Como consecuencia de un hecho puntual, lamentable, protagonizado por una unidad policial en la capital de la República se ha revivido el debate sobre el estado actual de la Policía Nacional. Las primeras reacciones estuvieron por cuenta de líderes radicales y oportunistas políticos, que no escatimaron esfuerzos para ventilar propuestas absolutistas tendientes a acabar, atacar y menoscabar la Policía legítimamente constituida.
En este contubernio de intereses políticos y peligrosos, incitaron protestas que dejaron graves desmanes y actos de violencia. Pero la mayor preocupación se sustenta en las evidencias que permitieron visibilizar una agenda preconcebida de cara a instaurar el modelo perverso y retrógrado del denominado socialismo del siglo XXI.
Las calles y las redes sociales se convirtieron en prueba de facto donde anarquistas, células urbanas terroristas, ELN y disidencias de las FARC convergieron para azuzar a jóvenes en contra del sistema democrático y sus instituciones.
Actores comunes, actuando en lugares comunes con propósitos e “ideales” comunes, abonando un terreno a partir del detonante policial para deslegitimar la institucionalidad y ahondar sus voces hacia la instauración de una dictadura al mejor estilo del régimen de Nicolás Maduro; sin duda alguna en cumplimiento del libreto de la Internacional Socialista y del Foro de Sao Pablo. Y lo más grave con un ingrediente adicional, la conducción desde Venezuela sobre estos movimientos sociales radicales y células urbanas criminales, en cabeza del ELN y las disidencias de las FARC. Esta es la gran amenaza que se posa sobre la democracia colombiana, la integración de esta agenda a partir de la mentoría activa del régimen bolivariano.
Mientras nuestras fronteras sigan siendo caldo de cultivo del terrorismo, el accionar conjunto de las Fuerzas Bolivarianas Venezolanas, las Bacrim y las organizaciones terroristas, además del abandono estatal colombiano sobre estos territorios; seguiremos con las puertas abiertas para el tránsito de todos los males que alimentan los proyectos pseudo ideológicos de la izquierda radical.
De otro lado, surgen múltiples iniciativas de sectores preocupados, moderados y racionales de la sociedad, interesados en aportar para engrandecer a la Policía Nacional. Han sido interesantes las propuestas formuladas, particularmente aquellas que ostentan por una revisión de aspectos crucialmente críticos que se deberían intervenir oportunamente, distanciados de apasionamientos y oportunismos. En este sentido, es necesario advertir que la Policía Nacional viene construyendo un proceso innovador de transformación, sobre la base de redireccionar su política del servicio de policía, el talento humano y el nivel ejecutivo. Este proyecto traerá sustanciales cambios que se verán reflejados en una mejora significativa del servicio al ciudadano y en la condición del policía.
Nos encontramos también con sorpresas que solo ocurren en nuestro país. Respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia pero no la comparto. En un Estado Social de Derecho coartar la función de policía otorgada por la Constitución Política de 1991, limitando las herramientas jurídicas y materiales que contempla la ley para proteger a los ciudadanos de bien, es realmente irónico. Este mensaje sienta un precedente inquietante que desmoraliza a la Policía, reduce su marco de actuación, la expone a la indefensión y decepciona a la población.
En mi opinión, la decisión de la CSJ alimenta espacios ganados por quienes buscan generar caos, desestabilizar el orden y menoscabar la función y poder de policía. En un país como el nuestro donde aún subsisten serias amenazas a la seguridad del Estado, no se puede retroceder debilitando la capacidad institucional para confrontar actores protagonistas de la violencia. Alegremente los cabecillas del ELN y disidencias de las FARC, así como máximos exponentes del socialismo del siglo XXI, estarán preparando planes para usufructuar con fines partidistas las ventajas que se les han proporcionado a partir de estas decisiones más políticas que ajustadas al derecho constitucional.
Finalmente, considero fundamental activar alertas sobre propuestas que de acuerdo con la experiencia internacional son espejo clave en aras de no repetir fracasos del pasado que afrontan otras policías del mundo. Primero, evitar la departamentalización y municipalización de la Policía. Tenemos ejemplos a la vista en México que lleva años intentando regresar al modelo de Policía Nacional y no ha sido posible. Segundo, no sacar la Policía del Ministerio de Defensa hasta que no se solucione la amenaza del terrorismo. Es necesario conservar la conducción en cabeza del sector seguridad y defensa y fortalecer la operación integrada con FFMM. Tercero, no debe designarse a un civil en la Dirección General de la Policía Nacional. Estamos cuestionando la falta de autonomía actual del director en la conducción operativa de la institución, imagínense lo que sucedería con una cabeza civil.
De otro lado, es urgente un mayor compromiso del Gobierno y del Congreso para reformar el nivel ejecutivo, que se encuentra ad portas de implosionar. El incremento salarial de los policías es asunto pendiente, para reducir la corrupción, mejorar la productividad y elevar estándares del talento humano a incorporar. No habrá modelo efectivo del servicio de policía, sino se cuenta con un talento motivado, orgulloso de su institución y tranquilo en familia. Estos factores le permitirán al uniformado salir cada mañana de su casa con el compromiso de ser garante auténtico de la vida e integridad de los ciudadanos.
