La vacunación y el proyecto de inversión social surgen como los dos elementos clave del último tramo del Gobierno y, de paso, también de la carrera electoral de 2022.
Foto: David Romo-Presidencia.
“Colombia no se detiene” fue el título que el presidente Iván Duque le puso a su discurso ante el Congreso el pasado 20 de julio. En sus líneas, el primer mandatario no solo hizo un análisis de lo ocurrido hasta ahora en el país bajo su mando, sino que dibujó claramente las prioridades que tendrá en el año que resta.
“La pandemia puso a nuestro Gobierno el gran reto de proteger las vidas de millones de personas, y proteger la capacidad del país para emerger de sus severas consecuencias económicas”.
Esa frase, válida desde el año pasado, seguirá vigente este y el próximo. No habrá tarea más urgente ni más importante que esa, porque de ella depende no solo la salud y la supervivencia de muchos colombianos, sino la estabilidad social y, quizás, la estabilidad democrática.
Para lo primero, lo de proteger la salud, el Gobierno está firme en la tarea de lograr que cada día más colombianos reciban la vacuna. La meta es llegar a fin de año con 35 millones de vacunados. Duque dijo que estaba “garantizada”. Si no se relaja el comportamiento de la población y si no se desbordan los casos de contagio con las distintas variantes del virus, ese logro reducirá significativamente la presión sobre el sistema de salud.
Cumplir la segunda tarea, hacer que el país pueda emerger de las graves consecuencias económicas de la pandemia, demanda primero que haya un regreso casi pleno a la normalidad, lo cual está conectado con la vacunación, y segundo, garantizar la estabilidad fiscal del país, lo cual empieza por cuadrar la cuentas fiscales con el proyecto de Inversión Social.
En este aspecto, las cosas parecen menos fáciles, pese al gran consenso que ha venido tejiendo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en torno a una iniciativa que combina pedirles más contribución a las empresas, apretar las clavijas para reducir la evasión y mostrar que el Gobierno central puede funcionar igual sin gastar tanto. El dulce está en la extensión de los programas de subsidio que el Gobierno sacó de la manga para paliar la crisis social.
Las primeras reacciones frente a la propuesta vaticinan que el proyecto saldrá aprobado del Congreso, pero la discusión real no se ha producido y siempre hay la posibilidad de que termine desfigurándolo con añadidos y micos que pueden hacer inalcanzables los propósitos de la reforma.
Hoy, el Gobierno tiene, aparentemente, asegurados los votos para sacar el proyecto adelante. Si es así, será una señal política importante porque se entenderá que hay disposición en las fuerzas partidistas de derecha y centro a hacer pactos que no solo le den estabilidad al país hasta el 2022, sino en el próximo cuatrienio. Si aparecen políticos de ese espectro con ganas de conseguir ventajas atravesándose en el camino, será mal presagio.
Sin la reforma, Duque tendría dificultades para dejar la casa en orden y cumplir con sus promesas sociales. Del proyecto depende, en gran parte, que se puedan crear nuevos empleos para los jóvenes, con el subsidio del 25 % de un salario mínimo, y hacer del programa Matrícula Cero una política de Estado.
La no aprobación, o su aprobación recortada, posiblemente favorecería a esas fuerzas políticas que están dispuestas a aprovecharse del clima de inestabilidad social para vender fórmulas populistas.
El país parece en camino de lograr una buena recuperación este año. El Gobierno ve el crecimiento arriba del 6 % y hay pronósticos como el de BBVA Research, Bancolombia y Fedesarrollo, que están por encima del 7,2 %.
Si se mantiene ese ritmo, el final del gobierno de Duque podría ser más feliz y quizás se crearía un clima de confianza para que las fuerzas políticas que están de su lado y otras afines puedan aspirar con más argumentos a poner a su sucesor.
Pero sería indispensable tener instrumentos como el proyecto de Inversión Social para asegurar que la recuperación de hoy mantenga su ritmo en 2022 y quitarles argumentos a los “promotores del odio” que quieren con ello ganar votos en las próximas elecciones y, de paso, hacer lucir como rechazable un gobierno que tiene logros como la expansión exprés de la capacidad hospitalaria por la emergencia de la pandemia, el haber convertido a la educación en el sector con el mayor presupuesto y el programa de subsidios que ha puesto récords en la adquisición de viviendas, por mencionar solo tres de gran calado social.
