígenes de trastornos mentales, pues se sabe muy bien que la exclusión aumenta los niveles de vulnerabilidad en las personas.

La pandemia profundizó los problemas de salud mental en la población, el aumento de las conductas agresivas, antisociales, y el consumo de sustancias psicoactivas, son un ejemplo de los rezagos que nos quedan como sociedad. Por ello, es que urge la implementación de una política pública de salud, en donde se incluyan iniciativas preventivas, intervenciones oportunas, y se garantice el acceso a toda la población. Sin embargo, para que esto suceda, primero debe existir el compromiso político y la voluntad por parte del Estado, para garantizar así, una economía política de la salud.

A pesar de que los problemas de salud mental han existido siempre, solo hasta hace poco se habla abiertamente sobre ellos, y es un paso importante, indica que poco a poco el prejuicio y el estigma empiezan a perder importancia frente a la realidad. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer, hablar de salud mental es una tarea de todos y todas, no le podemos dejar la responsabilidad solamente a los profesionales en el tema, desde el quehacer diario, escuchando o dialogando con responsabilidad, podemos aportar. Alguien dijo que hablar es bueno para el cuerpo y el alma, y quizás, tiene razón.

A medida que vamos conociendo más acerca de la salud mental, es mayor la evidencia de que no existen fórmulas matemáticas que la expliquen, pero queda claro que realizar un seguimiento a factores de riesgo puede permitir anticiparse y tomar medidas preventivas frente a los cambios psicológicos y emocionales.

La actual política nacional de salud mental trazó unas metas dentro del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, basadas en la promoción de la salud mental y la convivencia, algunas de ellas son: disminuir la tasa de mortalidad por suicidio y lesiones autoinfligidas, aumentar la frecuencia de uso de servicios en salud mental, aumentar en un 30% el nivel de percepción de seguridad de la población general. Habría que revisar y comparar con detalle las cifras actuales para saber si se cumplieron las metas propuestas.

Al gobierno entrante le quedan varios retos, uno de ellos, es la implementación de una política pública de salud mental, partiendo de que primero, se deben garantizar unas necesidades básicas satisfechas, sin esto, hablar de salud mental no tiene sentido. Hacerle psicoterapia a una persona con hambre o hablarle de higiene del sueño a alguien que no tiene techo, simplemente sería un desatino más.

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