Por NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA 
Ex-ministro de Estado, Ex-fiscal General de la Nación

La justicia transicional ha dedicado más su tiempo a los falsos positivos y darle elementos a la Corte Penal Internacional que no habrá impunidad frente a estos delitos. Pero la pregunta que se hacen los colombianos es ¿Para cuándo la JEP tendrá los responsables de los genocidios, masacres, reclutamiento de menores y violencia sexual?

Uno de los ejes centrales del Acuerdo de la Habana, construido por los plenipotenciarios del gobierno y los guerrilleros de las FARC, es el desarrollo de una justicia transicional que le asegure a la sociedad y, particularmente a las víctimas del conflicto armado y sus familiares, que Colombia castigará los crímenes de guerra en que incurrieron los agentes de violencia que sometieron a la patria, durante más de cincuenta años, a una de las más graves afectaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que haya sufrido nación alguna en las últimas décadas.

Colombia no podrá cerrar la página de la guerra sin ética y moralmente las víctimas y sus familias no se ven resarcidas en algún grado por las afectaciones de que fueron objeto, a través de sentencias efectivas, y si –de paso– los agresores no les indemnizan materialmente por los perjuicios irrogados. Con el paso del tiempo serán mayores las reclamaciones y las confrontaciones si la justicia transicional no asoma las narices en el posconflicto y se acuerda que las víctimas están a la espera de su acción determinante.

Lo cierto es que vamos para cuatro años y desde que se suscribió el Acuerdo, a finales del 2016, hasta la fecha, las víctimas y sus familias no han visto ni las condenas ni las indemnizaciones de sus victimarios. Siempre habrá disculpas: se dirá que la JEP apenas cumplió dos años de vida, el pasado mes de enero. O, como lo dice la presidenta Linares para asignarle la responsabilidad al Ejecutivo, que la Ley estatutaria de la JEP se tardó cinco meses durante el trámite de las objeciones presidenciales, lo que retrasó las tareas de la jurisdicción a su cargo, omitiendo que el proyecto de ley se aprobó en el Congreso en noviembre de 2017 y se demoró más de un año en poder de la Corte Constitucional, hasta que en diciembre de 2018 se conoció la sentencia correspondiente al trámite de su control previo de constitucionalidad. O los antiguos miembros de las FARC dirán que entregaron “todo” su patrimonio ilícito y que los activos dispuestos para indemnizar a las víctimas, no han llegado a ellas, porque después de su desmovilización se los robaron los paramilitares o se quedaron en manos del ejército, como lo han sostenido públicamente. El país no puede entrar en el juego de dedicarse en temprana hora a asignar responsabilidades frente al hecho cierto de que la “justicia”, como elemento vertebral de la paz, a la fecha no existe. Como tampoco la “verdad” y en alguna medida la “no repetición”.

paz sin justicia no es paz

El desafío de la JEP es mayúsculo. Durante décadas reinó la impunidad frente a las gravísimas afectaciones al DIH y los derechos humanos de los colombianos, la mayor parte de ellos humildes campesinos y gente desposeída. Para facilitar su tarea, durante años cientos de fiscales e investigadores se dedicaron a elaborar informes acerca de los distintos tipos de delitos cometidos durante el conflicto; fueron diecisiete en total. Y en dichos informes surge de bulto que la justicia ordinaria no logró hacer efectiva la sanción penal frente a los crímenes cometidos durante más de cincuenta años. Por ejemplo, frente a los oprobiosos secuestros que vivió el país, solamente se obtuvieron apenas 275 condenas; de la violencia sexual de que fueron víctimas las guerrilleras, únicamente se conocen 2 fallos condenatorios y por el reclutamiento durante la guerra, que agredió los derechos fundamentales de nuestros niños, solamente se lograron 10 sentencias en la justicia ordinaria, para citar algunos ejemplos.

Un verdadero fracaso de nuestra institucionalidad, que permitió que los guerrilleros advirtieran la incapacidad del sistema para imponer la ley y la autoridad, lo que les otorgó una ventaja importante en el curso de la confrontación armada. Cuando la justicia es incapaz de romper el círculo de la impunidad, siempre habrá estímulos para el crimen. En la teoría económica del delito se habla que la impunidad hace más rentable el delito. Y esto fue lo que pasó en Colombia durante los tiempos del conflicto armado; es decir, no bastaba con la confrontación eficaz de la fuerza pública para someter los fusiles de los rebeldes, si a su vez estos no sentían el rigor de la justicia, como en efecto no la sintieron.

Lamentablemente nada nos augura que veremos pronta y cumplida justicia transicional. De hecho, en la reciente visita del nuevo fiscal general a la JEP, su presidenta le solicitó “garantizar la continuidad de los procesos en la justicia ordinaria, hasta que la JEP haya tomado la decisión de aplicar sus competencias”, según se lee en la edición de eltiempo.com del 3 de febrero de 2019 bajo el título “Los puntos en los que trabajarán la JEP y el fiscal Barbosa”. Para un mejor entendimiento de los ciudadanos, lo que la doctora Linares hizo fue pedirle a la fiscalía que continúe con las investigaciones de todos los crímenes de guerra, porque hasta la fecha la JEP está lejos de asumir competencia formal sobre los delitos del conflicto armado. La gente debería saber que la JEP solamente se arrogará el conocimiento de algunos de los más graves crímenes que constituyeron delitos de lesa humanidad, cuando expida sus “resoluciones de conclusiones”, como las denomina la ley, de las que –por ahora– no se ve ninguna en el horizonte.

Es decir, la JEP le pide a la fiscalía seguir hoy en día con esas investigaciones, como ya lo había hecho en un comunicado conjunto del 31 de octubre de 2018, en el que se precisó que mientras la JEP asumía algunos delitos de la guerra, la Fiscalía debería seguir adelante con sus indagaciones, para asegurar que no existiera solución de continuidad en el ejercicio de la jurisdicción sobre los delitos del conflicto armado. Pero lo irónico de esta súplica es que esa misma jurisdicción se opuso a las objeciones, con lo cual quedó vigente la prohibición de que quienes durante la transición debían continuar con las investigaciones “no podrán ordenar la citación a la práctica de diligencias judiciales” (sentencia C-080 de 2018).

Durante el trámite de la Ley estatutaria fue ostensible la aspiración de los antiguos miembros de la guerrilla de que no fueran investigados por la Fiscalía, porque sólo “confían” en la JEP. Con la prohibición de que el ente acusador pueda practicar diligencias, este quedó completamente maniatado, lo que ha despertado las alarmas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el año anterior levantó su voz ante la propia cancillería y la Agencia de Defensa Judicial del Estado al ver que están en el limbo investigaciones tan importantes como las de los falsos positivos.

También las ONGs han expresado su preocupación por esta disrupción de la justicia en Colombia. Human Rights Watch dijo a comienzos del año 2019 que constituía un “gran error” que se “contribuya a frenar los procesos penales (aunque no las investigaciones) en la @FiscaliaCol por casos vinculados al conflicto armado”.

Lo único cierto es que, a la fecha, ni la JEP ni la Fiscalía están investigando los graves crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Los colombianos y las víctimas no deberían llamarse a engaño. Lo que registra la prensa sobre actuaciones de la JEP son meros actos preparatorios de sus competencias. Mucho del teatro griego, pero poco de la justicia romana. Hasta la fecha formalmente nadie ha sido llamado aún a enfrentar su jurisdicción ni por los secuestros, el reclutamiento de menores, los falsos positivos, la violencia basada en género, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y, en general, las graves violaciones al DIH y las masacres.

Por si fuera poco, durante este mes de febrero vino a Colombia una misión de la Corte Penal Internacional (CPI) a evaluar el desempeño de la JEP. Para sus altos dignatarios es claro que si la justicia transicional no despeja, la justicia colombiana pasará de ser un caso de examen preliminar y terminará siendo seleccionada para ser sustituida por la justicia internacional. Seríamos un caso de justicia fallida frente al mundo.

Por un sesgo de la Corte Penal Internacional, los togados globales dejaron saber que por ahora están interesados en el seguimiento de lo que ocurra de aquí a diciembre con los agentes determinadores de los falsos positivos, los crímenes sexuales durante el conflicto y la participación de los terceros, como agentes de guerra. En Colombia se conoce que la JEP avanza en el tema de los falsos positivos, al que le ha puesto toda la gasolina; pero –que se sepa– pocón en relación con el tema de los delitos sexuales y la participación de los terceros, salvo en este último caso con la permisiva conducta de admitir en su seno a gestores de actos de corrupción, decisión muy controvertida que hoy está siendo estudiada, para fortuna de la justicia, por la Corte Constitucional.

Nadie debería olvidar que el período de la fiscal Besouda concluye a finales de este año 2020 y que ella se ha comprometido a dejar cerrado el caso de Colombia, para bien o para mal. Puede que internamente haya una gran laxitud al momento de evaluar la marcha de nuestra justicia transicional, pero otra cosa está ocurriendo frente al ojo avizor de la Corte Penal Internacional, que con seguridad se pronunciará antes de diciembre. Y la JEP lo sabe.

Lo grave de esta situación es que nuestra justicia transicional está trabajando a marchas forzadas para darle una prueba a la CPI de que no habrá impunidad frente a los delitos que ocurrieron durante el conflicto armado y, de seguro, en los próximos meses expida su resolución de conclusiones para el caso de los falsos positivos. De ser así, lo que veremos los colombianos es a una justicia concentrada en los agentes del estado. ¿Y para cuándo la responsabilidad por los homicidios, el genocidio, las masacres, el secuestro, el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y la violencia basada en género?

Las víctimas, a las que se ofreció verdad, justicia, reparación y no repetición, ya muestran su impaciencia. Como sociedad tenemos que asegurar que no les quede, como última instancia, la Corte Celestial.

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