No han sido fáciles los días para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Sobre sus hombros está la suerte del proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible con el que el Gobierno pretende recaudar, por impuestos, 23,4 billones de pesos para tapar el hueco fiscal generado por el alto gasto para enfrentar la pandemia.
La propuesta entregada al Congreso causó rechazo social, por el impacto que tendrá, en especial, en el bolsillo de la clase media, golpeada económicamente por los confinamientos obligatorios y las largas cuarentenas; es un pulso político, con la decisión de los partidos Liberal y Cambio Radical de cerrar filas con un no rotundo a la reforma tributaria, así como un fuerte llamado de atención de Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, quien señaló que este proyecto, como se presentó, afectaría al Gobierno y a su partido. Es un problema político que pone en grave riesgo al Ejecutivo, a la democracia y al partido. Y, para rematar, la convocatoria a un paro nacional con miles de manifestantes que salieron a las calles, en medio del tercer pico de la pandemia, con cifras récords de muertes, que pasa los quinientos fallecimientos diarios. Ahora, el Gobierno anunció que está dispuesto a “sustituir lo que se requiera en la reforma tributaria para sacarla adelante”.
Alternativa: esta protesta social que tomó las calles en pleno tercer pico de la pandemia busca presionar al Gobierno para que retire la reforma tributaria del Congreso. ¿Es posible que ustedes tomen ese camino?
Alberto Carrasquilla: vamos a empezar la discusión con el Congreso, que es el escenario natural. Ya enviamos una solicitud a los presidentes de las comisiones para iniciar lo más temprano esas discusiones y mirar todas las opciones.
Ministro, ¿usted cree que la clase media tiene con qué pagar esta reforma?
Desde luego que la coyuntura es extremadamente difícil para muchísimas personas, no solo de clase media, sino a lo largo de toda la distribución del ingreso, en especial, entre las familias menos favorecidas del país. Entonces, creo que es indispensable no dejar que expiren los programas de ayuda social. De hecho, el apoyo al empleo formal ya se venció en el pasado mes de marzo. Ahora en junio se nos acaba la política de Ingreso Solidario; no tenemos cómo hacer nada y, por eso, debemos dar esta discusión y pensar más en la población vulnerable. Estamos en medio de una de las oleadas más violentas de la pandemia, con unos números muy negativos, y lo que buscamos es que la gente que va a comenzar a pagar los tributos lo haga mucho más adelante. Es una reforma concebida para un momento muy difícil, pero también para mandar un mensaje de estabilidad macroeconómica necesaria para poder seguir financiando al país.
Si usted logra consenso en el Congreso para estudiar la reforma con los ajustes que se lleven a cabo, ¿cuánto es lo mínimo que se requiere en los recaudos?
Tenemos estimado que unos 15 billones de pesos, para estabilizar nuestra dinámica de deuda externa y mandar ese mensaje de solidez macroeconómica que requerimos para terminar de financiar el presupuesto de este año y el del año entrante. Los programas sociales, según el tamaño que tengan, nos implican, por lo menos otros 5 billones y hay otros escenarios de 8 billones de pesos.
Ministro, para evitar el pulso político tan fuerte que hay en el Congreso, ¿se ha pensado en retirar la actual propuesta de reforma tributaria y elaborar una contrapropuesta?
Vamos a ir al Congreso con la propuesta que ya radicamos. Están nombrados unos ponentes para discutir lo que presentamos y ellos tienen la palabra. Estamos a disposición de ellos para ayudar en todo lo que sea necesario. Esa decisión vendrá en el contexto de esas discusiones.
El expresidente Uribe ha instado al Gobierno, sobre todo a usted, para que por favor no insistan en 170 artículos, que sea una propuesta más pequeña, más directa, que no toque la sensibilidad de la clase media. A esta solicitud, ¿se le ha buscado una salida con su equipo económico?
En esta propuesta, no solo incluimos la parte de ingresos, sino también un capítulo con bastantes artículos sobre la política social y la regla fiscal; lo vemos como un todo integrado. Esto no fue de un día para otro; llevamos varios meses trabajando y en la exposición de motivos se explica el contenido de cada capítulo en detalle; es prácticamente un libro elaborado con mucho cuidado. Se consultaron muchísimas opiniones y vemos con satisfacción que hay bastantes coincidencias. Desde luego, el tema político es complicado; es necesario atenderlo y lo haremos con los ponentes en los próximos días. Es cierto que la propuesta tiene muchos artículos, pero es que aborda temas estructurales del país.
Hay una sensación de sorpresa entre quienes conocieron la propuesta de reforma antes de que llegara al Congreso, porque se encontraron con gravámenes que no conocían, como el IVA a los servicios funerarios y a los servicios públicos, así como el recorte a la cultura, por mencionar algunos. ¿Por qué razón fueron incluidos al final en el articulado que se presentó en el Congreso?
Nosotros no fuimos ítem por ítem, solo quisimos hacer una expansión de nuestra base del IVA. Comparado con los países que tienen el impuesto del IVA, el porcentaje del gasto total de nuestra economía es del 39%. Esa es la base del IVA. Y en los países de América Latina, el promedio aumenta al 58%. En los países avanzados es del orden del 56%; lo que buscamos en el agregado es dar un pequeño salto. Nuestra propuesta lleva del 39 al 43%, muy lejos de los patrones internacionales. Los bienes donde se amplía la base, como los que usted menciona, tendrían el mismo tratamiento que tienen en el resto del mundo, pero por supuesto, es parte de la discusión si se sacan.
¿Y usted está a favor de sacar el IVA para los servicios públicos y funerarios, y de no recortar los ingresos para la cultura? ¿Todos esos temas son negociables para el Gobierno?
Totalmente. Nosotros no llegamos a la discusión con líneas rojas ni a imponer nuestro criterio al Congreso de la República; no solo sería muy torpe políticamente, sino hasta irrespetuoso.
El expresidente Uribe ha dicho que esta reforma afecta al Gobierno y a su partido, que se vuelve un problema político y que pone en grave riesgo al Ejecutivo y a la democracia. ¿Usted comparte este pensamiento?
Lo entiendo; entiendo las razones por las cuales lo dice. Nosotros pensamos en la importancia que tiene esta reforma: en primer lugar, mantener los programas sociales que empezaron con la pandemia y no tenemos cómo hacerlo sin esta propuesta. Y, en segundo término, dar un pequeño paso, gradual, en lo que debe ser internacionalmente la estructura tributaria de un país de ingresos medios como somos nosotros.
Ministro, como para lograr aprobar leyes en el Congreso se debe sumar y restar, ¿le preocupa que tanto Cambio Radical como el Partido Liberal le hayan dado un no rotundo a esta propuesta y que lo único que acepten sea hundir la reforma?
Por supuesto que nos preocupa. Sería muy bueno tener la discusión con todas las bancadas. Me parece que es un poco prematuro tomar esas decisiones, pero cada quien es dueño de sus decisiones. Me hubiera entusiasmado mucho hablar con ellos; tengo excelentes relaciones con los miembros de estos partidos en las comisiones económicas.
¿Ha podido hablar directamente con Germán Vargas?
Hablé con él antes de que tomara esta decisión. Él tenía unas observaciones, algunas de las cuales eran difíciles de aceptar, por la oposición de las otras bancadas, y otras sobre aspectos que consideramos que era importante mantener. Tuvimos esa discusión y no tuvo buen fin, por decirlo de alguna manera.
Y antes de estas críticas tan fuertes del expresidente Gaviria, ¿también habló con él?
No tuve diálogo previo con él. Hablé con otras personas del Partido Liberal; incluso con Simón Gaviria tuve una discusión amable, larga y cordial que me gustó muchísimo.
Hay varias propuestas para buscar los recursos que se necesitan en otras fuentes. Por ejemplo, el expresidente Samper ha dicho que al Gobierno no le debería dar miedo emitir dinero por medio del banco central, sin importar que aumente el déficit, ya que eso lo están haciendo países como Alemania y España. ¿Usted lo ve viable?
La base monetaria ha estado creciendo bastante. La reserva bancaria, para poner un ejemplo, ha caído en virtud de que se liberaron unos encajes de hace un año, pero el efectivo está creciendo en orden del 30%. Desde que empezó la pandemia, el Banco de la República ha abierto muchas ventanillas para financiar la actividad del día a día del sistema financiero y eso ha hecho que la expansión monetaria haya sido la adecuada. Las tasas de interés, de hecho, están muy bajas; las condiciones monetarias del país son amplias. Al comprar títulos de deuda del Gobierno nacional, el Banco de la República ya tiene en su activo una obligación del Gobierno, es decir, ya está prestándole dinero al Gobierno, pero la decisión de darle un crédito al Gobierno es de la Junta del Banco, aunque el señor gerente, en una intervención que hizo en el Congreso, dijo que en las condiciones actuales sería difícil lograr esa unanimidad en la junta que se requiere por mandato legal.
Dilian Francisca Toro, jefa natural del Partido de la U, también hizo una propuesta: que las ganancias del Banco de la República —7 billones de pesos en 2020— se destinaran a las necesidades del Gobierno. ¿Ese dinero ya se está utilizando o se ha pensado en usarlo?
Las ganancias del Banco de la República han sido grandes en los últimos dos años como consecuencia de la reducción que han tenido las tasas de interés. Esas utilidades, que fueron del orden de los 7 billones de pesos al cierre de 2020, son un ingreso corriente del Gobierno nacional. Entonces, ya forman parte del financiamiento del presupuesto nacional. Calcular que en el año 2021 van a haber unas utilidades similares es muy difícil.
La evasión y el contrabando suman 40 billones y los expertos tributaristas recomiendan que esos debieran ser los ejes principales para que el Gobierno obtenga recursos. En esta reforma, ¿esos dos temas se tienen claros?
El país ya ha hecho enormes avances en materia de la lucha contra la evasión y el contrabando. La DIAN está siendo sujeta a una reforma muy profunda desde hace dos años. Eso ha permitido que los cálculos de evasión estén disminuyendo tanto en el caso del IVA como del impuesto de renta. Con mecanismos como la facturación electrónica, el régimen simple y el cruce de datos con otros países tenemos mucha más información para controlar la evasión. Segundo, tenemos más capacidad de conocer a fondo esa información, de manejarla y estudiarla con herramientas tecnológicamente más poderosas. Y, tercero, un equipo de fiscalización cada vez más profesional y conocedor de los sistemas de pago de nuestro país. Hemos hecho enormes avances y nuestra meta es llegar a que la lucha contra la evasión represente, de manera permanente, el 1,1% del PIB, o sea, unos 11 o 12 billones de pesos permanentes de ganancias, en términos del recaudo. Vamos como a mitad de camino.
La otra salida que se ha planteado para buscar recursos es privatizar el 10% de Ecopetrol; de ahí saldrían 15 billones de pesos. ¿Es posible?
A los precios de hoy, más o menos esa es la cuenta. Tocaría mirar bien cómo están los precios de las acciones, cómo sería el tema de la venta. Eso siempre ha sido polémico. Ecopetrol, en este momento, hizo una oferta para comprar unos activos que están en el balance del Gobierno y se está estudiando esa alternativa. Entonces, hay que perfeccionar esa eventual compra de activos que tiene el Gobierno por parte de Ecopetrol y, en segundo lugar, eso sería efecto de una sola vez. Es decir, esa venta tendría uno que analizarla para ver su efecto permanente. Esos 15 billones no son por año, sino, por decir algo, 1,5 billones por diez años y eso representa una parte muy pequeña de las necesidades.
También se ha hablado de que entre la venta de ISA y los bienes de la mafia se pueden recaudar unos 40 billones de pesos. Lo de ISA va adelantado, pero con los bienes de la mafia siempre hay un enredo para poder venderlos y que no caigan en manos de los mismos mafiosos, ¿o no?
Tenemos muchos avances en ese frente. No puedo contar los detalles, pero hemos estado hablando con el señor alcalde de Cali, por ejemplo, sobre unos temas específicos y esperamos darle muy buenas noticias al país muy pronto.
Santiago Pardo, que es un gurú de los tributaristas, ha dicho que el Gobierno nunca había conformado una comisión de expertos tan buena como la que ustedes lograron. No obstante, buena parte de las recomendaciones que hizo la Comisión no fue tenida en cuenta a la hora de armar el proyecto de la reforma tributaria. ¿Eso es así?
Estoy de acuerdo con lo primero: es una comisión de muy alto nivel. El informe que presentó es de un detalle y de un profesionalismo espectaculares. Por supuesto que no metimos en la propuesta todas las recomendaciones; ellos mismos nos dijeron: “Miren, nosotros les damos unas ideas para que tengan un norte”. En el tema del IVA incluimos mucho de lo que sugirieron y eso ha sido muy criticado, como el de los bienes de capital. Hubo otras cosas que no introdujimos en la propuesta, pero hicimos una consulta muy detallada de ese informe y pusimos muchas de esas observaciones.
Si el Congreso hunde la reforma, ¿cuál es el plan B para conseguir el dinero que se necesita?
No, yo esperaría que haya desenlace en el Congreso antes de ponerme a hacer elucubraciones sobre cosas que uno puede pensar de cara a esa alternativa. Prefiero ir al Congreso y que sea allá donde se tomen esas decisiones y luego mirar las alternativas.
O sea, ¿se va a “dar la pela” a fondo para que haya consenso y se apruebe una reforma que permita recoger, al menos, los 15 billones?
Así es. Vamos a ir allá. Creo que los colombianos, como dicen los expertos, nos metemos en problemas de tipo fiscal, pero sabemos salir de ellos, a veces con más aciertos que otras; a veces con desaciertos, pero siempre logramos salir y estoy optimista de que eso va a ser así.
